En un nuevo episodio que evidencia el uso de fondos públicos hacia fines ideológicos, el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD) dependiente del Ministerio Público Fiscal (MPF) del Chubut, desplegó una comitiva hasta la localidad de Gaiman. El objetivo formal era “capacitar” al personal del Área de Mujer, Género y Diversidad de la municipalidad. Sin embargo, la práctica real expone un sistema de derroche sistemático: funcionarios que viajan para explicar qué hacen otros funcionarios, en un círculo vicioso que solo tiene un objetivo claro: justificar salarios abultados y la existencia de oficinas que, en una provincia con baja densidad poblacional, resultan un lujo injustificable cuando hay otras prioridades mucho más urgentes.
Rocío Miquelarena y María Suquia, representantes del SAVD, fueron recibidas por Amancay Calfunao, coordinadora del área local, en una jornada que, según la publicación oficial, sirvió para “dar a conocer el funcionamiento del SAVD”. Esta lógica autopoiética del Estado—donde un organismo gasta recursos para contarle a otro organismo lo que hace—choca de frente con las necesidades urgentes de la sociedad chubutense. Mientras los equipos de fiscalización del gasto brillan por su ausencia, los contribuyentes financian traslados, viáticos y horas de trabajo para reuniones que no se traducen en una baja de los delitos contra los sectores realmente vulnerables.
Pero el problema de fondo es aún más grave. Bajo el paraguas de la “perspectiva de género” y la “diversidad”, estas oficinas y capacitaciones suelen mezclar discriminatoriamente a mujeres con personas que padecen trastornos de identidad o disforia de género, tratando realidades biológicas y psicosociales como si fueran un mismo frente. Esta ideologización de la justicia no solo es un sinsentido práctico, sino que resulta insultante en un contexto donde la violencia contra niños, niñas y ancianos—los grupos más vulnerables y silenciados de la sociedad—no recibe ni una fracción de esa atención ni de esos recursos.
En una provincia con la densidad poblacional de Chubut, donde la microscópica porción de la población con conflictos de identidad de género no justifica la estructura burocrática montada, resulta imperativo preguntarse: ¿por qué existe una “oficina de género y diversidad” dentro de una Fiscalía? La función del Ministerio Público Fiscal es perseguir el delito, sin distinción. No es un área de contención social ni un centro de adoctrinamiento. La creación de estas estructuras paralelas implica un drenaje de dinero público que debería destinarse, prioritariamente, a fortalecer las fiscalías especializadas en delitos que realmente azotan a los chubutenses: el abuso infantil, la violencia intrafamiliar contra los ancianos y la inseguridad cotidiana. Un caso llro es el del geriátrico de Trevelin en donde la fiscalía ha cajoneado denuncias, que ya ampliaremos.
Mientras los operadores judiciales viajan de un municipio a otro para “consolidar vínculos” y hablar de “entrevistas y derivaciones”, las víctimas reales—los abuelos golpeados por sus cuidadores, los niños atrapados en entornos de abuso—podrían contar con un mejor servicio mucho más eficiente. La estrategia de “presencia territorial” que pregona el MPF no debería ser una excusa para la militancia ideológica, sino un verdadero despliegue de recursos para garantizar la seguridad y la justicia para todos los habitantes, sin discriminación ni privilegios para agendas sectoriales.
Es hora de que la ciudadanía de Chubut exija que cada peso de los fondos públicos se justifique con resultados concretos en la lucha contra el delito, no con folletos de autoayuda institucional ni con la expansión de una burocracia que solo sirve para alimentarse a sí misma.
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