La universidad no sanciona a quienes la politizan con violencia, pero castiga a un estudiante que solo defendía su derecho a estudiar en paz.
La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) se ha convertido en el espejo de lo peor de la politización argentina: carteles partidarios, militancia kirchnerista y grupos de izquierda que interrumpen las clases con consignas ideológicas. Lo que debería ser un espacio de formación académica se transformó en un centro de agitación política donde la violencia y el adoctrinamiento tienen vía libre.
En ese contexto, un estudiante reaccionó con enojo frente a quienes, sin derecho alguno, copaban los pasillos y obstaculizaban la normalidad educativa. Su respuesta –el lanzamiento de tachos de basura contra los manifestantes– fue inmediata y desesperada, producto de la impotencia de quienes sí van a la universidad a estudiar y no a militar. Sin embargo, la sanción recayó únicamente sobre él: un año de suspensión y la obligación de realizar tareas comunitarias.
Lo que indigna no es solo la dureza de la sanción, sino la impunidad de los verdaderos responsables del caos universitario: los grupos kirchneristas y comunistas que llevan años imponiendo su violencia política en las aulas. A ellos nadie los sanciona. No se cuestionan los carteles partidarios ni los bloqueos, ni las tomas que atentan contra la educación pública que todos los argentinos sostenemos con nuestros impuestos.
La hipocresía institucional es alarmante. Las autoridades, alineadas ideológicamente con los manifestantes, actúan como jueces parciales. Se escandalizan por un estudiante cansado de los abusos, pero callan frente a la degradación de la calidad educativa, el adoctrinamiento disfrazado de protesta y la constante intromisión partidaria en la vida universitaria.
Los estudiantes que quieren formarse, que trabajan y se esfuerzan para sostener una carrera, son las verdaderas víctimas de esta mugre política. Mientras tanto, la universidad sigue siendo un refugio para activistas disfrazados de académicos que desprecian el estudio y utilizan las instituciones públicas para expandir su ideología.
La sanción contra el alumno no es un acto de justicia, es un acto de cobardía. Es el castigo ejemplificador que las autoridades necesitaban para amedrentar a quienes se animen a enfrentar a los militantes profesionales. Pero la verdad es innegable: la universidad está tomada por intereses políticos que nada tienen que ver con la educación.
La educación pública debe ser defendida de estos usurpadores ideológicos. Los estudiantes tienen derecho a estudiar en paz, sin consignas partidarias que invaden las aulas. Es hora de limpiar a las universidades de esta basura política que degrada la formación y ofende a quienes realmente creen en la educación como herramienta de progreso.
La UNPAT ya ha dado constantes muestras de mediocridad a lo largo de los años, como falsificación de actas para «aprobar a amigos»,o algunos docentes que están involucrados en aberraciones de todo tipo; y todos defendidos bajo las banderas políticas partidarias de impresentables que toman las riendas de la universidad pública para hacer sus negocios, vivir del estado, y crear nichos partidarios.
¿Hasta cuándo la sociedad tiene que aguantar a toda esta estructura nefasta de personajes deplorables haciendo política en las universidades que pagamos todos con nuestros impuestos?
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