Un nuevo capítulo se abre en el caso del magistrado Petris, cuya situación judicial y administrativa vuelve a poner en discusión los mecanismos de control sobre los funcionarios judiciales y los tiempos de respuesta institucional.
Cabe recordar que el juez fue previamente sumariado por el Consejo de la Magistratura, que resolvió por unanimidad remitir las actuaciones al Tribunal de Enjuiciamiento con el objetivo de avanzar en un proceso de destitución. En ese marco, y considerando la gravedad de los cargos imputados, dicho tribunal dispuso su suspensión preventiva por el plazo de cuatro meses, al tiempo que ordenó la continuidad del proceso.
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Sin embargo, la secuencia posterior introdujo un elemento que complejiza el escenario. Petris, conocedor de los resortes del sistema, solicitó una licencia médica por un tratamiento de larga duración. De acuerdo a fuentes consultadas, el magistrado se habría trasladado a la Ciudad de Buenos Aires, donde continuaría desarrollando una vida normal, lo que genera interrogantes sobre el uso de este tipo de licencias en contextos disciplinarios.
Según trascendió, la estrategia del juez apuntaría a dilatar los tiempos del proceso con el objetivo de acceder a una jubilación provincial, significativamente superior a la que percibiría a través del sistema nacional (ANSES). En los hechos, la licencia tuvo un impacto inmediato: el Tribunal de Enjuiciamiento resolvió suspender el procedimiento mientras se mantuviera dicha situación. Inconcebible, pero real.
No obstante, un nuevo giro se produjo a partir de una presentación del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En una nota formal, el organismo requirió información sobre la situación de Petris, quien —llamativamente— integraba un listado de juristas invitados a participar en procesos de selección de jueces en el principal distrito del país. Todo indica que el objetivo era evaluar su eventual exclusión de ese ámbito.
Este requerimiento parece haber actuado como catalizador. El Tribunal de Enjuiciamiento revisó en profundidad el estado del expediente y resolvió retomar el proceso. En su decisión, sostuvo que era necesario avanzar “a fin de preservar la seriedad del proceso y la confianza de la población en el funcionamiento de las instituciones, que exige conocer en un plazo razonable lo relativo a la eventual conveniencia de la continuidad en el cargo de un magistrado judicial, máxime cuando los cargos han sido formulados por unanimidad por el Consejo de la Magistratura”.
En consecuencia, el tribunal dispuso “la prosecución inmediata de la causa conforme a su estado actual”, reactivando así un proceso que había quedado en suspenso.
La resolución del Tribunal de Enjuiciamiento
En la resolución dictada, además, el Tribunal de Enjuiciamiento fue explícito respecto de la trascendencia institucional del caso. Señaló que en el procedimiento se encuentra en juego “la tutela de los bienes públicos” y “el adecuado funcionamiento de las instituciones de gobierno”, al tiempo que reconoció el derecho del magistrado “a que su situación sea esclarecida mediante una decisión en un plazo razonable”.
Bajo estos fundamentos, y destacando que no existía causal válida para mantener suspendido el trámite disciplinario, el tribunal resolvió avanzar sin más demoras. En ese sentido, dispuso no solo la continuidad inmediata del proceso, sino también “la efectivización, también de manera inmediata, de la suspensión del Dr. Claudio Alejandro Petris en el ejercicio de sus funciones”, una medida que —según surge del propio expediente— no había sido implementada hasta el momento.
Asimismo, el órgano ordenó comunicar la decisión al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut, a fin de que adopte las medidas necesarias para hacer efectiva la suspensión preventiva. En paralelo, instruyó a la Secretaría a impulsar activamente el expediente, librando comunicaciones, intimaciones y demás providencias necesarias para evitar nuevas dilaciones “incompatibles con la naturaleza constitucional del presente proceso”.
El desafío de evitar desvíos en el sistema
El caso Petris expone, una vez más, las tensiones entre los tiempos administrativos, las garantías individuales y las posibles maniobras dilatorias dentro del sistema judicial. También abre interrogantes sobre los controles efectivos frente a situaciones que, sin ser necesariamente ilegales, pueden erosionar la credibilidad pública en las instituciones.
En este nuevo capítulo, además, se vuelve imprescindible extremar los controles para evitar desvíos que comprometan aún más la confianza en el sistema. En particular, se impone la necesidad de un control riguroso sobre los certificados médicos y las licencias otorgadas: según fuentes consultadas, dichos certificados habrían sido extendidos por un profesional de Esquel, mientras el magistrado se encontraría en la Ciudad de Buenos Aires, lo que añade un elemento adicional de controversia.
Del mismo modo, distintas voces coinciden en que no debería habilitarse una eventual renuncia que le permita acceder a los beneficios de una jubilación en este contexto, ya que ello podría traducirse en una vía de escape frente a un proceso disciplinario en curso.
En definitiva, lo que está en juego excede un caso individual. Se trata de reafirmar que no puede permitirse la utilización de los propios resortes del sistema para desviar o condicionar procesos que resultan esenciales para depurar y fortalecer la magistratura. La respuesta institucional, en este sentido, no solo deberá ser oportuna, sino también ejemplar.-
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