El juez Diego Amarante ordenó levantar el secreto fiscal y bursátil del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y su mesa directiva por una investigación por apropiación indebida de aportes previsionales.
En una decisión judicial de alto impacto para el deporte nacional, el juez en lo Penal Económico Diego Amarante dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bursátil del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. La medida, que busca desentrañar una presunta maniobra de evasión multimillonaria, también alcanza a todos los integrantes de la mesa directiva del organismo: el tesorero Pablo Toviggino, el secretario general Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo.
La investigación, que avanza a contrarreloj incluso durante la feria judicial, tiene su origen en una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El organismo acusó a la AFA de haber retenido y no depositado en término aportes y contribuciones de la seguridad social, correspondientes a empleados propios y de clubes, por una suma que ronda los $19.350 millones. Los montos investigados abarcan desde marzo hasta septiembre de 2024.
El fiscal Claudio Navas Rial, a cargo de la pesquisa, ya había formalizado la imputación contra Tapia la semana pasada. En su dictamen, el representante del Ministerio Público atribuyó responsabilidad al máximo dirigente por su rol institucional y la administración de la clave fiscal de la entidad. Asimismo, consideró que, dada la magnitud económica de los fondos en cuestión, la investigación debía extenderse al resto de la cúpula directiva, por su eventual intervención en la gestión y disposición del dinero.
La causa judicial, iniciada a partir de una presentación de la jefa interina de la Sección Penal de ARCA, Vanina Vidal, apunta a delitos tipificados en el Régimen Penal Tributario. En particular, se investiga la posible configuración de un delito de evasión previsional, figura que contempla penas de prisión de dos a seis años cuando el monto evadido supera los ochenta mil pesos por mes.
Este nuevo capítulo judicial incrementa la presión sobre la conducción de la AFA, que atraviesa un período de intenso escrutinio público y legal. La orden del juez Amarante de desclasificar la información financiera privada de sus principales referentes marca un punto de inflexión en la pesquisa, que promete seguir generando repercusiones en el mundo del fútbol y en el ámbito político-institucional argentino.
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