La Justicia de Tierra del Fuego dictó un fallo histórico que ordena la disolución y cancelación de la personería jurídica de LeoLabs Argentina SRL, una empresa de capitales británicos que había instalado un radar en la localidad fueguina de Tolhuin. La decisión, tomada por el juez Gustavo González, responde a una demanda presentada por la Inspección General de Justicia (IGJ) provincial, tras la decisión del Gobierno nacional de revocar en 2023 la autorización para operar el equipo.
El radar se encuentra en pleno territorio continental argentino, a unos 700 kilómetros de las Islas Malvinas, una de las regiones más estratégicas y sensibles del Atlántico Sur. Aunque el proyecto fue aprobado durante la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner bajo la excusa de monitorear basura espacial, desde el principio despertó sospechas por su potencial uso dual —civil y militar—, su ubicación geopolítica y sus vínculos con el gobierno británico.
El magistrado explicó que la IGJ solicitaba la “disolución y liquidación” de la sociedad, pero el tribunal fue más allá luego de analizar informes del Ministerio de Defensa y la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Ambos documentos advertían sobre la capacidad dual del radar, lo que llevó al juez a dejar sin efecto su inscripción provincial. En los hechos, la empresa se queda sin respaldo legal para seguir operando bajo esa estructura.
La acción judicial se inició en septiembre de 2024. Desde la IGJ sostenían que, al carecer de permisos nacionales y provinciales por razones de seguridad nacional, la existencia misma de la sociedad comercial perdía todo sentido conforme a la Ley Nacional de Sociedades.
González aclaró que el fallo, por sí solo, no ordena demoler el radar ni las antenas. Sin embargo, al quitarle personería a la firma, el equipamiento queda en un vacío legal que allana el camino para su retiro o desarme. Ese proceso de desmantelamiento ya es parte de otra causa impulsada por la municipalidad de Tolhuin ante el Superior Tribunal de Justicia fueguino. Según datos de la empresa y el Ejecutivo provincial, el radar se encuentra inactivo. El juez recordó además que existe una medida cautelar de no innovar, por lo que cualquier intento de operar el radar implicaría un incumplimiento judicial grave.
El fallo incluye una exhortación a la IGJ para que extreme los controles preventivos antes de habilitar la instalación de empresas en el futuro. “No es lo mismo una SRL que quiere fabricar zapatos que una empresa que quiere instalar un radar”, sentenció el juez González.
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