El Gobierno avanza en el Senado con un proyecto que limita expropiaciones, acelera desalojos y elimina restricciones a extranjeros para comprar tierras rurales.
El Senado comenzó a debatir este miércoles en comisiones el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas centrales del paquete de reformas impulsado por la administración de Javier Milei. La propuesta busca blindar el derecho a la propiedad, acotar las facultades del Estado para expropiar bienes y agilizar los procesos de desalojo, en una jornada que convocó a más de veinte especialistas en el Salón Azul del Congreso.
Expropiaciones: más límites y pago total previo
Uno de los ejes más fuertes del texto es la reforma del régimen de expropiaciones. El proyecto establece una definición más restrictiva del concepto de “utilidad pública”, exige justificar cada medida de forma específica y proporcional, y obliga al Estado a pagar la indemnización total antes de tomar posesión del inmueble. Además, incorpora el lucro cesante dentro de la compensación y actualiza los montos por inflación más intereses comerciales.
Desalojos más rápidos y menos trabas judiciales
En materia de desalojos, la iniciativa propone que los trámites pasen a ser sumarísimos, el proceso más breve del Código Procesal. Se habilita la desocupación anticipada del inmueble incluso antes de una sentencia firme, se elimina la caución real como requisito –reemplazada por una declaración jurada del propietario– y se fija un plazo de apenas tres días de intimación previa ante la falta de pago.
Barrios populares: fin de la expropiación generalizada
El proyecto también modifica el régimen de integración socio urbana. Se elimina la expropiación masiva de terrenos en barrios populares y se habilitan mecanismos alternativos como la usucapión. Asimismo, se suprimen artículos que actualmente suspenden los desalojos y se otorga mayor participación a provincias y municipios en la gestión de estos territorios.
Campo: caen las restricciones a extranjeros
Otro punto de alto impacto es la modificación de la ley de Tierras Rurales. La reforma propone eliminar el tope del 15% del territorio nacional en manos extranjeras, quitar los límites por nacionalidad y suprimir el máximo de 1.000 hectáreas en la zona núcleo. Solo se mantendrán restricciones para Estados extranjeros y organismos públicos.
Manejo del fuego: menos años de protección ambiental
El proyecto elimina el plazo de 60 años de protección sobre tierras incendiadas y reduce las restricciones posteriores al fuego. La protección plena se conserva para bosques nativos, mientras que se flexibiliza el uso del suelo en pastizales y otras áreas, lo que podría facilitar cambios de destino de la tierra tras incendios.
El oficialismo busca ahora acercar posiciones para lograr dictamen en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, y así avanzar hacia su sanción en el recinto.
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