A cuatro años del 1 de septiembre de 2022, la fecha en que Fernando Sabag Montiel gatilló una pistola –que no estaba lista para disparar– a centímetros del rostro de Cristina Fernández de Kirchner, el expediente judicial sigue dejando más preguntas que respuestas. El Tribunal Oral Federal N°6 condenó a Sabag Montiel a 10 años de prisión como autor material del intento de homicidio, y a Brenda Uliarte a 8 años como partícipe necesaria. Sin embargo, la sentencia no disipa la inquietud central que atraviesa este caso: ¿realmente estuvo Cristina Kirchner en peligro de muerte, o asistimos a una puesta en escena cuidadosamente calculada?
El arma que no disparó: ¿error o advertencia?
El dato técnico más relevante del caso es, paradójicamente, el que lo desnuda: la pistola no disparó. Según las pericias de la Policía Federal, el arma —una Bersa Lusber 84 calibre .32 (7.65 mm)— era apta para el disparo y contenía munición real en el cargador. ¿Qué impidió entonces la detonación?
Los peritos concluyeron que Sabag Montiel no accionó la corredera de manera manual, por lo cual ninguna bala se montó en la recámara. En otras palabras: el gatillo fue apretado, pero el arma no estaba preparada para disparar.
Expertos en armas de fuego consultados coincidieron en que «lo más seguro es que se olvidara de amartillar el arma. Es un error de novato». Pero aquí reside el primer interrogante: ¿cómo es posible que un individuo que, según la fiscalía, sabía manipular el arma —como lo demuestran fotos y videos previos al atentado— cometiera un error tan elemental en el momento clave?
La defensa de Sabag Montiel apostó a la teoría del «delito imposible», argumentando que el arma no presentaba las condiciones para que el disparo saliera. Sin embargo, los peritos balísticos realizaron 51 disparos de prueba con la misma arma y todos salieron al primer intento. La contradicción es evidente: el arma funcionaba perfectamente, pero en el momento del atentado, no.
¿Simulación programada o marginalidad desesperada?
Frente a esta evidencia, una hipótesis cobra fuerza: ¿podría tratarse de una simulación programada? Si el objetivo hubiera sido realmente asesinar a la vicepresidenta, ¿por qué utilizar un arma que, en manos de un pistolero inexperto, tenía altas probabilidades de fallar? ¿Acaso alguien que planea un magnicidio no se asegura de que el arma esté en condiciones de disparar?
La otra posibilidad, igualmente inquietante, es que quienes ejecutaron el acto no fueran más que marginales, individuos al borde de la sociedad, hartos de una corrupción kirchnerista que durante años fue grosera y vergonzosa. Sabag Montiel, un brasileño afincado en Argentina de 35 años, y Uliarte, su pareja, no tenían antecedentes políticos relevantes. Uliarte participó en marchas de la agrupación ultraderechista Revolución Federal, pero no existe evidencia concluyente de que la organización haya planificado el ataque. Eran, en definitiva, personas sin un aparato político detrás, movilizadas por un odio visceral alimentado por discursos de odio en redes sociales y medios de comunicación.
El propio Sabag Montiel declaró: «Supe que si mataba a Cristina Kirchner venía una guerra civil», y negó tener un móvil político o económico. Sus palabras revelan a un individuo que actuó por convicción propia, no por encargo de una estructura.
La corrupción kirchnerista como caldo de cultivo
No puede analizarse este atentado sin considerar el contexto de corrupción que rodeaba al kirchnerismo. En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N°2 condenó a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad. La fiscalía la acusó de encabezar una «matriz de corrupción extraordinaria» para defraudar al Estado a través de obras públicas en Santa Cruz.
Durante años, los argentinos fueron testigos de una corrupción sistemática y descarada que alimentó el descontento popular. En ese contexto de indignación, no resulta descabellado pensar que individuos marginales, impulsados por la bronca y la desesperación, decidieran tomar justicia por mano propia. No eran sicarios profesionales ni militantes orgánicos: eran personas que, como tantos otros, estaban hartas.
Las sombras que persisten
A cuatro años del hecho, el caso sigue sin esclarecerse por completo. La Cámara Federal de Casación Penal aún debe resolver si corresponde aplicar el agravante de femicidio al ataque, y el gobernador Axel Kicillof cuestionó la falta de avances en la investigación sobre los autores intelectuales.
Pero más allá de las condenas judiciales, las preguntas incómodas persisten: ¿por qué el arma no estaba lista para disparar? ¿Por qué un atacante que sabía usar el arma cometió un error tan básico? ¿Fue realmente un intento de asesinato o una simulación diseñada para generar un relato de víctima y victimización?
La verdad, como la bala que nunca salió, sigue sin dispararse.
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