La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) finalmente tomó una decisión que muchos argentinos esperaban hace años: levantar las medidas cautelares que desde 2017 protegían a Milagro Sala, la líder de la Tupac Amaru condenada por una larga lista de delitos que incluyen asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas. El tribunal internacional, por unanimidad, determinó que ya no existen las condiciones de extrema gravedad y urgencia que motivaron su intervención hace casi nueve años.
Pero no nos engañemos: este fallo no es, un revés contundente a la estrategia judicial que durante años utilizó para eludir la cárcel y mantenerse en un cómodo arresto domiciliario en la provincia de Buenos Aires, lejos de Jujuy, donde la Justicia la encontró culpable.
Una condena firme que no admite discusión
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme en mayo de 2025 la pena única de 15 años de prisión e inhabilitación absoluta contra Milagro Sala. Las dos sentencias que componen esa condena son lapidarias: por un lado, fue hallada culpable de amenazar con poner bombas en una comisaría de Alto Comedero; por el otro, se la encontró responsable de desviar fondos públicos destinados a la construcción de viviendas para personas en situación de vulnerabilidad en Jujuy. Las investigaciones determinaron que parte de ese dinero fue redirigido en efectivo hacia Sala y su círculo íntimo, mientras muchas de las viviendas que debían construirse nunca vieron la luz.
Este no es un caso de persecución política ni de víctima inocente. Es el retrato de una dirigente que utilizó su poder político para enriquecerse a costa de los más necesitados, y que luego, cuando la Justicia la alcanzó, desplegó un ejército de abogados para evitar pisar una cárcel común.
El costo millonario para los argentinos
Mientras Milagro Sala cumplía su condena en la comodidad de su hogar, el Estado argentino desembolsaba cifras millonarias para sostener su prisión domiciliaria. Según información disponible, el operativo de seguridad para custodiar a Sala involucraba a 25 gendarmes y 30 efectivos policiales, un total de 55 personas dedicadas exclusivamente a vigilarla. Solo en sueldos y racionamiento, el costo mensual superaba los 2 millones y medio de pesos. A eso hay que sumar el alquiler de casillas, baños químicos, trailers, un generador eléctrico de 24 horas, un sistema de 9 cámaras de seguridad, la readaptación del perímetro de la vivienda y la instalación de un nuevo sistema lumínico.
Todo esto, pagado con los impuestos de los argentinos, mientras Sala gozaba de un trato que ningún otro preso común podría siquiera soñar.
La excursión internacional que terminó en fracaso
El episodio más irritante de esta novela judicial fue la decisión de la defensa de Sala de acudir a una instancia internacional sin justificación alguna. Llevar el caso a la Corte Interamericana, cuando la Justicia argentina ya había hablado con todas las garantías del debido proceso, fue un acto de desprecio hacia el sistema judicial de nuestro país y una maniobra dilatoria para seguir postergando el cumplimiento efectivo de la pena.
Pero el tiro les salió por la culata. La Corte IDH, con un fallo unánime de sus seis jueces —Rodrigo Mudrovitsch, Patricia Pérez Goldberg, Ricardo C. Pérez Manrique, Nancy Hernández López, Alberto Borea Odría y Diego Moreno Rodríguez—, no solo no les dio la razón, sino que levantó las medidas que durante años los blindaron. El tribunal fue claro: Sala ya no es una imputada amparada por la presunción de inocencia, sino una condenada con sentencia firme que debe cumplir su pena.
Las excusas médicas y el show de las internaciones
No podemos dejar de mencionar el recurrente uso de la salud como excusa para evitar la cárcel. El expediente de Sala está plagado de diagnósticos —trombosis venosa profunda crónica, trastorno depresivo mayor, ideación autolítica, síntomas psicóticos— que curiosamente aparecen justo cuando la Justicia se apresta a tomar decisiones adversas. Las internaciones en el Hospital San Roque de Gonnet, presentadas como «riesgo cierto e inminente para sí», han sido la herramienta perfecta para generar compasión y demorar lo inevitable.
Pero la Corte IDH no compró el relato. El tribunal advirtió que el Estado ya está garantizando la atención médica que Sala requiere, y que eso no justifica mantener un régimen de excepción para una condenada. El show médico ya no funciona.
Se acabaron los privilegios
El fallo de la Corte Interamericana debería ser un llamado de atención para todos aquellos que creen que pueden burlar a la Justicia argentina refugiándose en organismos internacionales. Sala fue condenada por delitos graves, con todas las garantías, y debe cumplir su pena como cualquier otro ciudadano.
El Estado argentino no puede seguir derrochando millones de pesos en custodiar a una persona que debería estar tras las rejas. Los recursos públicos son escasos y deben destinarse a quienes realmente los necesitan, no a mantener el lujo de una dirigente política condenada por corrupción.
Festejemos, entonces, que la Corte IDH no le dio la razón a Milagro Sala. Que este fallo siente un precedente: los delincuentes, por más poder político que tengan, no están por encima de la ley. Y que las artimañas judiciales, las excusas médicas y las apelaciones internacionales tienen un límite.
El pueblo argentino, cansado de ver cómo los privilegiados se ríen de la Justicia, merece que esta vez se haga justicia de verdad. Que Sala cumpla su condena como corresponde. Nada más, y nada menos.
Deja una respuesta