El fuego que arrasó depósitos industriales en Ezeiza no solo dejó imágenes apocalípticas, sino que ahora despierta nuevas inquietudes: la Justicia bonaerense investiga si el agua usada para apagar el incendio se convirtió en fuente de contaminación.
Este fin de semana, la fiscal Florencia Belloc y su secretario Federico Ricart solicitaron a la Policía Ecológica de la Provincia de Buenos Aires que clarifique hacia dónde drenó el agua utilizada por los bomberos durante el siniestro. La hipótesis, según fuentes del caso, ya apunta a que esa agua podría contener sustancias tóxicas, por lo que también pidieron análisis de los residuos químicos que quedaron entre los escombros.
El incendio se originó alrededor de las 20:30 en un depósito de la empresa Logischem S.A., donde se almacenaban sustancias altamente peligrosas: entre ellas fósforo sólido, aluminio, cianuro y otros oxidantes y corrosivos que reaccionan fuertemente con el agua y liberan gases tóxicos. En otro galpón cercano también había garrafas de gas butano, lo cual complicó aún más los riesgos.
Uno de los ejes centrales de la investigación es si la empresa contaba con las medidas de seguridad adecuadas para el almacenamiento de esos químicos. Al mismo tiempo, la Policía Ecológica ya realizó mediciones de la calidad del aire en puntos cercanos al foco: a 50, 200 y 400 metros, en dirección de la Autopista Ezeiza–Cañuelas. Según su reporte, por ahora los valores son “parcialmente normales”, aunque aclaran que el monitoreo es preliminar y dependerá del viento para futuras pericias.
El siniestro empezó con explosiones que se sintieron a kilómetros: casas temblaron en Carlos Spegazzini, volaron vidrios y techos, y la autopista quedó rotulada y cerrada al tráfico. Se desplegaron más de 70 dotaciones de bomberos —unos 380 efectivos— para controlar las llamas en un corredor industrial que aloja varias empresas: desde plásticos hasta fábricas de neumáticos y depósitos de papel.
Algunos de los establecimientos afectados son Logischem S.A. (origen del fuego), Lagos Plásticos, El Bahiense (aditivos alimentarios), Iron Mountain (papel), Larocca Minería (neumáticos), Flamia S.A.I.C.Y.A. (aluminio), Almacén de Frío y Parnor S.A. (galletitas). Las dimensiones y la peligrosidad del material almacenado en la zona han puesto en alerta tanto a las autoridades como a organizaciones ambientales.
Ahora, en el epicentro de la investigación no solo está el daño visible por el fuego, sino el rastro invisible: el posible vertido tóxico a través del agua usada para sofocar el incendio. Esa agua sucia podría haberse filtrado al sistema de drenaje o al suelo, llevando químicos peligrosos más allá del perímetro inicial. Si se confirma, el episodio podría convertirse en una crisis ambiental que excede lo puramente industrial.
La causa avanza: mientras se analizan residuos y se monitorea la atmósfera, también se espera que un testigo clave aporte su versión ante la Justicia. La presión es alta, ya que de confirmarse contaminación por sustancias peligrosas, podrían derivarse responsabilidades civiles y penales.
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