La Cámara de Apelaciones de Washington acaba de asestar un golpe devastador a las arcas del Estado argentino. En un fallo que no admite margen para la sorpresa, el tribunal estadounidense confirmó que la República Argentina deberá desembolsar más de US$390 millones al fondo Titan Consortium como indemnización por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, una decisión que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tomó en 2008 con la soberbia de quien cree que puede disponer del patrimonio de los argentinos sin rendir cuentas a nadie. El fallo, que ratifica en todos sus términos el laudo del CIADI, no solo sella una derrota judicial de proporciones históricas, sino que expone con crudeza el costo fiscal del populismo estatizador que caracterizó a aquella gestión.
El conflicto, que se arrastra desde hace casi dos décadas, tiene un origen tan claro como doloroso: la decisión unilateral del kirchnerismo de reestatizar la aerolínea de bandera, entonces en manos del grupo español Marsans. Cristina Kirchner y su gobierno creyeron que podían expropiar sin pagar, que las leyes internacionales no aplicaban a su proyecto político, que el Estado podía actuar con la impunidad de quien confunde la soberanía con el atropello. Se equivocaron. Y hoy, los argentinos pagan las consecuencias de ese error monumental.
El laudo original del CIADI en 2017 ya había condenado a la Argentina a pagar unos US$320 millones. Pero el kirchnerismo, lejos de negociar un acuerdo razonable o reconocer la deuda, optó por la vía del pataleo judicial: apeló, pidió anulaciones, dilató los tiempos con la esperanza de que el expediente se perdiera en algún cajón burocrático. La estrategia fracasó estrepitosamente. En 2019, el CIADI rechazó el pedido de anulación y la sentencia quedó firme. El monto, mientras tanto, no dejaba de crecer. Los intereses se acumulaban, la deuda se engordaba, y el kirchnerismo miraba para otro lado, como si el problema fuera a resolverse por arte de magia.
La historia judicial de este caso es un manual de cómo no defender los intereses del Estado. El grupo Marsans, propietario original de la aerolínea, transfirió sus derechos al fondo Burford Capital —el mismo que litigó contra Argentina por la expropiación de YPF—, y este, a su vez, los vendió a Titan Consortium por US$107 millones. Titan, lejos de amedrentarse por las tácticas dilatorias del kirchnerismo, presentó en 2021 una petición de reconocimiento y ejecución del laudo ante la Corte de Distrito de Estados Unidos. El gobierno argentino, entonces, intentó esgrimir un argumento de prescripción de tres años. La Justicia estadounidense lo barrió de un plumazo: el plazo aplicable es de doce años. Argentina apeló. Y perdió. De nuevo.
El fallo de la Cámara de Apelaciones de Washington, confirmado esta semana, deja a la Argentina contra las cuerdas. El monto final asciende a US$390.907.115,55 al 10 de diciembre de 2024, sin contar los intereses que siguen corriendo. Pero lo más grave no es el número, por más escalofriante que resulte. Lo más grave es que este fallo habilita formalmente a Titan Consortium a embargar activos soberanos argentinos en Estados Unidos. El fondo ya ha manifestado su intención de rastrear y ejecutar bienes del Estado argentino en todo el territorio estadounidense, incluyendo los colaterales de los Bonos Brady depositados en la Reserva Federal de Nueva York. La pesadilla que el kirchnerismo desató con su soberbia estatizadora amenaza ahora con convertirse en una hemorragia de recursos que pertenecen a todos los argentinos.
La Procuración del Tesoro, en un comunicado que trasluce más impotencia que convicción, anunció que analizará «todas las herramientas legales disponibles para revertir o, al menos, mitigar el impacto de esa sentencia». Pero el gobierno actual, que ya arrastra una herencia de más de US$30.000 millones en deudas por juicios perdidos, sabe perfectamente que revertir un fallo de estas características en la Justicia estadounidense es una quimera. La Procuración intenta, con ese lenguaje burocrático, transmitir la idea de que aún hay margen de maniobra. No lo hay. El kirchnerismo quemó todas las naves cuando decidió que el derecho internacional era un estorbo para sus caprichos políticos.
El caso Aerolíneas Argentinas no es un hecho aislado. Es el síntoma de una manera de gobernar que concibe al Estado como un patrimonio personal, que cree que expropiar es gratis, que supone que los tribunales internacionales son meros espectadores de la soberbia criolla. Cristina Kirchner y su gobierno actuaron con la arrogancia de quienes piensan que pueden saltarse las reglas del juego sin consecuencias. Las consecuencias llegaron. Y son millonarias.
El impacto de este fallo trasciende lo económico. Daña la credibilidad internacional de la Argentina, ahuyenta inversiones, encarece el costo del crédito y alimenta la desconfianza de los mercados. Cada vez que un gobierno populista decide avasallar derechos adquiridos, está sembrando futuras condenas. El kirchnerismo sembró viento con la expropiación de Aerolíneas, y hoy los argentinos cosechan una tempestad de 390 millones de dólares.
La pregunta que deberían hacerse quienes defendieron aquella estatización es sencilla: ¿valió la pena? ¿Valió la pena someter al país a un litigio de casi veinte años, a una condena que no para de crecer, a la amenaza de embargos sobre activos soberanos, por el capricho político de recuperar una aerolínea quebrada? La respuesta es un rotundo no. Pero el kirchnerismo, fiel a su estilo, nunca rinde cuentas. Los que pagan son siempre los mismos: los argentinos de a pie, los que verán cómo esos 390 millones de dólares que podrían haberse destinado a salud, educación o infraestructura, se esfuman en un pozo judicial cavado por la soberbia de una dirigencia que cree estar por encima de la ley.
El fallo de Washington es, en definitiva, una sentencia política tanto como económica. Es el veredicto de la historia sobre una gestión que priorizó el relato por sobre la responsabilidad, la confrontación por sobre el diálogo, la estatización por sobre el respeto a los contratos. El kirchnerismo puede intentar endilgarle la culpa a «factores externos» o a «fondos buitre», pero la realidad es tozuda: la expropiación de Aerolíneas Argentinas fue una decisión soberana de su gobierno. Y las consecuencias, también.
Deja una respuesta