En un fallo que desarma operativamente a las fuerzas de seguridad y pone en riesgo la paz social, un juez federal declaró la nulidad del protocolo antipiquetes. La decisión, ampliamente celebrada por sectores que promueven la extorsión vial, desata una peligrosa etapa de impunidad para quienes cortan calles, trabando el accionar policial y dejando desprotegidos a los ciudadanos que solo quieren vivir y trabajar en paz. El Gobierno nacional confirmó que apelará la resolución, reafirmando que no dará ni un paso atrás en la defensa del orden.
La medida judicial, dictada por el magistrado Martín Cormick, no solo invalida un marco regulatorio claro y efectivo, sino que constituye un claro aval al caos. Al tumbar el protocolo, el fallo desprovee a las fuerzas federales de herramientas clave para prevenir y desarticular bloqueos ilegales, dejando a merced de grupos disruptivos la circulación, el trabajo y la tranquilidad de millones de argentinos.
Este pronunciamiento es un golpe directo al corazón de la seguridad ciudadana. El protocolo, sustentado en fundamentos técnicos y jurídicos, fue la herramienta que permitió recuperar el orden y terminar con la larga etapa de extorsión y desorden en las calles. Su anulación representa un retroceso inadmisible, impulsado por una visión judicial que parece priorizar los intereses de minorías violentas sobre el derecho constitucional a la libre circulación de la mayoría.
La reacción del Gobierno fue inmediata y contundente. El Ministerio de Seguridad, liderado por Alejandra Monteoliva, anunció la apelación de la decisión, calificándola como un intento de la “vieja política” por reinstaurar el desorden. “Sin protocolo no hay orden, hay caos”, afirmó la ministra, subrayando la determinación de defender a toda costa el instrumento que devolvió la tranquilidad a los argentinos.
Desde el ámbito político, figuras como la senadora Patricia Bullrich cargaron contra la resolución. Bullrich señaló con firmeza que quienes festejan el fallo son “los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización”, mientras que los perjudicados son siempre los mismos: los ciudadanos productivos. “El orden no se negocia. No daremos ni un paso atrás”, sentenció la exministra, cuyo liderazgo fue clave en la implementación original del protocolo.
La batalla legal recién comienza, pero el mensaje social ya está enviado: una parte de la Justicia opta por atar de manos al Estado, protegiendo de facto a quienes quebrantan la ley y hostigan a la sociedad. La apelación gubernamental se erige así no solo como un recurso legal, sino como una defensa necesaria del sentido común y del derecho fundamental a la paz pública.
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