La marcha universitaria esconde una extorsión política del kirchnerismo y la izquierda para frenar las auditorías que el gobierno de Javier Milei quiere realizar.
Hoy, las calles de Argentina vuelven a ser escenario de una nueva movilización universitaria. Mientras los organizadores hablan de defender la educación pública, la realidad es muy distinta. Lo que estamos presenciando no es un legítimo reclamo estudiantil, sino una extorsión política orquestada por el kirchnerismo resentido y la izquierda, cuyo verdadero objetivo es desestabilizar al gobierno de Javier Milei. Quienes hoy se manifiestan no quieren defender el derecho a estudiar, sino proteger los privilegios económicos y el uso faccioso que hacen de las universidades públicas desde hace años.
El meollo del conflicto radica en una verdad incómoda que pocos quieren mencionar: las universidades se han convertido en bastiones políticos y cajas de la militancia K. El gobierno de Milei, fiel a su promesa de terminar con los curros de la casta política, insiste en auditar el manejo de los fondos públicos destinados a la educación superior. ¿Qué tienen que temer si todo está en orden? La férrea oposición a las auditorías por parte de rectores alineados y agrupaciones políticas es la prueba más clara de los manejos espurios que intentan ocultar. El despilfarro de recursos para solventar grupos de choque y la contratación de profesores sin experiencia por su militancia kirchnerista son solo la punta del iceberg de un sistema que debe ser saneado.
Por eso, hoy vemos en las calles una mezcla de agrupaciones como el PTS, el MST, La Cámpora, organizaciones sindicales oscuras y la izquierda socialista, que poco tienen que ver con el estudiante que busca cursar sus materias. Se trata de los mismos de siempre, los defensores del atraso, que ahora se escudan en un falso reclamo presupuestario para generar caos e impedir que el gobierno cumpla su mandato de hacer un gasto eficiente e inteligente. La finalidad no es otra que generar una crisis de gobernabilidad que les permita recuperar el poder que perdieron en las urnas.
El argumento de la «defensa de la universidad pública» es la máscara de una operación extorsiva y antidemocrática. Las universidades deben volver a ser centros de excelencia académica, no jaulas políticas de la militancia. Es muy racional y necesaria la decisión del presidente Javier Milei de avanzar con las auditorías. Es hora de que la educación pública deje de ser un botín de la política y se convierta en lo que siempre debió ser: una herramienta de ascenso social basada en el mérito y el conocimiento.
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