El titular y editor del portal periodístico Chubut Online, presentó una denuncia penal formal ante el Ministerio Público Fiscal con el objetivo de que se investigue el origen de las graves manifestaciones realizadas por la fiscal jefe de Esquel, María Bottini, durante una audiencia judicial celebrada el pasado 8 de julio de 2026 en la que alocadamente acusó a este medio de enviarle mensajes intimidatorios. La presentación busca el esclarecimiento objetivo de los hechos que la fiscal puso en conocimiento público y que constituyeron una grave y bochornosa falacia acusatoria sin base alguna. Bottini no presentó ni la más mínima prueba que vincule a este medio con los supestos mensajes que dice haber recibido. De hecho, es imposible que presente pruebas porque el hecho jamás existió. Jamás le enviamos mensaje alguno.
Chubut Online no está involucrado ni ligado a ninguna causa penal de ningún tipo y la fiscal realizó sus alocadas acusaciones en una audiencia de un caso con el que no tenemos ni la más mínima relación ni interés.
De ser necesario, Chubut Online llegará a la Corte Suprema de Justicia u organismos internacionales debido a que se ha evidenciado un corporativismo judicial tendiente a proteger a los funcionarios que cometen falacias dentro del Poder Judicial; un hecho vergonzoso y repudiable que demuestra la precariedad con la que se maneja la justicia en nuestra provincia.
El escrito, presentado por Juan A. Zuoza en su carácter de titular y editor responsable del medio digital, busca determinar si las afirmaciones de Bottini—quien aseguró haber recibido mensajes intimidatorios de números “desconocidos” y que, sin embargo, los atribuyó a Chubut Online y a abogados de la matrícula—tienen asidero en la realidad o si, por el contrario, se trata de una suplantación de identidad realizada por terceros, o de una burda invención vergonzosa y falaz de la fiscal. La investigación determinará eventuales responsabilidades, y recién entonces se evaluará la situación procesal de la fiscal si se comprueba que sus dichos carecen de sustento fáctico.
Así hubiese sido engañada la fiscal, por terceros aún desconocidos, su actuación en la audiencia no corresponde en lo más mínimo con el accionar que debe tener un fiscal.
Una denuncia para exigir que se esclarezcan los dichos de Bottini.
En su presentación, Zuoza enfatiza que la denuncia tiene como objeto que el Ministerio Público Fiscal investigue si existió una utilización indebida de su identidad o de la identidad del portal periodístico. El denunciante aclara que, de comprobarse que las manifestaciones públicas efectuadas por la funcionaria respecto de su persona o del medio periodístico no tuvieron respaldo en hechos reales, recién entonces deberá determinarse la eventual responsabilidad que pudiera corresponderle conforme a las circunstancias que surjan de la pesquisa.
El titular de Chubut Online sostiene que nunca mantuvo comunicación con la fiscal, ni personal ni institucionalmente, salvo un pedido de informes sobre la posible contratación por parte de la fiscalía de un pariente directo de Ricardo Bustos, íntimo amigo de Bottini, cursado en 2025, que fue respondido por correo electrónico desde la oficina judicial. «En los últimos años nunca remití comunicación alguna a la Dra. María Bottini, ya sea personalmente, telefónicamente, mediante mensajes de texto, WhatsApp, correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación«, afirma el denunciante. Asimismo, aclara que desconoce el contenido, origen y autores de los mensajes mencionados por la fiscal.
El editor también deslinda al medio de cualquier vinculación con la causa conocida como «Aonikenk» y con las personas imputadas en ella. «No mantengo relación personal, comercial, profesional ni de cualquier otra naturaleza con las personas imputadas… que permita inferir un interés particular de mi parte en el resultado de dicho proceso«, sostiene, añadiendo que su conocimiento del caso es meramente superficial.
Las declaraciones bajo la lupa judicial
Durante la audiencia del 8 de julio, Bottini manifestó haber recibido mensajes desde números desconocidos, y los vinculó sin elemento alguno de prueba al portal Chubut Online y a abogados de la matrícula, mediante los cuales se le habría exigido «levantarle la pata» al imputado Jorge Vernengo bajo la amenaza de continuar con un hostigamiento mediático hacia su persona.
La denuncia de Chubut Online solicita que se investigue si efectivamente existieron esas comunicaciones, quiénes fueron sus autores y si se utilizó indebidamente la identidad del medio para atribuirles un origen inexistente. En caso de que se determine que tales comunicaciones nunca existieron o no tuvieron las características expuestas, la investigación deberá esclarecer dicha circunstancia, atento a la relevancia institucional de las manifestaciones efectuadas por una funcionaria judicial en ejercicio de su cargo.
Medidas probatorias solicitadas
Para garantizar el esclarecimiento de los hechos, la denuncia solicita la producción de diversas medidas probatorias de carácter urgente, entre las que se destacan:
- El requerimiento a la fiscal Bottini para que ponga a disposición la totalidad de sus dispositivos electrónicos para la extracción forense de la información, garantizando la cadena de custodia.
- La individualización de los números telefónicos desde los cuales Bottini afirma haber recibido las comunicaciones.
- Oficios a empresas prestatarias de servicios telefónicos y plataformas de mensajería para determinar la titularidad, origen y trazabilidad de las líneas involucradas.
- El pedido de copia certificada del registro audiovisual completo de la audiencia del 8 de julio a la Oficina Judicial de Esquel.
- El cotejo de las líneas telefónicas registradas a nombre del denunciante y del portal con aquellas desde las cuales se habrían enviado los mensajes.
La denuncia de Gerosa Lewis que entraría en breve.
En las próximas horas, se espera que el reconocido abogado Ricardo Tomás Gerosa Lewis presente una denuncia penal de características similares ante el Ministerio Público, también orientada a investigar las afirmaciones de la fiscal Bottini. El letrado, quien fue mencionado expresamente por la funcionaria durante la audiencia como la persona responsable de los mensajes y las presiones, ya había enviado una carta documento a Bottini intimándola a cesar en sus manifestaciones y a rectificarlas públicamente, aunque la pieza no fue recibida alegándose que la fiscal se encontraba de vacaciones; una aberración procedimental inaceptable que sucedió bajo la órbita de la jefatura de Bottini.
En esa carta, Gerosa Lewis negó categóricamente mantener relación alguna con el Sr. Jorge Vernengo que pudiera justificar una actuación en su favor, y sostuvo que jamás mantuvo comunicación con la fiscal, ni ejerció presión ni amenaza alguna. Su futura presentación buscará determinar si existió una utilización ilegítima de su identidad para aparentar comunicaciones inexistentes o si, como en el caso del medio digital, las manifestaciones de Bottini carecen de todo respaldo fáctico.
Gerosa Lewis ampliaría aún más las medidas solicitadas y estaría dispuesto a convocar a los peritos informáticos de mayor prestigio en el país para dar con la trazabilidad de los mensajes, si es que estos realmente existieron.
Según fuentes expertas consultadas, si los mensajes existieron, los verdaderos responsables serían descubiertos mediante técnicas de rastreo avanzadas que darían cuenta de los titulares de las líneas, su geolocalización y datos precisos que no pueden ser borrados.
Próximos pasos de la investigación
La denuncia penal de Chubut Online ya fue formalizada y se espera que el Ministerio Público Fiscal disponga la apertura de la investigación correspondiente. El denunciante solicitó que las medidas de preservación de evidencia digital se ordenen con carácter urgente, ante el riesgo de que los dispositivos electrónicos de la fiscal puedan ser alterados o que la información contenida en ellos sea eliminada.
El accionar de la fiscal Bottini, que ya concitaba la atención pública por sus implicancias judiciales, suma ahora un nuevo elemento de controversia que pone en el centro del debate la actuación de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal, la necesidad de transparencia en las investigaciones y el respeto por la libertad de prensa y el derecho al honor de las personas involucradas.
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