Hay una escena que se repite con una obstinación que ya roza el ridículo. Miles de personas marchan, toman facultades, cortan calles y vociferan contra el gobierno de Javier Milei acusándolo de «ajustar la educación pública». Lo hacen con bombos, con pancartas, con la liturgia habitual de un progresismo que se cree dueño de la verdad revelada. Pero en ese teatro de operaciones hay un detalle que se omite sistemáticamente: quienes hoy lloran por las universidades son los mismos que, hace apenas unos meses, firmaron el recorte más brutal que sufrió el sistema educativo en la última década.
No hace falta retroceder a los años noventa ni invocar fantasmas neoliberales. Basta con revisar lo que ocurrió durante el gobierno de Alberto Fernández, con Cristina Kirchner como vicepresidenta y Sergio Massa como ministro de Economía.
En agosto de 2022, a pocas semanas de asumir al frente del Palacio de Hacienda, Massa tomó una decisión administrativa que borró $70.000 millones del presupuesto educativo. No fue un rumor, no fue una operación de prensa opositora: fue un acto de gobierno.
Ese recorte golpeó directamente programas emblemáticos como Conectar Igualdad, que perdió alrededor de $50.000 millones, y fondos destinados a infraestructura escolar, jardines de infantes y equipamiento educativo. Las universidades, por supuesto, también lo sintieron.
¿Hubo marchas multitudinarias entonces? ¿Se tomaron facultades? ¿Los gremios docentes y los centros de estudiantes se abrazaron a las rejas de los ministerios? No. Silencio. Aplausos, en todo caso. Los mismos militantes que hoy acusan a Milei de «destruir la educación pública» miraban para otro lado cuando el ajuste lo firmaba un ministro peronista. La coherencia, al parecer, es un bien que solo se exige a los adversarios.
La cosa no terminó ahí. Durante todo 2023, ya con la campaña electoral en marcha y Massa como candidato presidencial, el presupuesto universitario se mantuvo congelado en términos nominales. Es decir: los fondos no se actualizaron al ritmo de una inflación que superó el 300% anual. El resultado fue una licuación real devastadora, un recorte silencioso que dejó a las casas de altos estudios funcionando con recursos de un año anterior que valían la mitad. Ese ajuste no tuvo marchas. No tuvo tapas de diarios. No tuvo «pañuelazos». Tuvo, en cambio, la complicidad de quienes ahora se rasgan las vestiduras.
La pregunta que emerge con fuerza es inevitable: ¿por qué el kirchnerismo no defendió la educación cuando gobernaba? La respuesta es tan incómoda como simple. Porque el kirchnerismo no defiende la educación pública: defiende el poder que se ejerce a través de ella. Las universidades nacionales, en la lógica de la casta política que las capturó, son mucho más que centros de formación. Son aparatos de militancia, cajas de recursos discrecionales, feudos electorales donde se reparten cargos, se financian campañas y se sostienen estructuras partidarias con dinero de todos los argentinos.
No es una exageración. Basta con mirar los números que la propia Sindicatura General de la Nación puso sobre la mesa. Entre 2015 y 2022, el 89% de los aportes del Tesoro destinados a universidades nacionales no fue rendido. Es decir: miles de millones de pesos ingresaron a esas casas de estudio sin que nadie sepa con precisión en qué se gastaron. Se firmaron más de 2.500 convenios con dependencias del Estado por servicios que van desde auditorías y call centers hasta investigaciones de mercado y publicaciones. Todo bajo la excusa de la «autonomía universitaria», que en la práctica se convirtió en un escudo para la opacidad más absoluta. Los rectores manejan esas cajas sin control, los gremios cobran su parte, y los estudiantes —los verdaderos estudiantes, los que quieren aprender— quedan atrapados en el medio de un sistema que los usa como carne de cañón en cada movilización.
Hoy, cuando el gobierno de Milei intenta poner un mínimo de orden en ese desmadre, la reacción es la esperada: paros, tomas, marchas, y un coro de voces que acusa al presidente de «ajustar» cuando lo único que hace es intentar auditar lo que durante dos décadas nadie quiso auditar.
Los mismos que aplaudieron el recorte de $70.000 millones ahora bloquean calles para impedir que se sepa adónde va la plata.
Los mismos que callaron cuando Massa congeló el presupuesto universitario hoy gritan «la educación no se vende». Y lo hacen, además, con el respaldo explícito de una ex presidenta que visitó una universidad del conurbano para arengar a los manifestantes, como si su gobierno no hubiera sido parte central del problema.
El kirchnerismo y sus satélites de izquierda no defienden la educación pública. Defienden el control político de las universidades, la continuidad de un sistema de cajas negras que les permite financiar su militancia y sostener un relato de superioridad moral mientras los verdaderos perjudicados —los pibes que no terminan el secundario, los que abandonan la facultad en el primer año, los que no tienen una computadora o una conexión a internet— siguen esperando respuestas que nunca llegan. Es hora de decirlo sin eufemismos: los paros universitarios que hoy paralizan el país no son en defensa de la educación. Son en defensa de un curro. Y quienes los financian y los alientan saben perfectamente que si se abre la caja, se les termina el negocio.
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