El Gobierno activó en Casa Rosada la discusión de una reforma tributaria clave para atraer inversiones y potenciar la competitividad de Argentina.
La Casa Rosada volvió a ser escenario de debate político y económico con una nueva reunión del Consejo de Mayo, órgano creado por el presidente Javier Milei para consensuar las reformas estructurales de su gestión. En esta oportunidad, el eje fue la reforma tributaria, un proyecto que busca simplificar el sistema impositivo, reducir la presión fiscal y brindar mayor previsibilidad a empresas e inversores.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, encabezó el encuentro junto a representantes de los sectores político, empresarial y sindical. También participaron figuras clave como el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y dirigentes de la UIA y la UOCRA. La masiva convocatoria reflejó la importancia del tema y el interés por avanzar hacia un esquema tributario más eficiente.
La propuesta del Gobierno apunta a concentrar la recaudación en un número reducido de impuestos, eliminando cargas menores que solo generan burocracia y facilitan la evasión. Hoy en Argentina conviven 155 tributos distintos, pero apenas diez de ellos explican más del 90% de la recaudación, según el IARAF. Milei sostiene que reducir y ordenar el sistema es indispensable para impulsar la inversión y el empleo.
El Presidente fue claro: primero bajarán los impuestos para dar competitividad al país, luego se avanzará en la modernización laboral y, con ese marco, se abrirá la economía sin generar desempleo. La lógica es simple: menos presión fiscal significa más inversión, más producción y mejores salarios.
Este camino, denominado por el Gobierno como “reformas de segunda generación”, busca sentar las bases para que Argentina se convierta en un país atractivo para el capital extranjero y, al mismo tiempo, genere un entorno justo para las empresas locales que hoy enfrentan desventajas frente a competidores internacionales.
Si bien algunos dirigentes opositores remarcaron que el Consejo de Mayo no reemplaza el debate parlamentario, la iniciativa marca una señal positiva: el Estado busca acuerdos amplios para lograr transformaciones profundas. Se espera que en diciembre se presente un documento final con las propuestas que serán elevadas al Congreso en 2026.
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