Lula ganó el balotaje con medidas sociales y fiscales de último momento que sus críticos califican de populismo y compra de votos. El resultado, 51,76% frente a 48,24%, no cerró la grieta: la expuso con una intensidad que amenaza la gobernabilidad de Brasil y obliga a mirar con lupa el costo fiscal de un paquete diseñado para seducir urnas, no para resolver problemas estructurales.
El triunfo de Lula da Silva tiene un mérito histórico que ningún analista serio puede ignorar: se convirtió en el primer presidente brasileño en ganar una segunda vuelta después de haber perdido la primera, desde el retorno de las elecciones directas en 1989. Además, alcanzó un cuarto mandato no consecutivo, una marca inédita en la historia del gigante sudamericano. Pero el dato político más importante no es ese récord, sino el modo en que construyó la remontada. En la primera vuelta había quedado segundo, con 45,1% frente al 47% de Flávio Bolsonaro. Lejos de asumir una derrota parcial, el líder del Partido de los Trabajadores activó un operativo de emergencia social y fiscal. Y allí aparece el problema: la frontera entre alivio social legítimo y compra de votos se volvió demasiado difusa.
La secuencia es elocuente. Diez días antes del balotaje, el Congreso aprobó la reducción de la semana laboral de seis a cinco días y de 44 a 40 horas semanales, sin baja salarial. Flávio Bolsonaro respaldó la norma en el tramo final, mientras dirigentes empresariales advirtieron por el impacto de los costos laborales sobre las pequeñas empresas, la inflación y el empleo informal. Se trata de una medida que puede tener justicia social en el largo plazo, pero que en plena campaña funcionó como una señal de campaña: beneficios inmediatos, financiamiento difuso y un mensaje diseñado para capturar votos sin explicar cómo se sostendrá la productividad del país.
El Gobierno también aplicó un aumento de 15% en Bolsa Família durante la semana previa a los comicios. La medida beneficia a casi 50 millones de personas y demanda 5.800 millones de reales, equivalentes a 1.168 millones de dólares, para el resto del año. La administración respaldó además créditos públicos a bajo interés, incentivos fiscales para pequeñas empresas y un plan de refinanciación para eliminar registros de morosidad de millones de brasileños de bajos ingresos. El paquete de préstamos y renegociaciones tendrá un costo estimado de 3.000 millones de reales, o 604 millones de dólares, durante los próximos tres años. Son medidas que suenan generosas en el discurso, pero que en la práctica trasladan el costo al contribuyente, presionan las cuentas públicas y consolidan una lógica peligrosa: el Estado como caja de resonancia electoral.
En materia de precios, el Gobierno eliminó por 30 días los impuestos federales a la importación y venta de gasolina, con posibilidad de prórroga, y subsidió el diésel para importadores. El costo previsto asciende a 5.200 millones de reales, equivalentes a 1.047 millones de dólares. Lula envió además al Congreso un proyecto para establecer transporte público gratuito durante los fines de semana, con un costo estimado de entre 5.000 y 16.000 millones de reales, según el modelo de aplicación. Esta es la parte más cuestionable del paquete: subsidios de campaña presentados como conquistas sociales, sin una discusión seria sobre financiamiento, eficiencia del gasto o prioridades. El populismo tiene un manual conocido: ofrece beneficios visibles en la semana previa y deja la factura para después. La izquierda latinoamericana lo ha aplicado muchas veces. Brasil no es la excepción.
El despilfarro no se mide solo en reales. Se mide en credibilidad fiscal. Cada medida anunciada a las apuradas, sin partida presupuestaria clara, envía una señal contradictoria a los mercados, a los inversores y a los gobiernos extranjeros. Brasil necesita inversión, estabilidad y previsibilidad. En cambio, la recta final de la campaña mostró un Estado dispuesto a comprar tranquilidad electoral con gasto público. Esa es una jugada sucia típica del populismo de izquierda: construir poder con recursos que pertenecen a todos, pero que se administran como si fueran de nadie.
El contraste con la agenda de seguridad es otro punto débil. Lula propuso fortalecer el Sistema Único de Seguridad Pública e integrar las acciones de los distintos niveles de gobierno. El plan prevé 10.000 millones de reales, equivalentes a 1.900 millones de dólares, en financiamiento reembolsable para que los estados mejoren equipamiento e infraestructura. Contempla la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, mayor coordinación entre fuerzas federales y estaduales y el uso de tecnología para rastrear armas, dinero y redes de organizaciones delictivas. El enfoque incluye persecución financiera, inteligencia, prevención en zonas vulnerables, urbanización de barrios populares y políticas para jóvenes. La idea puede ser correcta, pero vuelve a aparecer el mismo patrón: anuncios grandilocuentes, montos enormes y poca discusión sobre resultados concretos en el corto plazo.
En la Amazonía, Lula exhibe un logro real: desde su llegada al poder en 2023, la deforestación cayó 45% hasta su nivel más bajo en más de una década. Durante la presidencia de Jair Bolsonaro había aumentado cerca de 60% y superado los 45.000 kilómetros cuadrados talados. Es un dato importante y debe reconocerse. Sin embargo, también es cierto que el tema ambiental fue utilizado como bandera electoral y como argumento moral frente al adversario. La pregunta que queda es si Brasil podrá sostener esa política con instituciones fuertes y no solo con la lógica de campaña permanente.
El resultado también reconfigura la relación de Brasil con Estados Unidos, China, Europa, el Mercosur y los BRICS. Durante su mandato, Lula buscó reforzar el multilateralismo, la integración regional, la cooperación con el Sur Global y la autonomía frente a las grandes potencias. En 2025, el gobierno de Donald Trump impuso aranceles de hasta 50% a determinados productos brasileños y vinculó públicamente la medida con el proceso judicial contra Jair Bolsonaro. Una llegada de Bolsonaro al poder habría encausado las relaciones con Washington; con Lula reelegido se abre un nuevo manto de dudas sobre el futuro vínculo entre ambas naciones. La política exterior no puede convertirse en otro escenario de la grieta interna.
Pero el desafío mayor es interno. Brasil queda partido casi por la mitad. El 51,76% contra 48,24% no es un mandato contundente: es una advertencia. La consigna “Nunca más Bolsonaro” movilizó a una parte del electorado, mientras la otra respondió con una desconfianza profunda hacia el retorno del PT. La polarización extrema no se cura con un discurso triunfalista ni con una lluvia de subsidios. Se cura con instituciones que funcionen, cuentas públicas creíbles, reglas claras y una oposición que no sea tratada como enemiga. Lula ganó, pero no unificó. Y gobernar un país polarizado con un paquete de medidas de último momento es peligroso: puede comprar votos, pero no compra estabilidad.
Brasil no va a sobrevivir a esta polarización extrema si la política sigue reducida a una pulseada entre dos relatos. El populismo y el despilfarro pueden ganar una elección, pero después llega la factura. La pregunta no es quién ganó el balotaje, sino si el país podrá soportar el costo institucional, fiscal y social de haberlo ganado así. Lula tiene el poder. Ahora debe demostrar que no solo sabe administrar campañas, sino también curar una grieta que amenaza con partir a Brasil en dos.
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