Una banda delictiva desvió más de $1.500 millones de la Universidad de Buenos Aires mediante empresas fantasmas y transferencias bancarias fraudulentas. Una vez más, la universidad pública muestra cómo fue estafada durante varios años a la vista de los que se jactan de defenderla.
La reciente detención de una mujer conocida como “La China”, señalada como líder de una asociación ilícita que defraudó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) por más de 1.500 millones de pesos, pone nuevamente en evidencia una red de corrupción que excede lo delictivo vinculado a lo institucional. El fraude, ejecutado con empresas fantasmas y correos electrónicos apócrifos, plantea serios interrogantes sobre los controles internos en la administración universitaria y la vulnerabilidad del sistema bancario estatal. Un triste recuerdo de lo engendrado durante el kirchnerismo, que decía defender a la universidad pública, pero realmente estaba defendiendo los negocios espurios organizados.
El mecanismo: una estafa con sello burocrático
La maniobra no fue improvisada. Según la investigación encabezada por la Fiscalía Federal N°8 y la Policía Federal Argentina (PFA), la organización criminal creó sociedades inexistentes con el único fin de emitir órdenes de pago falsas, supuestamente para la compra de materiales académicos. Estas órdenes, validadas con firmas adulteradas y enviadas desde correos falsificados, permitieron extraer enormes sumas desde cuentas oficiales de la UBA en el Banco Nación.
En este esquema, al menos 19 personas participaron facilitando sus cuentas bancarias para el desvío de fondos. Los allanamientos clave ocurrieron en febrero, cuando cinco implicados fueron arrestados. Sin embargo, fue recién la semana pasada cuando se detuvo a la figura central: “La China”, acusada de articular el reparto del dinero y su posterior reingreso al sistema financiero.
Complicidades, negligencias y preguntas que nadie responde
Resulta incomprensible que una estructura tan compleja haya operado durante tanto tiempo sin levantar sospechas internas. ¿Nadie en la administración universitaria notó el faltante de semejante suma? ¿Cómo se aprobaron órdenes de compra con firmas falsas sin que existiera un sistema de validación robusto? ¿Y el Banco Nación, no cuenta con protocolos de verificación para movimientos bancarios tan inusuales?
Estas preguntas no son menores. Si bien las investigaciones judiciales avanzan, lo que queda claro es que hubo un margen de complicidad —activa o pasiva— dentro de las instituciones involucradas. No se trata sólo de un grupo de delincuentes externos, sino de una estructura que se montó aprovechando grietas sistémicas en la administración pública.
Una universidad pública mal herida
Más allá de lo penal, el daño social es incalculable. La UBA, emblema de la educación pública argentina, es financiada por los impuestos de millones de ciudadanos. Cada peso robado no es solo una cifra en una causa judicial: es menos presupuesto para laboratorios, becas, infraestructura y salarios docentes.
El caso debería servir como punto de inflexión. Es urgente revisar los mecanismos de control financiero de las universidades nacionales y del sistema bancario que gestiona sus fondos. Pero también es momento de discutir hasta qué punto la cultura de la impunidad se ha naturalizado en sectores del Estado, donde el delito muchas veces no necesita armas, sino sellos y claves bancarias.
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