Mientras CONADU prepara una semana de paro nacional, el Gobierno denuncia que las universidades públicas resisten auditorías. La realidad muestra a simple vista, una serie de despilfarros insultantes destinados a mantener estudiantes eternos, curros, cargos innecesarios, eventos inconcebibles y hasta bienes de lujo.
El paro de CONADU y el muro de la opacidad
En medio de una creciente tensión institucional, el sistema universitario público argentino se encamina hacia un nuevo paro general para exigir a todos los argentinos que sigan pagando la fiesta universitaria.
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) resolvió convocar a una semana completa de paro nacional a partir del 26 al 30 de mayo, con jornadas de protesta, clases públicas y acciones callejeras en todas las universidades. Pero lo que los gremios presentan como una defensa de la educación pública es, a la luz de los números oficiales, otra cosa: una muralla de opacidad que impide que el dinero de los argentinos sea auditado.
El paro es, además, una buena excusa para no trabajar y permanecer de juerga mientras siguen cobrando sus salarios y destruyendo el futuro de los estudiantes, es decir, destruyendo el futuro de los argentinos.
El Presidente Javier Milei fue contundente al respecto: “La universidad pública y gratuita no está en discusión; por eso las queremos auditar”. En un acto oficial, fustigó a quienes “prostituyen una causa noble” para mantener “sus curros” y señaló el absurdo de quienes defienden la universidad mientras usan “autos caros de 90.000 dólares y tremendos choferes que cobran 13 millones de pesos”. El mandatario advirtió que la universidad ha dejado de ser “una herramienta de movilidad social para convertirse en un obstáculo”.
Un presupuesto más que suficiente.
Los datos que maneja el Gobierno son lapidarios. Según las cifras oficiales, el presupuesto universitario previsto para 2026 alcanza los 4,8 billones de pesos. Una cifra muy superior a lo que se presupuestaba años atrás.
Pero la cuestión de fondo no es cuánto se gasta, sino en qué y cómo se gasta. La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y vetada por el Ejecutivo, sigue sin aplicarse dado que la ley no dice de dónde hay que sacar los fondos para el cumplimiento de lo allí expuesto.
Básicamente, sucede lo mismo de siempre: sectores populistas y de izquierda creen que el Estado es una fábrica infinita de billetes y que en base a esa fabricación sin sustento se puede y «se debe» financiar el despilfarro universitario; así nos fue con el kirchnerismo que emitía moneda para beneplácito de subnormales, destruyendo al país generando una inflación superios al 300% anual y creciendo.
El Gobierno nacional insiste en que la implementación de esa ley implica un gasto sin respaldo financiero que comprometería el superávit fiscal. Por eso, la Casa Rosada presentó en 2026 un proyecto alternativo que fija una recomposición del 12,3% sobre la pérdida de 2025. Para los gremios docentes, esa oferta es insuficiente. Para el Gobierno, es lo máximo que se puede dar sin caer en el despilfarro.
Los costos de la universidad militante
El problema estructural, sin embargo, es más grave que una discusión presupuestaria. Las universidades públicas fueron cooptadas por grupos de izquierda y kirchneristas, aunque también hay casas de estudio que históricamente funcionaron como “cajas recaudadoras” del radicalismo, motivo por el cual ese partido se niega también a transparentar los gastos. En cualquiera de los casos, el resultado es el mismo: despilfarro de dinero público.
Los números lo confirman. Entre 2015 y 2024, la cantidad de cargos docentes en las universidades nacionales creció un 24%, pasando de 179.138 a 222.115 puestos. Ese incremento no fue acompañado por una mejora en los indicadores de egreso. Por el contrario, la tasa de graduación argentina se ubica en la mitad de la tabla regional, según datos del Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad. En ese contexto, sobresale el fenómeno de los “alumnos eternos”: estudiantes que permanecen años en las aulas sin avanzar en sus carreras, utilizados a menudo como carne de militancia política.
Además, el Ejecutivo señala que el 70% del gasto universitario se destina a salarios docentes y no docentes. La propia Universidad de Buenos Aires reconoce que en 2024 su presupuesto total fue de 590 mil millones de pesos, de los cuales el 85% se fue en salarios y apenas el 15% en gastos de funcionamiento. Esto indica que el sistema está sobredimensionado en términos de personal, una bomba de tiempo que ningún gobierno anterior quiso desactivar.
En la siguiente imagen, podemos apreciar claramente a qué se dedica el ámbito universitarios: a gastar recursos en ideologías absurdas en vez de invertir en prácticas profesionales en materias que el país necesita. El dinero de los argentinos se gasta también en la «construcción de universidades feministas», algo no solamente ilógico, absurdo y abobinable, sino ilegal, por ser ampliamente discriminatorio.
El caso Chubut: un ejemplo de la crisis nacional
En la provincia de Chubut, la situación es un reflejo exacto del conflicto nacional. Los docentes universitarios de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) suelen adherir a este tipo de medidas en el marco de un «plan de lucha» que vienen desarrollando desde principios de año. El secretario gremial de la Asociación de Docentes Universitarios (ADU), Juan Pablo Simonetti, cuestionó la postura del Gobierno nacional y aseguró que hasta el momento no hubo respuestas satisfactorias a los planteos del sector.
La calidad educativa de esa universidad es simplemente paupérrima, amén de los títulos truchos expedidos a personas «amigos de los dirigentes» a los que fraguaron sus calificaciones. Es simplemente, un tipo de universidad que debiera ser desmantelada completamente y vuelta a rehacer, pero con personal idóneo y de ética incuestionable.
Una universidad menos que mediocre utilizada como unidad básica para que delincuentes condenados por la justicia den cátedra y sean adulados por los parásitos que alimentan ese despilfarro.
En lugar de aceptar una auditoría que permita determinar si esos recursos se están administrando con eficiencia, las autoridades de la UNPSJB se han sumado a la ola de paros y protestas.
La hipocresía del silencio cómplice
Lo más indignante es la doble moral de los sectores que hoy se movilizan. Durante el gobierno anterior, cuando el presupuesto universitario sufrió grandísimos recortes y atrasos en los pagos, no hubo tomas masivas, ni paros prolongados, ni marchas federales. Esos mismos grupos de choque que hoy bloquean facultades y acampan en las calles permanecieron en silencio cómplice mientras los fondos se licuaban. No denunciaron el crecimiento desmedido de la planta docente ni la baja tasa de egreso. Tampoco cuestionaron la existencia de “alumnos eternos” que convierten las universidades en espacios de militancia política en lugar de centros de formación profesional.
El silencio de entonces contrasta con la virulencia de ahora. No se trata de defender la educación pública, sino de defender privilegios enquistados. La CONADU y las organizaciones gremiales que la acompañan saben que una auditoría independiente pondría al desnudo las cuentas turbias, los gastos suntuarios, los viajes injustificados, las contrataciones discrecionales y las partidas que se desvían hacia actividades políticas. Por eso resisten con uñas y dientes cualquier intento de control.
El paro como escudo de la impunidad
El paro declarado por la CONADU para la semana del 25 de mayo no es una medida gremial más. Es la respuesta corporativa de un sistema que se niega a ser auditado. Es el grito de quienes saben que, si se abren los libros, se acabó la fiesta del dinero público.
El Gobierno nacional tiene razón en exigir transparencia. Antes de aumentar el presupuesto, hay que saber en qué se gasta. Y eso solo es posible con una auditoría integral, independiente y vinculante. Las universidades públicas argentinas no necesitan más fondos sin control: necesitan control para que los fondos que ya tienen lleguen a quienes realmente los necesitan: los estudiantes que quieren formarse, los docentes que enseñan con vocación y los investigadores que producen conocimiento.
Mientras tanto, los paros seguirán. Pero que nadie se engañe: no defienden la educación, defienden la impunidad.
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