En Puerto Madryn arrestan a un travesti (mujer trans según la fiscalía) por presunto abuso sexual gravemente ultrajante a un niño en una peluquería.
La Fiscalía de Puerto Madryn abrió una investigación contra un travesti identificado como A.C., imputado por la presunta comisión del delito de abuso sexual gravemente ultrajante contra un menor de edad. El hecho habría ocurrido cuando el menor se encontraba en una peluquería y el acusado prestaba servicios de corte de cabello.
La funcionaria de la Fiscalía, Camila Martinovich, solicitó la detención de A.C. luego de que el imputado no se presentara ni al examen mental obligatorio ni a la audiencia de Cámara Gesell, instancias fundamentales para avanzar en la investigación. La medida se dictó tras formalizarse la imputación y abrirse la investigación penal preparatoria. Actualmente, A.C. se encuentra en arresto domiciliario, tras acceder la judicatura al pedido de la defensa pública.
La causa se encuentra aún en su fase preliminar de investigación, con intervención de equipos técnicos y peritos especializados que recabarán pruebas para la siguiente etapa: la realización de la audiencia de Cámara Gesell. Según el artículo 119 del código penal nacional, el delito de abuso sexual gravemente ultrajante contempla penas de entre cuatro y diez años de prisión cuando la conducta reviste carácter humillante o degradante, y se comete contra niñas, niños o adolescentes.
Desde el ámbito judicial subrayan la importancia de los exámenes psicológicos, psiquiátricos y la Cámara Gesell para garantizar el debido proceso y proteger la víctima, así como la necesidad de actuar con celeridad cuando se trata de menores. La detención de la imputada responde en parte a la falta de colaboración con esas instancias, lo cual, según fuentes jurídicas, puede entorpecer la investigación.
Este episodio alarma nuevamente al colectivo de protección de menores y al público en general, que exigen mayor control, protocolos claros y sanciones efectivas para garantizar que espacios vulnerables —como una peluquería— no se transformen en escenarios de abuso. Al mismo tiempo, plantea interrogantes sobre cómo los mecanismos de defensa, imputación y procesamiento se activan cuando la víctima es menor y el presunto agresor representa un servicio de confianza.
El caso sigue bajo la lupa de los equipos de investigación y del sistema judicial. Habrá que esperar el desarrollo de la Cámara Gesell, el dictamen de los peritos y las decisiones que adopte la fiscalía para dilucidar responsabilidades y medidas de resguardo hacia la víctima.
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