No todo está perdido
No todo está perdido. Hay decisiones que devuelven algo que creíamos extraviado: la posibilidad de volver a creer en las instituciones.
El Consejo de la Magistratura del Chubut resolvió, por unanimidad, enviar a jury al juez Petris y solicitar su suspensión. Una decisión que constituye un gesto institucional de enorme valor. Porque demuestra que todavía hay espacios donde la ley y la ética prevalecen sobre las conveniencias, los miedos y los pactos de silencio.
Se intentó instalar que se trataba de una causa política, que detrás del proceso había maniobras del poder. Sin embargo, un análisis serio del funcionamiento del Consejo y de su composición desmiente esa teoría. El cuerpo está integrado por representantes de sectores muy distintos: magistrados, abogados y ciudadanos con trayectorias diversas, incluso con afinidades políticas opuestas.
Los que conocen los pormenores de la política provincial saben, por ejemplo, que Manuel Burgueño Ibarguren tiene afinidad con el partido libertario, o que Lucía González Almirón proviene de la boleta justicialista que en su momento acompañó a Juan Pablo Luque. Ambos —más allá de sus diferencias ideológicas— son personas reconocidas por su integridad y seriedad, cualidades que en este caso se impusieron por encima de cualquier especulación política.
A su vez, el voto de Jorge Fruchtenich tiene también un valor especial. No solo representa a la zona cordillerana, sino que además es compañero de trabajo del propio Petris. Que se haya jugado como se jugó, priorizando la transparencia institucional por sobre la frecuencia de trato, demuestra la estatura ética de quien entiende que la lealtad más importante es con la Justicia y con la sociedad.
De haber existido una maniobra o una directiva del gobierno como la denunciada por el propio Petris o por otros sectores interesados, la unanimidad jamás habría sido posible. Esa unanimidad, precisamente, es la mejor prueba de que lo que guió la decisión no fue la política, sino la convicción.
Ello, claro está, no implica desconocer la trascendental intervención que tuvo en el tema el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, que ni bien se enteró de la investigación publicada por ChubutOnline ordenó efectuar las denuncias respectivas y reaccionó como nunca lo hizo ningún gobierno anterior. Su decisión de actuar, en lugar de encubrir, fue el punto de partida de un proceso que hoy consolida la idea de que la transparencia también puede ser una política de Estado. Pero de ahí a endilgarle una operación política hay un largo trecho.
Del mismo modo, merece destacarse el rol del propio presidente del Consejo, el doctor Rafael Lucchelli, quien decidió integrar la comisión que acusará al juez ante el Tribunal de Enjuiciamiento. No es un dato menor. Lucchelli es uno de esos magistrados de intachable solidez moral y reconocida trayectoria en nuestra provincia. Que él mismo haya decidido asumir esa responsabilidad da una clara señal de la gravedad institucional del caso y de la voluntad del cuerpo de actuar con total transparencia y sin titubeos.
Durante demasiado tiempo se alimentó el escepticismo ciudadano con frases como “nada cambia” o “se cubren entre ellos”. Pero esta vez no fue así. El Consejo actuó con independencia, sin mirar hacia otro lado, cumpliendo con su deber de control institucional.
Y esa actitud, tan simple y a la vez tan excepcional, marca un antes y un después: porque demuestra que en Chubut todavía hay personas que eligen hacer lo correcto, aunque incomode; que la Justicia puede reaccionar; y que cuando el poder se usa para proteger la ley, y no para torcerla, la democracia respira un poco mejor.-
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