Carlos Héctor Beovidez, un ex suboficial mayor de la policía de Chubut, obtuvo una sentencia judicial favorable tras una larga batalla legal por el pago de sus licencias no usufructuadas. Sin embargo, lejos de solucionar su situación, el fallo ha destapado una nueva frustración: mientras sus cálculos estiman un crédito de aproximadamente $11.000.000, él recibió un depósito de tan sólo $30.000. Beovidez manifiesta sentirse burlado por el Estado y exige el pago del total que, según afirma, le corresponde por derecho.
La historia se remonta a 1993, cuando Beovidez sufrió un trauma acústico severo e irreversible en acto de servicio, debido a la detonación de un arma de fuego cerca de su rostro. La lesión, catalogada como enfermedad profesional, lo llevó a un prolongado licenciamiento y finalmente a su retiro obligatorio por invalidez en 2010. Desde entonces, inició un reclamo administrativo –luego judicial– para que se le liquidaran y pagaran las licencias ordinarias de los períodos 2006 a 2010 que no pudo gozar por su condición médica.
A pesar de que la propia administración policial y la Asesoría Letrada provincial reconocieron en dictámenes que el pago correspondía una vez decretado el retiro, el trámite se estancó en una maraña burocrática. Beovidez acudió incluso a la Defensoría del Pueblo, pero la falta de una respuesta concreta y fundada por parte de la Provincia lo mantuvo en un «estado de indefinición» durante más de una década, privándolo de sumas que tienen carácter alimentario.
Frente a este silencio administrativo, Beovidez promovió en 2021 una acción de «amparo por mora» ante el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Esquel. En octubre de ese año, el juez Guillermo Fernando Gregorio hizo lugar a la demanda. En su sentencia, consideró probada la mora de la Provincia al no expedirse sobre el reclamo, a pesar de tener la obligación legal de hacerlo en un plazo razonable. La Justicia ordenó a la administración provincial que se pronuncie de manera fundada en un plazo de 20 días, so pena de multa.
La victoria amarga y el reclamo por la diferencia millonaria
Si bien el fallo judicial fue claro y favorable, la materialización del pago se convirtió en un nuevo episodio de desencanto. Beovidez, asesorado por sus letrados, realizó cálculos pormenorizados sobre los montos adeudados por las licencias no gozadas, actualizados, los cuales arrojan un total que ronda los $11.000.000 (once millones de pesos).
Contra toda expectativa, la Provincia realizó un deprito bancario a su cuenta por una suma ínfima en comparación: aproximadamente $30.000. Esta abismal diferencia entre lo reclamado con sustento y lo abonado es el centro del nuevo conflicto.
«Es una burla. Después de años de lucha, de ganar un juicio, te pagan esto», expresó Beovidez, quien ve en este accionar una estrategia para desgastar su reclamo. Su patrocinio jurídico ya evalúa los pasos a seguir para exigir el pago íntegro, ya que consideran que la sentencia, al ordenar a la Provincia a expedirse, implícitamente reconoce la validez del crédito, cuya liquidación exacta debe ser ahora determinada y honrada.
El caso de Beovidez no es aislado y refleja una problemática recurrente: la incapacidad o falta de voluntad de las arcas provinciales para afrontar obligaciones laborales previsionales, obligando a los trabajadores a judicializar sus derechos y, aún con fallos favorables en mano, a enfrentarse a pagos simbólicos que no resarcen el perjuicio económico y moral sufrido.
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