La situación que hoy enfrenta el Municipio de Corcovado es muy grave. Deberá afrontar gastos por $450.000.000 más abultados honorarios multimillonarios de los abogados, los que ganaron y los que perdieron.
El problema tiene su origen en un reclamo de un vecino por el escurrimiento de aguas hacia su propiedad y terminó convirtiéndose en un proceso judicial con un fuerte impacto económico para las arcas municipales. La causa atravesó distintas instancias y tuvo como representante legal del Municipio al abogado Christian Pasquini.
Tras la sentencia de primera instancia y su posterior confirmación por la Cámara, el caso llegó al Superior Tribunal de Justicia, pero el recurso presentado por la defensa municipal fue declarado desierto por el máximo tribunal provincial.
En términos particularmente críticos, los jueces cuestionaron la labor recursiva a cargo de Pasquini y señalaron que no se habían controvertido adecuadamente algunos de los fundamentos centrales de las decisiones anteriores. El resultado dejó firme la obligación de ejecutar una obra cuyo costo estimado ronda los $450 millones, además de afrontar importantes honorarios y costas judiciales.
El conflicto comenzó cuando Saturio Pedraza promovió una acción preventiva de daños contra la Municipalidad de Corcovado, solicitando que se realizaran las obras necesarias para hacer cesar el escurrimiento de aguas hacia su propiedad, situación que atribuyó a la obra de adoquinado realizada sobre la avenida Belgrano.
La jueza que intervino en primera instancia analizó la prueba incorporada al expediente y entendió acreditados tanto el daño como su vinculación con la obra de pavimentación. Según la resolución, la construcción del pavimento se realizó sin la correspondiente canalización superficial de los desagües pluviales generados por la obra, modificando sustancialmente el escurrimiento de las aguas hacia el inmueble de Pedraza.
Por ese motivo, condenó a la Municipalidad a realizar las obras necesarias para hacer cesar de manera inmediata y definitiva las molestias ocasionadas por el escurrimiento.
La Municipalidad apeló, pero…
La decisión fue apelada por la Municipalidad de Corcovado, mediante la representación del abogado Christian Pasquini pero la Cámara de Apelaciones confirmó el fallo, desestimando la apelación. Entre los elementos considerados, destacó la modificación en el comportamiento del agua: según surge de las actuaciones, antes de la obra el terreno absorbía aproximadamente el 80% del agua y escurría el 20%. Después, la relación habría pasado a ser prácticamente inversa: alrededor del 90% del agua escurriría y sólo un 10% sería absorbido.
Para los magistrados, esa modificación agravaba el perjuicio y justificaba la necesidad de revertir la situación mediante las obras ordenadas.
La Cámara también modificó los honorarios profesionales del abogado de Pedraza, estableciendo su regulación en relación con el costo de las obras.
El caso llegó al Superior Tribunal
La Municipalidad recurrió nuevamente la decisión y el planteo llegó al Superior Tribunal de Justicia de Chubut.
Sin embargo, el máximo tribunal provincial declaró desierto el recurso al considerar que no reunía los requisitos necesarios para habilitar una revisión de la sentencia.
La resolución contiene un cuestionamiento concreto a la forma en que fue planteada la defensa municipal. El fallo sostiene:
“La pieza recursiva en análisis se diluye en una reiteración de argumentos expuestos en la apelación primigenia interpuesta contra la sentencia de 1ª instancia”.
El Superior Tribunal agregó que el apelante no había llevado adelante “la actividad recursiva con un mínimo de apego a la naturaleza del remedio que insta” y remarcó que la Municipalidad debió cuestionar determinados fundamentos centrales de las decisiones anteriores y que, según los jueces, no lo hizo.
La consecuencia fue determinante: el recurso fue declarado desierto y quedaron firmes las decisiones anteriores que ordenaban realizar las obras necesarias para solucionar el problema de escurrimiento.
Una condena de cientos de millones
El impacto económico del caso es significativo.
Las obras necesarias para cumplir con la sentencia fueron estimadas por el perito en una suma cercana a los $450 millones, de acuerdo con los valores que surgen de las actuaciones.
A ese monto deben agregarse honorarios y costas judiciales. Según las regulaciones y cálculos que surgen del expediente, el impacto adicional podría rondar los $148 millones.
Dentro de esa suma aparecen también los honorarios vinculados con la actuación ante el Superior Tribunal, incluyendo un monto superior a $30 millones relacionado con el recurso que finalmente fue declarado desierto.
De esta manera, una controversia originada en el escurrimiento de aguas terminó generando una obligación que podría representar para las arcas municipales una erogación total cercana a los $600 millones, entre obras, honorarios y costas, si se mantiene como base el costo estimado de $450 millones.
Lo que muestra el recorrido judicial
El caso atravesó primera instancia, Cámara de Apelaciones y llegó posteriormente al Superior Tribunal de Justicia. Las dos primeras instancias entendieron acreditada la existencia del perjuicio y su relación con la modificación del escurrimiento de las aguas provocada por la obra vial.
El máximo tribunal provincial no modificó esas decisiones. Por el contrario, declaró desierto el recurso presentado por la Municipalidad debido a las deficiencias señaladas en el planteo.
Por eso, más allá de las discusiones que puedan existir actualmente sobre la pericia, la actuación judicial o las características del terreno, existe un dato procesal concreto: la obligación de realizar las obras fue establecida en primera instancia, confirmada por la Cámara y quedó firme luego de la resolución del Superior Tribunal.
La actuación de Pasquini, bajo la lupa
Uno de los puntos que necesariamente surge al analizar el expediente es la actuación del abogado Christian Pasquini, quien tuvo a su cargo la defensa de la Municipalidad.
No se trata solamente de una valoración política o periodística. El propio Superior Tribunal cuestionó la técnica utilizada en el recurso presentado ante ese cuerpo y sostuvo que se habían reiterado argumentos anteriores sin atacar de manera concreta algunos de los fundamentos de las decisiones que se pretendían revertir.
La consecuencia fue que el recurso terminó siendo declarado desierto y la Municipalidad perdió esa instancia de revisión.
En un proceso que puede comprometer cientos de millones de pesos de recursos públicos, el dato no es menor. La discusión ya no pasa únicamente por el contenido de la sentencia original, sino también por la estrategia utilizada para defender los intereses del Municipio y por las consecuencias económicas que tuvo el resultado de esa actuación profesional.
El caso deja, así, una pregunta que deberá responderse con el expediente en la mano: ¿podría haberse defendido de otra manera el interés del Municipio ante el máximo tribunal provincial y evitado que un recurso de semejante importancia terminara siendo declarado desierto?
Deja una respuesta