El Procurador de Fiscalía, Ismael Cerda, se resiste a entregar un legajo clave sobre el geriátrico clausurado en Trevelin, en una causa que salpicaría a la fiscal jefe María Bottini y a su marido, entre otros.
¿Encubrimiento?
Ya son tres jueces que le ordenaron entregar información de un legajo a Chubut Online, en virtud de tratarse de información pública. Pero Cerda se niega a entregarnos la información, a pesar de la orden judicial. ¿Por qué?
La publicidad de los actos hacen a la transparencia de las instituciones, las cuales no deben de ninguna manera escapar del escrutinio público, tal como, en otras palabras, señaló el Juez Rolón al ordenarle a Cerda a hacernos entrega de una copia de un legajo fiscal relativo a una denuncia muy llamativa.
La negativa del Procurador de Fiscalía de Esquel, Ismael Cerda, a entregar copias de un legajo fiscal podría estar encubriendo una de las tramas más oscuras del sistema judicial chubutense.
La información que se resiste a liberar podría involucrar a la fiscal jefe María Bottini, a su marido, el contador Martín Sandoval, y a los propietarios y responsables del denominado «geriátrico del terror» de Trevelin, de apellido Ripani y Magnanego, clausurado en marzo de 2026 por graves irregularidades y condiciones inhumanas.
El geriátrico volvió a operar en Esquel, bajo otro nombre, en Perito Moreno 331 y no contaría con habilitación alguna. La maniobra tendería a evitar pagar juicios en contra.
Una orden judicial y una resistencia férrea, pero sin sustento.
El conflicto se remonta al 16 de octubre de 2026, cuando el juez de garantías Raúl Rolón hizo lugar a un pedido de acceso a la información presentado por el medio digital Chubut Online y ordenó a la fiscalía la entrega de una copia íntegra del legajo 67119.
Lejos de acatar la orden judicial, el procurador Cerda desplegó una estrategia de apelación sin sustento técnico suficiente, que, posteriormente, fue rechazada por los jueces revisores Jorge Criado y Jorge Novarino.
Ante su aparente desesperación por que no se evidencie su accionar en el legajo, Cerda volvió a apelar, nuevamente sin sustento deducible, ante el Superior Tribunal de Justicia, mediante un precario escrito judicial. ¿Buscará llegar al «monje negro» que el marido de la fiscal Bottini decía tener en el STJ para que le saque las papas del fuego?
Cerda se apoya en una interpretación restrictiva de los artículos 257 y 281 del Código Procesal Penal de Chubut, que establecen el secreto de las actuaciones para terceros ajenos al proceso. Sin embargo, esta postura procesal resulta, cuando menos, llamativa si se la analiza a la luz de los hechos que ese legajo contendría.
El juez Rolón ya había desestimado estos argumentos al autorizar la entrega de la documentación, y los jueces Criado y Novarino confirmaron que la decisión se ajustaba a derecho, dejando en evidencia que la postura de Cerda no encontraría respaldo en una lectura armónica de la ley y la Constitución. Tres jueces, si, tres jueces.
Cerda aduce que la entrega del legajo expondría cuestiones sensibles e íntimas de afectados, pero, sin embargo, esto no sería en absoluto algo real, ya que no habría dato sensible alguno ni íntimo que pudiera evidenciarse. Toda su argumentación sería una excusa para no dejar entrever los verdaderos motivos por los cuales no quiere que nadie se entere qué hicieron con esa denuncia, ni de su aparentemente nula investigación. Tampoco describió mínimamente cuáles serían esos supuestos. La nada misma… ¿o una excusa desesperada?
La trama que Cerda buscaría mantener oculta
El legajo que se pretende mantener bajo siete llaves contendría los detalles de una denuncia por presunta insolvencia fraudulenta que involucraría a los propietarios del geriátrico de Trevelin, y posiblemente al matrimonio conformado por la fiscal jefe de Esquel María Bottini y el contador Martín Sandoval.
Según trascendió, la denuncia cajoneada por Cerda apuntaría a una presunta maniobra de traspaso patrimonial fraudulento para evadir el pago de deudas por juicios perdidos.
En ese contexto podría verse involucrada una transferencia de un vehículo automotor —cuyo valor actual superaría los $30.000.000— por parte de los dueños del geriátrico al marido de la fiscal Bottini.
La explicación oficial -por parte de Bottini- es que el automotor fue entregado como «parte de pago de honorarios adeudados» por los servicios profesionales de Martín Sandoval como contador público… pero no habría recibo alguno ante ARCA (actualmente en investigación).
Esta versión, sin embargo, resulta sospechosa: se trataría de honorarios de una magnitud tal que resultan difíciles de justificar para la labor realizada, y la transferencia se habría concretado en un contexto de evidente crisis financiera y clausura inminente del establecimiento.
Además, los propietarios del geriátrico tenían varios juicios en su contra por valores varias veces millonarios.
Cerda no sólo no habría investigado absolutamente nada, sino que en vez de archivarla, desestimó la denuncia; es decir, selló el destino de toda investigación al respecto, poniéndole el sello de «caso cerrado» a un caso colmado de irregularidades visibles, palpables, y que muchas son de público conocimiento.
El vínculo del marido de Bottini con el geriátrico del terror y el traspaso de titularidad de un vehículo a su nombre no son hechos que alguien del Poder Judicial pueda desconocer.
De hecho, ello fue denunciado penalmente y ante el Consejo de la Magistratura. Ambas denuncias están en trámite. Por supuesto, muy lejos de Esquel.
El rol de Cerda: ¿celeridad o complicidad?
La actuación del procurador Cerda en esta causa es, como mínimo, controvertida. Ante una denuncia de semejante gravedad institucional, que involucraría directa o indirectamente a la máxima autoridad de la fiscalía de Esquel, se esperaría una investigación exhaustiva y transparente.
En cambio, la denuncia habría sido desestimada de plano, sin haberse dispuesto las medidas probatorias mínimas e indispensables para corroborar o descartar los hechos denunciados.
Esta presunta inacción no solo resultaría funcional a los intereses de los denunciados, sino que allanaría el camino hacia la impunidad de una trama que, de comprobarse, podría constituir un delito de insolvencia fraudulenta agravado por el vínculo con el poder judicial.
La negativa posterior de Cerda a permitir que la prensa acceda a ese legajo desestimado agrava aún más su situación, ya que impide el control social sobre una decisión judicial que, a todas luces, parece haber sido tomada con una celeridad sospechosa.
La estrategia de la victimización
Frente a las revelaciones periodísticas sobre sus vínculos con el geriátrico y el manejo de bienes, la fiscal Bottini y su entorno han ensayado una respuesta que ya es conocida: la victimización.
En ese sentido, Cerda pareciera haber imitado a Bottini. Recientemente apareció en un programa periodístico a cargo de «el chino» Comparada, de Esquel. Allí Cerda hizo alarde de lo que la realidad no mostraría: de su ímpetu, profesionalismo y se su «exhaustivo» trabajo investigativo en la fiscalía. Hizo alarde de estar obligado a investigar todas las denuncias. Un marketing autorreferencial que denotaría la desesperación del procurador por las irregularidades expuestas. Nunca estuvo acostumbrado a dar entrevistas, y de repente, cuando la cuerda está floja, aparece a dar entrevistas autorreferenciales.
La realidad es que Cerda insiste en su cruzada judicial para mantener el secreto sobre un legajo que, de ser público, podría exponer una estructura de presunto encubrimiento y manipulación de la justicia por parte de la fiscalía de Esquel; algo gravísimo e inconcebible.
La pregunta que sobrevuela es ineludible: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el procurador de la fiscalía para evitar que la verdad sobre el «geriátrico del terror» y sus oscuros vínculos salgan a la luz?
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