La Asociación de Pobladores del Parque Nacional Los Alerces apelará la desestimación de la denuncia por presunta negligencia en los planes de manejo del fuego, que estaban vencidos, sin aprobación y la misma fiscalía reonoce como precarios.
La Asociación de Pobladores Rurales de la Reserva Los Alerces confirmó que apelará la resolución judicial que desestimó la denuncia penal presentada por presunta negligencia en el manejo del incendio forestal más grave de la historia del Parque Nacional Los Alerces. La decisión de la fiscalía será impugnada ante la instancia superior porque, según la entidad, el dictamen contiene contradicciones evidentes y deja sin evaluar el punto central de la acusación: la ausencia de planes de manejo del fuego válidos y actualizados en un área protegida que es Patrimonio Mundial de la UNESCO. La confección de esos planes son obligatorios para las autoridades y no lo han cumplido. Todo el manejo habría sido improvisado.
El fuego, conocido como “Puerto Café”, se inició a fines de diciembre de 2025 por la caída de un rayo en el brazo sur del Lago Menéndez y se prolongó durante meses, consumiendo miles de hectáreas de bosque nativo prístino. La denuncia original, radicada en enero de 2026 ante la Fiscalía Federal de Esquel, apuntó al entonces intendente Danilo Hernández Otaño y otros funcionarios.
Uno de los ejes que la Asociación de Pobladores insistirá en la apelación es la falta de instrumentos de gestión válidos para el combate del fuego. Documentación oficial a la que accedió este medio revela que el Plan de Manejo del Fuego del Parque Nacional Los Alerces tenía una vigencia de cinco años y se encontraba vencido desde 2024. El denominado “Plan de Manejo del Fuego 2025-2030” que las autoridades exhibieron como respaldo no era más que un borrador incompleto, sin aprobación formal ni los anexos operativos correspondientes. La normativa del directorio de la Administración de Parques Nacionales, Resolución 272/2016, establece la obligación de elaborar y mantener actualizados estos planes, una responsabilidad que recaía directamente en la intendencia del parque. Ese borrador, no aprobado en 2025, hasta cambió su nombre a plan de manejo «2026-2030», ya que era ridículo e improcedente aprobar algo con retroactividad.
Para la Asociación de Pobladores, la propia fiscalía habría reconocido en su resolución que uno de los planes estaba vencido y el otro no contaba con aprobación, lo que configura una contradicción insalvable: no se puede desestimar una denuncia por negligencia cuando el mismo dictamen admite que los instrumentos básicos para la protección del área no estaban en regla y constituían una obligación reconocida por el mismo denunciado. Los pobladores sostienen que los planes carecían de elementos esenciales para el ataque inicial de incendios en las zonas de mayor valor de conservación, precisamente los sectores intangibles y de bosque milenario que resultaron arrasados.
La incongruencia, remarcan, es mayúscula: el cuidado de esos bosques es la razón de ser del Parque Nacional y la misión más elemental de sus autoridades. No puede protegerse un territorio que hace a la propia existencia del área protegida sin protocolos aprobados, sin planificación preventiva y sin una estructura operativa acorde a los antecedentes de incendios en la zona. La denuncia original ya había señalado que solo se destinaron un puñado de brigadistas al ataque inicial, que se excluyó a guardaparques capacitados y que la logística dependió de apoyo privado para llegar al foco.
La apelación buscará que la justicia revise integralmente la desestimación y se pronuncie sobre el fondo del asunto: si existió o no un plan de contingencia válido, por qué se incumplió la obligación normativa de confeccionar el plan de manejo del fuego y quiénes son responsables por la destrucción de un ecosistema irrecuperable. Para los pobladores, la decisión de la fiscalía no solo desprotege a los denunciantes, sino que sienta un precedente peligroso: la omisión de elaborar los instrumentos de gestión más básicos para prevenir y combatir incendios queda impune, aun cuando el daño ambiental, social y económico es de magnitud catastrófica.
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