La muerte de Tati Almeida reabre el debate sobre las desapariciones durante el gobierno de Isabel Perón, antes de la dictadura de 1976. Su hijo Alejandro fue secuestrado por la Triple A en 1975.
Tati Almeida y su hijo: la verdad sobre una desaparición en democracia
La reciente muerte de Tati Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, ha despertado nuevas controversias en Argentina. Sin embargo, su partida también invita a revisar con rigurosidad los hechos que marcaron su vida y la lucha que encabezó durante décadas. Es imperioso separar la verdad histórica de los relatos que, por omisión o conveniencia política, han distorsionado lo ocurrido.
Cabe recordar que Juan Domingo Perón odiaba a los comunistas, a los montoneros, y otras agrupaciones terroristas que se identificaban con el peronismo, y hasta los echó de la Plaza de Mayo.
El secuestro de Alejandro Almeida: un hecho del gobierno de Isabel Perón
Alejandro Martín Almeida, hijo de Tati, fue secuestrado el 17 de junio de 1975, cuando tenía 20 años. Cursaba el primer año de Medicina en la Universidad de Buenos Aires y trabajaba en la agencia Télam y en el Instituto Geográfico Militar. Militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el brazo político del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
El hecho ocurrió en pleno gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, quien había asumido la presidencia tras la muerte de Juan Domingo Perón en 1974. La dictadura cívico-militar que usualmente se asocia con las desapariciones forzadas, recién comenzó el 24 de marzo de 1976, nueve meses después del secuestro de Alejandro. La dictadura no tuvo nada que ver con su desaparición.
La Triple A y el terrorismo de izquierda en los años 70
Alejandro Almeida fue víctima de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) o Triple A, una organización parapolicial que operó durante el gobierno peronista de Isabel Perón. Esta agrupación, liderada por José López Rega, ministro de Bienestar Social de Perón e Isabel, eliminaba sistemáticamente a militantes de izquierda y opositores.
Pero no puede entenderse este contexto sin mencionar la ola de violencia que sacudía al país desde principios de los años 70. Organizaciones guerrilleras como Montoneros y el ERP cometieron cientos de atentados terroristas, asesinatos y secuestros, con el objetivo de tomar el poder por la fuerza. Entre 1969 y 1975, 687 miembros de las fuerzas de seguridad fueron asesinados por estas agrupaciones. La sociedad civil también sufrió el accionar de estos grupos que no tenían ningún aval democrático ni representación popular.
La distorsión de los relatos
Uno de los puntos más problemáticos del discurso de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo es la deliberada confusión cronológica que presentan al narrar las desapariciones. Al incluir casos como el de Alejandro Almeida —ocurrido en democracia y bajo un gobierno peronista— dentro del mismo relato que las víctimas de la dictadura de 1976, se construye una narrativa que oculta responsabilidades incómodas.
Tati Almeida, como muchas de sus compañeras, provenía de una familia militar y tenía una formación tradicional. Su transformación en activista fue genuina y dolorosa, pero el relato que ayudó a construir omite sistemáticamente que el gobierno que permitió la existencia de la Triple A era peronista y democrático. No hubo golpe de Estado ni dictadura cuando secuestraron a su hijo.
Corrupción: la causa «Sueños Compartidos»
Más allá del legado de lucha por los derechos humanos, no puede ignorarse, además de la distorsión de la historia, el escándalo de corrupción que salpicó a la organización mucho más tarde, durante el kirchnerismo.
Un ejemplo de ello es la causa «Sueños Compartidos» que investiga el desvío de fondos estatales destinados a la construcción de viviendas sociales durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. El Estado Nacional giró a la Fundación Madres de Plaza de Mayo un total de 748 millones de pesos entre 2008 y 2011. Hebe de Bonafini, presidenta de la organización, fue procesada por fraude al Estado por un desvío de 12,8 millones de dólares.
Tati Almeida, si bien pertenecía a la Línea Fundadora —una vertiente distanciada de Bonafini—, no quedó excenta de críticas por formar parte de una estructura que se benefició económicamente del poder político y que hoy enfrenta serias acusaciones judiciales.
La verdad no debería ocultarse.
La muerte de Tati Almeida es una pérdida para quienes valoran la lucha por la memoria y la justicia. Pero también es una oportunidad para que la sociedad argentina reflexione sobre la verdad completa: su hijo no desapareció durante la dictadura, sino durante un gobierno democrático peronista, a manos de una organización parapolicial creada y tolerada por ese mismo gobierno.
Las Madres de Plaza de Mayo han sido mostradas como defensoras de los derechos humanos, pero también han contribuido a distorsionar la historia al presentar las desapariciones de la década del 70 como un fenómeno exclusivo de la dictadura. La verdad no se construye con omisiones. Honrar a las víctimas exige narrar los hechos con precisión, sin importar qué gobiernos o ideologías resulten interpelados. De los más de 8000 desaparecidos (30.000 para el mito popular), muchos desaparecieron o murieron anteriormente a la dictadura.
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