El Gobierno argentino denunció vuelos ilegales de una empresa británica entre Malvinas y Punta Arenas y lanzó un ultimátum por el proyecto Sea Lion. La administración de Javier Milei inició procedimientos sancionatorios y advirtió que acudirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar si el Reino Unido no detiene la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
En un comunicado oficial difundido por la Oficina del Presidente, el Poder Ejecutivo ordenó dar inicio de forma urgente a procedimientos sancionatorios y denuncias penales contra la empresa THALES UK LIMITED. La medida responde a la detección de operaciones aéreas en la ruta Islas Malvinas-Punta Arenas realizadas mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido y sin la autorización de las autoridades argentinas.
Según se detalló, se trató de una delegación de empresarios ingleses provenientes del archipiélago que participaron de una ronda de negocios con proveedores chilenos. El objetivo de esas gestiones era avanzar en la creación de una ruta comercial entre las islas y el sur de Chile, una maniobra que el Gobierno argentino considera ilegal y contraria a los derechos de soberanía que reclama sobre el Atlántico Sur.
Además de las sanciones contra la firma británica, el Ejecutivo instruyó a los equipos de gobierno para avanzar en las gestiones diplomáticas correspondientes en relación con ese caso. La Cancillería y los equipos jurídicos del Estado comenzarán con un proceso de arbitraje internacional con el objetivo de impedir la explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto denominado Sea Lion, así como la adopción de cualquier otra medida susceptible de agravar la situación.
El documento, firmado por el presidente Javier Milei, establece que, de no cumplirse ese requerimiento en el plazo fijado de dos semanas, la República Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) las medidas provisionales necesarias para preservar sus derechos soberanos sobre la Plataforma Continental. La intimación fue cursada de forma oficial al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y representa la escalada más concreta del reclamo argentino desde el anuncio de sanciones del 3 de septiembre.
Milei compartió un mensaje citando el comunicado y fue categórico: «Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. LAS MALVINAS SON ARGENTINAS y se defienden con hechos, no palabras».
El texto presidencial también rechaza de forma categórica la respuesta británica a las declaraciones de Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Según el comunicado, ni la denominación de las Islas Malvinas como «Territorio Británico de Ultramar» ni el referéndum unilateral celebrado en 2013, en el que el 99,8% de los votantes del archipiélago eligió permanecer bajo administración de Londres, alteran la existencia ni el objeto de la controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas. La posición argentina sostiene que ese pleito debe resolverse a través de negociaciones bilaterales, conforme al mandato de los organismos internacionales.
El respaldo jurídico del reclamo argentino se apoya en dos resoluciones de la Asamblea General de la ONU. La Resolución 2065 (XX) reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, e instó a ambos gobiernos a encontrar una solución pacífica mediante negociaciones. A su vez, la Resolución 31/49 exhortó expresamente a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación mientras continúe ese proceso. El gobierno argentino sostiene que la explotación de recursos naturales en esas zonas viola ambas resoluciones y produce «un perjuicio irreversible e irreparable» a sus derechos de soberanía.
El marco legal invocado por Argentina incluye a la CONVEMAR —considerada por juristas y organismos internacionales como la «constitución de los océanos»—, aprobada en 1982 y en vigor desde 1994. Ese instrumento establece que la plataforma continental de un Estado ribereño se extiende más allá de su mar territorial a lo largo de la prolongación natural de su territorio, pudiendo alcanzar hasta 350 millas marinas desde las líneas de base. Bajo ese régimen, Argentina considera que los yacimientos hidrocarburíferos del proyecto Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte del archipiélago, se encuentran dentro de su jurisdicción soberana.
La escalada diplomática se produce en un contexto de creciente tensión entre ambos países. El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, afirmó días atrás que Londres está preparado para defender militarmente las Malvinas ante una eventual acción argentina. «Esto no es 1982. Los argentinos no tienen la capacidad de tomar las islas Malvinas. Nosotros tenemos la capacidad de defenderlas», declaró el funcionario, quien rechazó las reivindicaciones de Milei y las calificó como una posición sin fundamento. Streeting también afirmó que no prevé un conflicto, pero insistió en la capacidad defensiva de las Fuerzas Armadas británicas.
La respuesta de Londres ante las medidas argentinas también incluyó la confirmación de que los cuatro cazas Typhoon Tranche 1 desplegados en el archipiélago serán reemplazados por aeronaves Tranche 2, de mayor capacidad operativa, a fines de noviembre de 2027. El Ministerio de Defensa británico sostuvo que se trata de una rotación prevista con anterioridad a la tensión actual. Por su parte, la explotación impulsada por el consorcio conformado por Rockhopper Exploration, de capital británico, y Navitas Petroleum, con sede en Israel, podría generar USD 2.000 millones en regalías durante 30 años, según cálculos de las autoridades de Londres.
En el plano judicial local, una jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, ya ordenó como medida cautelar que las petroleras involucradas se abstengan de iniciar o continuar las obras necesarias para poner en marcha el proyecto. En simultáneo, la Cancillería argentina avanza en gestiones ante Estados Unidos para que Washington evalúe una mediación, una posibilidad que requeriría la aceptación del Reino Unido.
El conflicto por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur constituye una causa histórica para la Argentina y un tema de especial sensibilidad para los habitantes de la Patagonia. La provincia del Chubut, por su posición estratégica sobre el Atlántico Sur y su proximidad a los espacios marítimos en disputa, sigue con atención el desarrollo de esta nueva escalada diplomática que podría redefinir el tablero geopolítico de la región.
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