La provincia instaló un sistema fotovoltaico de 3,6 kW para asegurar energía limpia y continua en el Centro de Monitoreo del Parque Nacional Lago Puelo. Este avance refuerza la sustentabilidad, la innovación y la resiliencia ante emergencias.
Desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Chubut, se concretó una obra estratégica al instalar un sistema solar fotovoltaico de 3600 W en el Centro de Monitoreo del Parque Nacional Lago Puelo, gracias al Programa de Energías Limpias para Hogares y Comunidades Vulnerables (PELHCOV). Con esta decisión, la estructura adquiere autonomía energética, garantizando su operatividad incluso ante cortes eléctricos.
El sistema abastece el edificio principal, donde funcionan la Brigada de Incendios Forestales, la Sala de Situación y el propio centro de monitoreo. Esto permite que sus funciones críticas —desde la vigilancia ambiental hasta la coordinación en emergencias— sigan activas sin depender de la red convencional.
La iniciativa se hizo realidad tras un pedido específico de la Administración de Parques Nacionales, que identificó en este punto un nodo clave para la respuesta inmediata frente a incendios o fenómenos climáticos adversos. Más allá del beneficio inmediato en seguridad, representa un salto hacia la transición energética en la región.
Desde el gobierno provincial destacan que no se trata solo de una fuente alternativa de energía, sino de un proyecto que integra ciencia, tecnología y conservación territorial. Además, se prevé que esta experiencia contribuya a generar conocimiento técnico replicable en otras zonas vulnerables o aisladas de Chubut.
Para la Secretaría de Ciencia y Tecnología, este tipo de desarrollos son parte de una visión a largo plazo: impulsar soluciones energéticas adaptadas al entorno patagónico, promover la investigación aplicada y transferir ese saber al ámbito local —productivo y social— con un fuerte componente de equidad ambiental.
El Gobierno presentó una denuncia penal contra Rodolfo Aguiar (ATE) por supuestas amenazas al orden constitucional al pedir “provocar la crisis” del Ejecutivo.
El Ministerio de Seguridad formalizó una denuncia penal contra Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), por presuntas amenazas contra el orden democrático. Según el escrito, sus declaraciones públicas instando a desestabilizar al Gobierno —“mi trabajo… es provocar la crisis de este Gobierno”— habrían cruzado una línea legal y podrían encuadrar en los artículos 226 y 226 bis del Código Penal.
La denuncia fue presentada por Fernando Oscar Soto, director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales, por orden de la ministra Patricia Bullrich, y quedó alojada en la justicia federal. Para el Ministerio, las expresiones de Aguiar no son meras críticas sindicales sino un llamado deliberado a socavar el mandato popular del presidente.
En su argumentación, el organismo asegura que este tipo de discurso, pronunciado por un líder sindical con amplia difusión en redes como Instagram, X (antes Twitter) y TikTok, representa una amenaza pública idónea para atentar contra la institucionalidad. Destacan además que estas declaraciones provienen de un actor clave en la representación de los trabajadores estatales, lo que, a su juicio, agrava la gravedad del hecho.
El Gobierno pide que se inicie un sumario penal para investigar si se configura el delito de amenaza pública e idónea para afectar el libre ejercicio de las facultades del Poder Ejecutivo. Solicitan que la Justicia federal actúe bajo los artículos mencionados, abriendo así una causa penal formal.
Este episodio cobra relevancia en el contexto de la fuerte tensión política y sindical que atraviesa el país, marcada por el debate alrededor de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. Desde el Ministerio de Seguridad, la denuncia abre una reflexión sobre los límites entre la protesta sindical y la protección institucional, mientras que para muchos analistas se abre un interrogante sobre los riesgos de judicializar la movilización política.
Por su parte, Aguiar y ATE reaccionaron denunciando una criminalización de la protesta. El dirigente acusó al Gobierno de intimidarlo, recurriendo a la Justicia como herramienta para silenciar voces disidentes. En su respuesta, sostuvo que cuestionar públicamente las políticas oficiales no es atentar contra la democracia, sino ejercer la libertad de expresión.
Ahora dependerá del Poder Judicial decidir si las expresiones denunciadas constituyen un delito penal o si forman parte del legítimo ejercicio de la crítica y la protesta sindical.
El Superior Tribunal de Justicia de Chubut confirmó la condena contra el doctor Sergio Fabián Cardozo, declarado culpable de abuso sexual simple en un consultorio médico. Recibió una pena de un año de prisión condicional y se le impuso la inhabilitación permanente para ejercer la medicina.
Este fallo, definitivo en la provincia, responde a una denuncia por una grave violación de la confianza profesional: el vínculo entre médico y paciente quedó vulnerado durante una consulta. El delito ocurrió el 24 de enero de 2022 en Trevelin, en un contexto en el que el paciente confía plenamente en el profesional.
La defensa había apelado en tres instancias: fue rechazada en el juicio de primera instancia, luego por la Cámara Penal y finalmente por el STJ. Argumentaban, por un lado, un mal uso de las pruebas, sosteniendo que se valoró excesivamente el testimonio de la víctima, y por otro, que la prohibición de ejercer la medicina fue solicitada en el tramo final del proceso, lo que les impidió prepararse para defenderse sobre ese punto.
Sin embargo, el tribunal, por unanimidad, desestimó esos planteos: concluyó que la discrepancia con decisiones previas no es motivo suficiente para reabrir la valoración de pruebas, y que su derecho a la defensa no fue vulnerado, ya que se le ofreció a la defensa la posibilidad de suspender la audiencia para preparar su estrategia sobre la inhabilitación, opción que fue rechazada por ellos.
La condena queda así firme en la provincia. Aunque el doctor podría presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ahora no hay más instancias locales para revertir la sentencia.
Este caso subraya la gravedad de los delitos que involucran la violación del vínculo profesional médico-paciente, y la importancia de que la Justicia imponga sanciones que protejan la integridad de personas vulnerables.
En Puerto Madryn arrestan a un travesti (mujer trans según la fiscalía) por presunto abuso sexual gravemente ultrajante a un niño en una peluquería.
La Fiscalía de Puerto Madryn abrió una investigación contra un travesti identificado como A.C., imputado por la presunta comisión del delito de abuso sexual gravemente ultrajante contra un menor de edad. El hecho habría ocurrido cuando el menor se encontraba en una peluquería y el acusado prestaba servicios de corte de cabello.
La funcionaria de la Fiscalía, Camila Martinovich, solicitó la detención de A.C. luego de que el imputado no se presentara ni al examen mental obligatorio ni a la audiencia de Cámara Gesell, instancias fundamentales para avanzar en la investigación. La medida se dictó tras formalizarse la imputación y abrirse la investigación penal preparatoria. Actualmente, A.C. se encuentra en arresto domiciliario, tras acceder la judicatura al pedido de la defensa pública.
La causa se encuentra aún en su fase preliminar de investigación, con intervención de equipos técnicos y peritos especializados que recabarán pruebas para la siguiente etapa: la realización de la audiencia de Cámara Gesell. Según el artículo 119 del código penal nacional, el delito de abuso sexual gravemente ultrajante contempla penas de entre cuatro y diez años de prisión cuando la conducta reviste carácter humillante o degradante, y se comete contra niñas, niños o adolescentes.
Desde el ámbito judicial subrayan la importancia de los exámenes psicológicos, psiquiátricos y la Cámara Gesell para garantizar el debido proceso y proteger la víctima, así como la necesidad de actuar con celeridad cuando se trata de menores. La detención de la imputada responde en parte a la falta de colaboración con esas instancias, lo cual, según fuentes jurídicas, puede entorpecer la investigación.
Este episodio alarma nuevamente al colectivo de protección de menores y al público en general, que exigen mayor control, protocolos claros y sanciones efectivas para garantizar que espacios vulnerables —como una peluquería— no se transformen en escenarios de abuso. Al mismo tiempo, plantea interrogantes sobre cómo los mecanismos de defensa, imputación y procesamiento se activan cuando la víctima es menor y el presunto agresor representa un servicio de confianza.
El caso sigue bajo la lupa de los equipos de investigación y del sistema judicial. Habrá que esperar el desarrollo de la Cámara Gesell, el dictamen de los peritos y las decisiones que adopte la fiscalía para dilucidar responsabilidades y medidas de resguardo hacia la víctima.
Cristina Kirchner, condenada por corrupción, se victimiza en redes mientras viola su prisión domiciliaria haciendo política activa.
Desde su casa de lujo en el coqueto barrio de Recoleta, donde cumple una condena por corrupción en la causa Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner sigue intentando mostrarse como víctima de una persecución política; un acting absurdo de peor calidad actoral que Echarri y Andrea Del Boca juntos. En su último escrito publicado en X, volvió a destilar veneno contra la Justicia, los medios y el Gobierno, construyendo un relato que mezcla mentiras, resentimiento y manipulación emocional buscando que una horda de incultos la sigan defendiendo en las calles.
La expresidenta, ya condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, enfrenta además otros procesos judiciales por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación ilícita. Aun así, desafía abiertamente a la Justicia al mantener actividad política, algo que su sentencia le prohíbe expresamente y le debería costar su prisión domiciliaria.
En su texto, CFK asegura que los “arrepentidos” de la causa Cuadernos fueron “torturados” y “extorsionados” por el fiscal Carlos Stornelli, a quien acusa de haber actuado con métodos “propios de dictaduras”. Pero más allá del tono dramático, su discurso es una puesta en escena cuidadosamente diseñada para sostener su papel de perseguida, mientras intenta borrar el hecho de que fue encontrada culpable por delitos gravísimos contra el Estado argentino.
Cristina Kirchner no habla como una exmandataria que rinde cuentas, sino como una operadora política en busca de impunidad. En su relato no hay autocrítica, ni memoria sobre los años en que su gobierno amasó fortunas personales mientras la pobreza y la inflación destruían el poder adquisitivo de millones de argentinos.
Paradójicamente, utiliza el mismo discurso de “persecución” para atacar a los jueces que la condenaron, ignorando que el fallo fue ratificado por diversas instancias judiciales y que los hechos de corrupción quedaron probados. Su objetivo no es la verdad: es el poder. Desde su prisión domiciliaria —un privilegio negado a tantos presos comunes—, Cristina Kirchner sigue utilizando las redes como tribuna política, alterando el orden público y desafiando los límites que la Justicia debería hacer respetar.
El victimismo de CFK no es nuevo, pero se vuelve obsceno cuando se disfraza de resistencia mientras los verdaderos castigados son los argentinos que aún pagan las consecuencias de su modelo de corrupción, manipulación y decadencia institucional. Es momento de que los tribunales revisen no solo sus palabras, sino también el cumplimiento real de su condena, en la smismas condiciones que cualquier reo.
Los menores no podrán acceder a intervenciones de transición de género según nueva postura que suma difusión. La Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires (ANM) fijó una posición firme frente a los tratamientos médico-quirúrgicos de afirmación de género en niños y adolescentes.
La entidad indicó que “no avala ningún tratamiento, ni bloqueadores de la pubertad, ni terapias hormonales, ni cirugías que modifiquen el sexo” en menores.
En un comunicado, la Academia fundamentó su rechazo en “las consecuencias deletéreas sobre la salud física —muchas veces irreversibles— y psicológica” y advirtió que varios países ya revisaron o suspendieron estas prácticas.
El pronunciamiento llega en continuidad con la medida del gobierno nacional, que en febrero del mismo año modificó el artículo 11 de la Ley 26.743 de Identidad de Género, limitando los tratamientos de hormonización y las intervenciones quirúrgicas para menores a los mayores de 18 años.
La Academia subraya que el abordaje apropiado para menores con disforia de género es “un enfoque integral, centrado en ellos y sus familias, con sólidos vínculos y un acompañamiento estrecho de los servicios de salud mental”.
En ese sentido, advierte sobre el impacto psíquico de los tratamientos y rechaza que se detenga el desarrollo natural del niño en su tránsito hacia la adultez.
Estos debates se inscriben en un contexto global donde distintos países han reevaluado sus protocolos médicos para menores definidos como «trans», lo que según la Academia amerita cautela en Argentina.
Mientras tanto, la modificación legal del Gobierno se convirtió en foco de polémica: defensores de derechos humanos argumentan que la medida vulnera los derechos adquiridos y la autodeterminación de género, y advierten sobre los riesgos de estigmatización y exclusión.
En la práctica, la decisión de la Academia de Medicina refuerza la línea estatal de restricción de tratamientos de afirmación de género en menores, estableciendo un nuevo hito en la política pública de salud, género y adolescencia en el país.
Muchas de estas transiciones en menores devienen de graves problemas psicológicos de los propios padres que ven en sus hijos una especie de «mascota social» para ser expuesta por su «rareza», en vez de tratarse de casos legítimos de disforia de género.
Hasta el 30 de abril de 2026, la provincia del Chubut mantiene una emergencia ígnea en su zona cordillerana para frenar los incendios forestales. El gobernador Ignacio “Nacho” Torres firmó un decreto que declara el Estado de Emergencia Ígnea en todo el territorio cordillerano de Chubut, instruyendo a los organismos públicos a convocar acciones legales —tanto civiles como penales— contra quienes originen focos de incendio en la región. El objetivo: responder de inmediato ante la temporada alta de incendios, restaurar las zonas dañadas y aumentar la vigilancia. El decreto, refrendado por los ministros de Gobierno y de Economía, exige que municipios de la región adhieran al plan, implementen medidas de prevención y campañas de difusión, además de colaborar para hacer cumplir las nuevas disposiciones. Entre las prohibiciones que impone la norma, se encuentra la generación de fuego al aire libre en terrenos públicos o no habilitados, así como la exigencia a concesionarios turísticos, complejos hoteleros, campings, clubes deportivos y predios recreativos de extremar medidas de vigilancia, control y prevención de focos ígneos. El texto del decreto enfatiza que resulta “urgente, impostergable e imprescindible” promover una política activa de prevención del fuego, al tiempo que establece que los fondos públicos destinados al plan deberán contemplar adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras para reforzar el accionar operativo. Como respaldo técnico, se tomó un informe del Servicio Nacional de Manejo del Fuego junto con el Servicio Meteorológico Nacional y la Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut, que advierte sobre aumento de biomasa disponible para arder, acumulación de combustible vegetal y antecedentes de incendios incluso durante junio y julio. Este escenario complejo exige “medidas de ataque que den celeridad” al trabajo de prevención en la cordillera. La declaración representa un gesto claro de que el gobierno provincial considera que el ciclo de incendios forestales dejó de ser un riesgo teórico para convertirse en una amenaza concreta de destrucción creciente. La pregunta será si las fuerzas operativas, recursos técnicos y adhesión municipal estarán a la altura de la emergencia declarada.
Exministro pide arresto domiciliario: a los 75 años, Julio De Vido solicita evitar prisión tras la condena por la tragedia de Once.
El exministro de Planificación Federal presentó ante el Tribunal Oral Federal N.º 4 (TOF 4) un pedido para que su condena de cuatro años de prisión, firme por la tragedia ferroviaria de Estación Once (52 muertos, más de 700 heridos) sea cumplida en su domicilio, apelando a su edad (75 años) y a su estado de salud. Su defensa argumenta que reuniría elementos suficientes para evitar su ingreso a prisión efectiva. Al mismo tiempo, De Vido debe participar por Zoom en la audiencia correspondiente al juicio de los “cuadernos de las coimas”, en el que figura como uno de los principales acusados. El TOF 4, que ya había firmado la orden para su detención en los tribunales de Comodoro Py, evalúa el planteo de arresto domiciliario. De Vido fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos tras esta causa. En el juicio por la tragedia de Once, si bien fue absuelto del delito de estrago culposo, fue condenado por no haber ejercido el control adecuado de los fondos públicos destinados a la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA). Su defensa moviliza dos líneas de acción adicionales: un recurso de reposición y revocatoria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y un planteo ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (WGAD) de la ONU, al sostener que la acción penal estaría prescrita y que la ejecución de la condena implicaría una violación de garantías fundamentales. De Vido ya había estado detenido en otra causa (Río Turbio), liberado primero con prisión domiciliaria y luego con libertad plena en marzo de 2020, y desde entonces no regresó a la cárcel. Esta condena por la tragedia de Once es la primera que alcanza firmeza en su contra. El panorama jurídico-político del exministro se agrava además con otras condenas por compras irregulares, como la adquisición de buques de GNL y trenes chatarra a España y Portugal, idénticas penas de cuatro años, en causas anteriores.
Científicos argentinos desarrollaron el virus AR2015 capaz de atacar el cáncer colorrectal y sus células resistentes, abriendo una vía de terapias más personalizadas.
Un equipo de investigadores argentinos ha dado un paso notable en la lucha contra el cáncer colorrectal al desarrollar un virus oncolítico denominado AR2015 que puede reconocer y destruir distintos tipos de células tumorales, incluso aquellas que suelen escapar a los tratamientos convencionales.
El cáncer colorrectal plantea un desafío formidable dado que un solo tumor puede albergar una mezcla heterogénea de células con características muy diversas, lo que condiciona que muchas terapias no logren erradicarlo por completo. Los científicos detrás del hallazgo, vinculados al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y a la Fundación Instituto Leloir, encararon ese reto mediante un enfoque diferente: diseñar un virus que reconociera los diferentes subtipos celulares presentes en el tumor, sin dañar el tejido sano.
Para ello, identificaron dos genes clave —denominados A33 y vWA2— que se expresan en distintas etapas del cáncer pero no en el tejido intestinal sano. Mediante fragmentos de esos genes construyeron un promotor híbrido que incorporaron al virus AR2015, permitiéndole “encenderse” solo cuando detecta células malignas que porten cualquiera de esos marcadores. En ensayos de laboratorio, ese diseño permitió que el AR2015 se replicase y destruyese células tumorales con cualquiera de los marcadores o con ambos a la vez.
Asimismo, el virus fue probado con muestras directamente tomadas de pacientes, mostrando capacidad para eliminar células cancerosas de origen clínico, lo que refuerza la posibilidad de trasladarlo hacia la práctica médica. En modelos animales, la administración de AR2015 logró frenar la aparición de metástasis hepáticas —uno de los obstáculos más complejos del cáncer colorrectal— sin dañar el resto del organismo.
Los resultados también indican que AR2015 no afecta células normales, un aspecto clave cuando se aspira a terapias seguras y precisas. Además, cuando se combinó con el medicamento quimioterápico Oxaliplatino, habitual en el tratamiento de este tipo de cáncer, el efecto terapéutico se potenció, reduciendo aún más las metástasis. El promotor híbrido utilizado tiene un tamaño compacto, lo que permite en el futuro incorporar otros genes que estimulen la inmunidad del paciente o agreguen otras funciones terapéuticas, apuntando a tratamientos más personalizados.
Sin embargo, los investigadores subrayan que el camino recién comienza. Deben desarrollarse ensayos en modelos más complejos y eventualmente estudios clínicos en humanos para comprobar la eficacia y seguridad en contexto real. Pero el concepto ya está sentado: un virus diseñado para “atacar todo el tumor, no solo una parte”, podría transformar la estrategia frente al cáncer colorrectal.
Este hallazgo argentino abre una ventana de esperanza: al integrar un conocimiento más fino del perfil genético tumoral con tecnología viral de última generación, el futuro del tratamiento del cáncer colorrectal parece orientarse hacia terapias más selectivas, menos invasivas y con mayor precisión.
El dólar mayorista cerró estable tras rozar los $1.400 y el riesgo país volvió a descender, lo que refleja una cautela activa en los mercados argentinos.
En una jornada marcada por la recuperación del volumen habitual en las plazas cambiaria y bursátil locales, el billete arrancó con una tendencia bajista heredada del día anterior, llegó a operar por debajo de los $1.390 y luego rebotó para cerrar en torno a $1.412 por unidad para la venta. El cierre es el más bajo desde mediados de octubre. El mercado de bonos argentinos vinculado al indicador de riesgo país se mostró firme, lo que permitió una nueva baja en ese parámetro de riesgo. Aunque parece atenuarse el entusiasmo que siguió a la revalorización post-electoral de los activos locales, la expectativa favorable de los inversores se mantiene: como explicó un operador, “la euforia de días anteriores pasó, pero a la vez nadie desarma ya apuestas: muchos esperan novedades para ver si las redoblan”. En el segmento minorista, el dólar en el Banco Nación tocó mínimos de $1.425 para la venta y cerró en $1.435, una baja de aproximadamente 0,3 % respecto del día previo. El promedio de venta del mercado se ubicó en $1.441,40, por debajo del $1.444,83 registrado en la jornada anterior. El volumen negociado en la rueda alcanzó los US$ 459,5 millones: apenas un 10 % menos que el lunes, último día de actividad plena, lo que sugiere una normalización de la liquidez tras el feriado en NYSE. En el ámbito bursátil, el MERVAL avanzó 0,7 % en promedio, con subas de hasta 4 % para algunos ADR locales que cotizan en Nueva York, mientras que los bonos en dólares operaron de forma mayoritariamente positiva hacia el cierre. Según analistas, más allá del rally que surgió tras las elecciones, ahora aflora una mayor selectividad de los inversionistas: buscan acciones con mayor potencial de revalorización a mediano plazo y mantienen apuestas orientadas a que se produzca una rápida compresión de tasas que permita al país recuperar acceso al financiamiento externo y renovar sus vencimientos de deuda.
En resumen, la estabilidad del dólar y la caída del riesgo país muestran que el mercado argentino ingresó en una fase de espera activa: no precipita movimientos, pero se mantiene preparado para reaccionar ante señales políticas, macroeconómicas o de acceso al crédito externo.
Hay derrotas que se explican. Otras que se esperan. Y después están las de los que integran en la actualidad el Colegio de Abogados, que ya forman parte del calendario cívico local: otoño, invierno, elección del Consejo de la Magistratura, y la consabida paliza.
Una vez más, los ilustres representantes del “foro” —ese grupo que en los papeles debería defender la dignidad de la abogacía— fueron derrotados por goleada en las urnas. No por una ola de renovación, ni por un movimiento insurgente o por una lista organizada, como la llamaron ellos: simplemente, porque nadie los quiere votar. En rigor, lo único que los mantiene en escena es la falta absoluta de competencia: no ganan elecciones, las heredan. Están ahí porque nadie más quiso presentarse, ni cargar con la tediosa tarea de representar a un organismo que ya nadie toma en serio.
Son los campeones del “por default”. Los eternos suplentes que se creen titulares porque no hay banca vacía.
Otro papelón, y van….
En su intento eterno por obtener el escaño que nunca consiguen, los muchachos del Colegio volvieron a escena con su clásico disfraz de democracia. Organizaron una “asamblea abierta” —de esas que suenan muy participativas en el papel pero que, como en Cuba, se utilizan para imponer voluntades— para que las abogadas presentes dijeran quién quería ser candidata al Consejo de la Magistratura. Una suerte de casting institucional donde, por supuesto, ya tenían decidido quién debía quedar.
Pero el plan se les volvió en contra. No solo fueron poquísimos los que se tomaron el trabajo de ir, sino que nadie tomó en serio al Colegio de Abogados, y sus pretensiones imperiales (bueno… imperiales) fueron rápidamente desarticuladas por una lista armada en apenas un par de días, con dos excelentes candidatas, con más coordinación de la que ellos lograron en cuatro años, y con más legitimidad que todos sus comunicados juntos.
—“Pobre Colegio”, decía un abogado en la barandilla de El Palacio de la Risa, mientras intentaba que lo atendieran y que alguna secretaria de Cámara estuviera, por una vez, en su lugar de trabajo.
“La verdad que sí”, pensé para mis adentros, recordando lo que había dicho el abogado de Cristóbal hace poco, cuando vio que El Emperador empezaba a caer. En su desesperación por subirse a la ola y sacar algún rédito del derrumbe, salió a buscar cámara y dejó para la posteridad una frase digna de encuadre:
“Nos desconcierta bastante el silencio del Colegio de Abogados, que parece más preocupado en organizar la fiestita del Día del Abogado que en este tipo de cuestiones institucionales.”
¡Chan! Ironías del destino: el mismo que antes votaba con el Colegio, ahora los critica y habla de institucionalidad…
-“Hasta éste se les anima” —dijo otro profesional, entre sorna y resignación, mientras escuchaba la entrevista que le hacía el periodista pautero.
Cuando no quieren que participes….
En realidad, en el Palacio de la Risa, la democracia siempre es un concepto elástico. Tanto, que el Colegio de Abogados decidió —con la solemnidad de quien cree que manda— arrogarse la facultad de proponer candidatos al Consejo de la Magistratura. Un pequeño detalle: la elección es completamente independiente, y el representante de los abogados no representa al Colegio, sino a todos los profesionales del fuero. Pero claro, eso parece no haber llegado a sus manuales internos.
Convencidos de su propia -aunque inexistente- importancia, previo al acto eleccionario le comunicaron a la candidata electa que no informarían nuevas postulaciones fuera de la lista de abogadas que habían manifestado su intención de competir en las reuniones celebradas por el propio Colegio. Reuniones en las que, como ya dijimos, casi nadie participó. Es decir, la quisieron dejar afuera.
No soportaron, en realidad, el riesgo de la democracia real. En el fondo, lo que más le incomoda no es perder –porque para eso ya están acostumbrados- sino la posibilidad de competir en serio.
Y, paradójicamente, eso fue lo mejor que pudo pasar: dejó al descubierto, una vez más, cómo operan algunos abogados (sobre todos, los que se llenan la boca hablando de ética y seriedad), y provocó la reacción de quienes, sin aparato ni padrinazgos, les ganaron limpiamente donde más les duele: en las urnas.
Recordar no es envejecer…
Y hablando de operar, vale recordar aquel capítulo inolvidable de hace cuatro años, que también tuvo como protagonista al Colegio de Abogados (presidido en ese entonces por Juan Pablo Sarquis y Juan Esteban Rimoldi) y a los mismos personajes de siempre. En aquella ocasión, con una creatividad digna de estudio, la representante designada por el Colegio, María Cristina Mombelli y el juez Petris decidieron que no se permitiera la fiscalización de las elecciones, alegando —nada menos— que el control de votos implicaba un riesgo sanitario. La democracia, al parecer, también debía guardar aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Pero eso fue apenas el comienzo del show. Cuando los resultados no les gustaron —porque perdió Kadomoto y ganó Dr. Jalón— apareció el argumento estrella: pidieron anular la urna de Lago Puelo, alegando que había “más votos” de los que correspondían. Un detalle menor: ellos mismos —a través de su representante, la Dra. Kagerer— habían supuestamente controlado la urna… aunque, visto el resultado, más que control, parece que solo la miraron pasar. Del otro lado, ni fiscales hubo, y ningún abogado de Esquel viajó a votar allá.
Lo increíble es que lograron su cometido. Con la gran colaboración de algún supremo “comprensivo” –para utilizar un calificativo benévolo- y algún político de aquella época nefasta, consiguieron la anulación. Pero la historia no terminó ahí: se convocó a una nueva elección, y el karma llegó en forma de escrutinio. Perdieron por paliza en Lago Puelo, y —para no dejar dudas— también en Esquel, donde antes el resultado había sido más ajustado y donde casualmente la Dra. Mombelli y el Dr. Petris habían impedido el control del comicio. Paradojas del destino.
Aquel día, mientras algunos hacían malabares para sostener el falso relato instaurado, Mariano Jalón se plantó con una claridad que todavía incomoda. Defendió la transparencia, pidió reglas parejas y, para colmo, les volvió a ganar en su propio juego.
Y lo más interesante fue que, a pesar de la mala imagen que suelen tener los abogados, la mayoría no compró la tramoya: vieron el intento, entendieron el juego espurio y no avalaron el procedimiento. Fue una de esas raras veces en que el fuero eligió dignidad por sobre conveniencia.
Perder ya no es una tragedia: es una tradición.
En fin, si algo hay que reconocer, es que el Colegio tiene constancia.
Cada ciclo repite la misma escena: grandes gestos, frases solemnes, cantos a la democracia, alguna maniobra mal disimulada y el final previsible, con derrota incluida.
Da la impresión de que, en realidad, no juegan para ganar, sino para que otros no ganen. Como en aquella escena de Django desencadenado, cuando el esclavo Stephen le expresa a su amo:
“No quiero tener un caballo… quiero que él no lo tenga.”
Y ahí está todo dicho: no es una cuestión de querer hacer bien las cosas o —por lo menos— de hacerlas de otra manera, sino de envidia, de rencor, de resentimiento.
El trípode perfecto del fracaso.
Pobre gente.
Aunque, en rigor de verdad, ¡Cuántos Stephen nos cruzamos en la vida!
Otra función del Palacio de la Risa, con entrada libre y final cantado: el público se ríe, los protagonistas se ofenden… y el show continúa.-
Un niño fue víctima de un ataque en Córdoba por un rottweiler que le mordió el rostro; cada vez son más frecuentes los ataques de perros grandes sin control.
En el barrio Bajo Pueyrredón, en la ciudad de Córdoba, un niño sufrió una grave mordedura en el rostro perpetrada por el rottweiler que convivía con su familia. El incidente —que ocurrió dentro del hogar, cuando los adultos estaban presentes pero descuidados— exige reflexionar sobre la proliferación de razas de perros agresivas y la grave responsabilidad de sus dueños.
Los datos del caso son alarmantes: el perro, perteneciente a la familia de la víctima, mordió al menor en la zona del ojo y el pómulo, lo que obligó a una intervención quirúrgica urgente en el hospital pediátrico de la capital provincial. Este tipo de razas, como el rottweiler, ya están catalogadas por la ordenanza de la Municipalidad de Córdoba como “potencialmente peligrosas”.
El problema va más allá de un hecho aislado: en zonas donde prevalece la inseguridad, la tenencia de perros de gran porte o de razas con fama de agresivas (rottweiler, pitbull, dogo argentino, etc.) se ha vuelto común. No siempre como medida responsable de guardia, sino muchas veces como símbolo de pertenencia o de exhibición de fuerza. A menudo aparecen en manos de personas que buscan mostrarse ante la sociedad como “duros”, “poderosos” o “temidos”, cuando en realidad su actitud revela baja autoestima, necesidad de aparentar y un entendimiento mínimo del peligro real que hacen correr esos animales.
Los ataques se multiplican cuando la realidad se conjuga con la irresponsabilidad: dueños que creen tener todo bajo control—sin jaula adecuada, sin bozal, sin adiestramiento o supervisión constantes—terminan siendo unos pobres ignorantes que ponen en riesgo vidas humanas. En este caso, hubo convivencia prolongada, sin manifestaciones previas de agresividad, lo que hace pensar que la confianza tiene un límite y que solo esperar que “todo siga bien” es un grave error.
La tenencia de razas clasificadas como potencialmente peligrosas exige normas estrictas: mantenimiento de espacios adecuados, socialización, supervisión constante y cumplimiento de ordenanzas municipales. En Córdoba, ese marco normativo existe, pero los controles y la conciencia ciudadana parecen insuficientes. Puede existir buena convivencia, claro está. Pero cuando algo falla —un descuido, un estímulo, un momento de vulnerabilidad— el resultado puede ser catastrófico.
La reflexión final es clara: la peligrosidad no viene únicamente de la raza, sino del conjunto de factores que el dueño permite: falta de control, exhibición irresponsable, desprecio de medidas básicas de seguridad, y el entorno urbano que no siempre facilita una tenencia correcta. Los perros son un bien muy preciado y pueden ser excelentes compañeros, pero cuando se utilizan como símbolo y no como seres que requieren cuidado, la tragedia aparece.
Este episodio en Córdoba debe servir como alerta para todo el país: la proliferación de razas consideradas “potencialmente peligrosas” y su uso simbólico, sumado a la irresponsabilidad de sus tenedores, crean una bomba de tiempo. No es solo un ataque: es el reflejo de una negligencia social, normativa y personal que deja en riesgo vidas —y en este caso, la de un niño.
En Comodoro Rivadavia se habilitaron dos servicios esenciales en el sistema público de salud que amplían el acceso y mejoran la atención. Con la firma de las autoridades provinciales, el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia presentó su nuevo Dispositivo de Salud Mental y Adicciones junto al Laboratorio de Preparados Magistrales.
El gobernador Ignacio Torres recorrió el hospital, conversó con la dirección y sostuvo que “vamos a seguir fortaleciendo la salud pública en toda la provincia”. Durante el acto destacó que, aunque en casi dos años de gestión “hemos avanzado mucho en materia sanitaria”, aún “hay que ir por más”. Por eso pidió avanzar en dos proyectos adicionales que consideró prioritarios: un área Materno-Infantil ya con terreno comprometido, y un espacio de atención de salud mental para adolescentes de entre 14 y 18 años.
Uno de los protagonistas del día fue el flamante resonador magnético del hospital, que en su primer mes atendió a más de 120 pacientes —un promedio de 10 diarios— muchos de los cuales no cuentan con obra social. “Esto demuestra la necesidad de este servicio esencial”, señaló el gobernador, subrayando el impacto directo en la comunidad.
Dispositivo de Salud Mental y Adicciones El nuevo espacio, denominado “Casita de Salud Mental”, se orienta tanto a la población infanto-juvenil como adulta. Albergará la División de Enlace Psicosocial, previamente sin sede propia, y contará con cuatro consultorios, un salón de usos múltiples para talleres y dispositivos grupales. Por primera vez, el equipo podrá operar en instalaciones propias en lugar de ocupar préstamos en otras dependencias, con el objetivo de brindar un entorno más digno, funcional y humano para el acompañamiento en salud mental.
Laboratorio de Preparados Magistrales El segundo servicio inaugurado es clave para la atención personalizada de pacientes que requieren medicamentos formulados a medida —ya sea porque no existen alternativas comerciales o porque se necesita una dosis o forma farmacéutica específica. En este laboratorio se elaboran más de 60 preparados al mes, coordinados por cinco profesionales farmacéuticas y una técnica. El servicio permite adaptar las dosis, optimizar la terapéutica, asegurar la calidad y seguridad de los medicamentos y apoyar a los equipos médicos en casos clínicos particulares.
Argentina vive una coyuntura de cambio y visibilidad internacional tras la reciente gira del presidente Javier Milei por Estados Unidos, calificada por el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, como “histórica” y con potencial para marcar un giro en la prosperidad del país. En apenas unas semanas, el mandatario viajó de Miami a Palm Beach y Nueva York e intervino en foros empresariales de alto nivel frente a figuras globales como Jeff Bezos o Lionel Messi.
Durante su paso por el Americas Council y el American Business Forum, Milei se posicionó como uno de los pocos líderes latinoamericanos presentes, compartiendo espacio con el ex presidente Donald Trump, lo que, según Oxenford, refuerza la percepción de Argentina ante el mundo y despierta el interés de compañías extranjeras. El embajador subrayó que las reformas económicas en marcha ya comienzan a generar impactos visibles, y que los inversores “están muy claramente interesados en redoblar la inversión en Argentina”.
El análisis diplomático enfatiza tres hechos clave inéditos para el país: un liderazgo presidencial claro, respaldo internacional de primer orden —especialmente de Estados Unidos— y ahora un apoyo interno que habría quedado plasmado en recientes elecciones. Estos tres factores, de acuerdo con Oxenford, podrían combinarse para generar lo que calificó como “la primera oportunidad en 80 años de arrancar de verdad mirando para arriba y adelante, un camino de prosperidad para los argentinos”.
Un elemento central del plan anunciado es un inminente acuerdo comercial o financiero con Estados Unidos, que aunque no puede ser divulgado por confidencialidad, estaría prácticamente definido. El embajador explicó que lo único que resta es elegir el momento oportuno para anunciarlo. Paralelamente, la estabilidad macroeconómica fue señalada como pieza clave: sin un orden económico no habría posibilidad de atraer capital externo, y ese marco parece estar siendo reforzado por el acompañamiento estadounidense.
Sin embargo, la pregunta clave será si este impulso internacional y retórica de apertura se traducen en inversiones cuantiosas y sostenibles, en beneficios concretos para la economía real y en una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. A pesar de que los flujos de inversión extranjera muestran signos de interés creciente hacia Argentina y Estados Unidos aparece como el principal origen de esa inversión. Pero aún existen desafíos estructurales que deben resolverse: credibilidad institucional, marco regulatorio previsible, y resultados palpables en empleo e ingresos.
En definitiva, la gira de Milei por EE.UU. marca un hito simbólico y estratégico. Pero si ese hito se convierte en un cambio estructural dependerá de la capacidad del Gobierno para consolidar reformas, mantener respaldo externo, y convertir promesas en hechos económicos duraderos.
Un jubilado excombatiente fue estafado con $12.500 USD tras un fraude de SIM swapping; un banco y una telefónica deberán indemnizarlo.
En septiembre de 2021, un jubilado de la provincia de Buenos Aires —y excombatiente de Malvinas— sufrió una sofisticada estafa digital que le costó 12.500 dólares depositados en su caja de ahorro en moneda extranjera. El fraude se materializó a través de la modalidad conocida como SIM swapping, que permitió a los delincuentes acceder a sus cuentas bancarias tras tomar el control de su línea telefónica.
El afectado, cliente de una entidad bancaria desde 2005, observó movimientos extraños en su correo electrónico: mensajes que simulaban provenir de su banco y notificaban transferencias que no había realizado. Tras concurrir a su sucursal, el gerente constató que no existían esas transacciones y le recomendó eliminar los correos. Sin embargo, días después, su línea móvil —operada por una empresa de telefonía— quedó sin servicio. Al presentarse en la sucursal de la telefónica, un empleado le cambió la tarjeta SIM bajo el argumento de que la anterior “ya no funcionaba”. Fue ese procedimiento el que permitió a terceros recibir los códigos de verificación del home banking del jubilado y vaciar la cuenta mediante una operación de venta de divisas.
La sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial estableció que tanto la empresa bancaria como la de telefonía compartían responsabilidad solidaria por falta de resguardo en sus sistemas. El tribunal consideró que operan bajo un “deber objetivo de seguridad” respecto de usuarios vulnerables —en este caso, un jubilado que utiliza servicios bancarios y de telefonía— y que no fueron suficientes los mecanismos de autenticación implementados. En especial, la telefónica defendió su actuación afirmando que el cambio de chip exigía validación de identidad, pero la Cámara desestimó ese argumento, reconociendo que la obligación de seguridad recae en el proveedor del servicio. Por su parte, el banco sostuvo que había mecanismos de autenticación (como el envío de códigos al teléfono), pero la Cámara determinó que estos sistemas fueron insuficientes para evitar el fraude.
En la primera instancia se condenó a más de 12.000 USD más una indemnización por daño moral en 12.875.000 pesos; en la apelación, el monto por daño moral fue reducido a 5.000.000 pesos. La compensación por daño punitivo fue dejada sin efecto al no acreditarse culpa grave o dolo extremo de las empresas demandadas.
Este fallo resulta relevante por varias razones: visibiliza la creciente amenaza del fraude digital mediante SIM swapping y establece jurisprudencia sobre la responsabilidad solidaria de entidades bancarias y de telecomunicaciones frente a usuarios vulnerables. Además, se produce en un contexto en que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) exige a las operadoras que implementen mecanismos más rigurosos para el cambio de chip o transferencia de líneas, ante el aumento de esta modalidad de estafa.
Para los usuarios, este caso ofrece varias lecciones:
Perdida repentina del servicio móvil puede ser el primer síntoma del fraude de SIM swapping.
Las entidades que brindan servicios —telefónicas y bancarias— tienen una obligación de cuidado reforzada cuando se relacionan con consumidores vulnerables.
La autenticación basada únicamente en SMS o cambios de chip sin verificaciones presenciales o biométricas puede resultar insuficiente.
Ante una sospecha de fraude, es clave actuar rápidamente: contactar la operadora, banco, cambiar claves, denunciar.
En un mundo cada vez más digitalizado, donde banca, telecomunicaciones y datos personales convergen, la seguridad ya no es solo responsabilidad del usuario, sino de quienes proveen esos servicios. Y en este caso judicial, la justicia declaró que ambas empresas no cumplieron con ese deber.
El Gobierno adelantó ajustes en el régimen cambiario: acelerará el “crawling peg”, reforzará reservas y recomprará deuda para contener al dólar y jugar con la inflación.
El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó ante inversores internacionales que el Gobierno de Javier Milei prepara una serie de modificaciones al esquema cambiario vigente, con el fin de fortalecer las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y asegurar la estabilidad del tipo de cambio. Según Caputo, el ajuste contemplará tres ejes centrales: un mayor ritmo de devaluación controlada, intervención cambiaria para acumular divisas y recompra de deuda soberana.
Ajuste del ritmo de devaluación
El ministro señaló que el actual ritmo del “crawling peg” —es decir, la devaluación gradual del peso frente al dólar— podría aumentar desde el 1 % mensual hasta el 1,5 % si la inflación o la demanda de pesos lo requieren. Para ello, se mantiene la banda cambiaria —y no una flotación libre— como mecanismo de control. Este anuncio confirma lo que ya venían advirtiendo analistas: el régimen tradicional de devaluación controlada quedará sujeto a un recalibrado según presión inflacionaria y demanda interna. El objetivo oficial es mantener la previsibilidad —evitando saltos abruptos en el tipo de cambio—, mientras se adapta el esquema a la realidad macroeconómica.
Acumulación de reservas y compras estratégicas
Tras su victoria legislativa, el Ejecutivo también prevé comenzar a sumar reservas para el Banco Central, anticipándose a los fuertes vencimientos de deuda que afronta el país. Dentro de este plan figura que el Tesoro nacional podrá comprar dólares incluso cuando el tipo de cambio se encuentre dentro de la banda de flotación, algo que hasta ahora sólo ocurría cuando el tipo tocaba el techo. La idea es que, con mayor liquidez en dólares, el BCRA tenga un respaldo más sólido para intervenir si hiciera falta, y al mismo tiempo enviar señales de fortaleza al mercado.
Recompra de bonos y perfil de deuda
En su exposición frente a unos 40 inversores en Nueva York, Caputo confirmó que el Gobierno busca recomprar bonos globales con vencimiento en 2029 y 2030, lo que implicaría un adelanto de compromisos financieros y una reducción del riesgo de refinanciación. Esta estrategia cobra particular relevancia en el contexto argentino, donde los compromisos externos en moneda extranjera superan los 15 mil millones de dólares por año para 2026-2027, según estimaciones del mercado.
Implicancias y riesgos para el público y los mercados
Para los argentinos, el cambio en el ritmo del crawling peg puede traducirse en una devaluación más acelerada del peso. Esto tiene el efecto directo de encarecer el dólar oficial, y en consecuencia, podría “arrastrar” al alza otras cotizaciones, incluidas las del mercado paralelo. Desde el punto de vista macro, el esquema cambia de ancla cambiaria rígida a una “flotación administrada” con bandas y ajustes mensuales. Esto difiere de una liberación total del tipo de cambio, pero modifica la expectativa de estabilidad. También surgen riesgos: una devaluación acelerada sin que la inflación ceda podría erosionar el poder adquisitivo de los salarios. Si el peso se deprecia demasiado rápido, podrían resurgir tensiones sociales o vulnerar la competitividad exportadora. La clave estará en cómo evolucionen dos variables: la demanda de pesos por parte del sector privado y la inflación mensual. Si ambas se controlan, el plan tiene mayor margen de maniobra; si no, podría requerir medidas adicionales, incluidas la aceleración del ritmo de devaluación o nuevas intervenciones.
Víctor Manzanares asumió su culpa y decidió quedarse en prisión voluntariamente, mientras brindaba datos clave para desentrañar un esquema de lavado de más de 70 millones de dólares.
Un silencio que vale más que un pedido de excarcelación
Durante años fue el hombre detrás de los números del matrimonio Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Sus cálculos, sus firmas, su red. Cuando la tormenta judicial estalló, Víctor Manzanares asumió un destino inesperado: ser el arrepentido que renuncia a la libertad. “Me lo merezco”, repetía. No se trató de un capricho, sino de una confesión que sepultó el temor y dejó al descubierto un entramado de corrupción, sobornos y blanqueo internacional.
De contador fiel a testigo clave
La declaración de Manzanares, realizada en febrero de 2019, derribó muros. No solo identificó la compra de 113 propiedades en Argentina y diez más en Miami, Nueva York y Turks & Caicos; también permitió reconstruir los movimientos financieros de Daniel Muñoz, el fallecido secretario del matrimonio Kirchner, implicado en el depósito de bolsos con sobornos que llegaban a lo más alto. Su papel fue central en la investigación conocida como la causa de los Cuadernos de las Coimas.
¿Por qué no quiso salir de la cárcel?
La mayoría de los arrepentidos buscan libertad; sin embargo, Manzanares optó por lo contrario. Según su abogado, Roberto Herrera, insistía en que su lugar era la prisión, como parte de asumir la culpa. Ese gesto, tan simbólico como político, desnuda una verdad incómoda: que la confesión fue tanto una estrategia de defensa como una forma de expiación pública. El arrepentimiento, en su caso, fue una declaración ante la justicia, ante la opinión pública y ante su propia conciencia.
Lo que el sistema de lavado mostró y lo que el sistema político encubrió
Gracias a su testimonio, la fiscalía pudo avanzar en desmontar una estructura de lavado que operaba con propiedades de lujo, paraísos fiscales y bolsos cargados de sobornos. Esa trama, que hasta entonces se desarrollaba tras bambalinas, se visibilizó ante la justicia y la sociedad. Pero la pregunta que queda flotando es otra: si un hombre tan cercano al poder decide cooperar, ¿qué tan difundido estaba el mecanismo en la política argentina? La confesión del contador no solo revela hechos concretos, sino un modelo sistémico que se camufla bajo la legalidad.
Una reflexión para la democracia
Este caso no es solo un episodio judicial. Es una advertencia. Cuando el dinero fluye sin control, cuando la opacidad gobierna los canales y la impunidad se convierte en rutina, la democracia se debilita. La decisión de Manzanares de permanecer preso expresa algo más profundo: que sin la condena de la complicidad colectiva, las confesiones individuales sirven de terapia más que de justicia real. Y en ese punto, la política tiene la obligación de mirar hacia adentro.
Un jurado popular condenó a Jorge Pascoff por intentar matar a su primo en Cholila tras una violenta disputa familiar que incluyó disparos y maquinaria pesada.
En un fallo emitido el 7 de noviembre de 2025 en Lago Puelo, la jueza técnica Silvana Vélez dictó sentencia en el caso que conmocionó a la región: el violento ataque protagonizado por Jorge Badih Pascoff contra su primo, Rafael Nataine, ocurrido en marzo de 2021 en un establecimiento rural de Cholila.
El jurado popular declaró a Pascoff culpable del delito de homicidio en grado de tentativa agravado por el uso de arma de fuego, junto con portación ilegal de arma y daños a la propiedad, todos en concurso real. La pena impuesta fue de siete años y seis meses de prisión efectiva, además del pago de las costas judiciales.
El hecho tuvo lugar en el campo “La Central”, cuando Pascoff llegó armado tras una discusión por el uso de una tranquera en una chacra familiar. Según el fallo, el acusado amenazó y persiguió a su primo con una escopeta, luego intentó atropellarlo con una máquina cargadora y embistió sus vehículos, un camión Scania y una camioneta Volkswagen. Acto seguido, efectuó disparos que hirieron a Nataine en las piernas, provocándole lesiones que, aunque dolorosas, no pusieron en riesgo su vida, según los peritos médicos.
La jueza destacó que el ataque fue premeditado y planificado, ya que Pascoff había mantenido una comunicación previa con la víctima. Además, consideró agravante el vínculo familiar, señalando que “el delito cometido contra un propio debe ser penado con mayor severidad que el cometido contra un extraño”.
Entre los elementos que influyeron en la sentencia, se ponderó la alta violencia desplegada, el uso de diferentes armas y maquinaria pesada, y el temor provocado a la esposa de la víctima, quien se encontraba en el lugar durante el ataque. Sin embargo, se consideró como atenuante el hecho de que la víctima nunca corrió un riesgo real de perder la vida y que el acusado carecía de antecedentes penales.
La magistrada también subrayó lo expresado por el abogado de Nataine, Dr. Gerosa Lewis, que señaló que Pascoff es un hombre instruido, con una posición económica sólida, “de quien se podía esperar una respuesta más racional al conflicto con su primo”, lo que incrementó el grado de reproche penal.
Con esta resolución, la Justicia de Chubut cierra un caso marcado por la violencia y los conflictos familiares, dejando una fuerte advertencia sobre la escalada de disputas rurales que derivan en hechos extremos.
Los pagos millonarios de sobornos bajo su mando y la impunidad de los poderosos quedan al descubierto. Este es el arranque del juicio contra Cristina Kirchner. El proceso que hoy enfrenta la expresidenta es mucho más que una formalidad judicial: es un escudo debilitándose ante la sociedad, aunque el engranaje de la justicia avance a paso de tortuga.
Ya en el primer día de la audiencia del caso conocido como los “cuadernos de las coimas”, la acusación acusó a Cristina Kirchner de haber sido la beneficiaria final de al menos 38 pagos ilegales que suman unos 17 millones de dólares. Se la señala como jefa de una red de corrupción que se extendió por más de una década, involucrando funcionarios públicos y grandes contratistas de obra pública. A pesar de su evidente exposición, la expresidenta optó por permanecer recluida en su domicilio, apareciendo apenas como una silueta borrosa en la cámara de Zoom, recreando una actitud de soberbia y desafío hacia la justicia, que sabe que la mira.
El tribunal que lleva adelante el juicio no es un nuevo organismo: es el viejo engranaje que tantas veces retrasó causas, postergó pruebas, evitó responsabilidades. Esta vez, sin embargo, se sentó -aunque tarde- la primera ficha en el tablero. Y pese a la lentitud estructural, ese hecho merece una celebración: que la causa haya llegado al debate oral es una señal de que el sistema aún puede actuar ante la corrupción enquistada.
Sin embargo, la crítica es inevitable: ¿cómo explicar que mientras la maquinaria del Estado recauda fondos, adjudica contratos, comercia con privilegios públicos para beneficio de unos pocos, la justicia reaccione con desidia? ¿Por qué tantos pagos millonarios, tantos bolsos cruzando fronteras morales, tantos funcionarios convertidos en recaudadores? La causa da escalofríos: uno de los empresarios mencionados, Claudio Glazman, aparece con al menos 13 pagos, entre 200 000 y 2,5 millones de dólares, entregados a intermediarios que llevaban la plata hasta los domicilios del matrimonio Kirchner. La aristocracia de la corrupción operaba con impunidad casi clínica.
Y en ese escenario, Cristina Kirchner ralentizó su propia aparición en cámara, pretendiendo mantenerse invisible ante la opinión pública, mientras todos los demás acusados eran obligados a mostrarse. Su rehusar la presencia plena ante la justicia no es un acto menor: representa un gesto deliberado de desdén, un “yo estoy por encima del proceso” que ofende a la ciudadanía. Es un desafío directo al imperio del derecho.
No obstante, aunque parezca contradictorio, hay que reconocer este inicio como un proceso histórico. Que el mayor juicio por corrupción de la historia argentina —según los expertos— haya arrancado con 87 imputados, entre ellos 20 exaltos cargos kirchneristas y decenas de empresarios, es un paso en la dirección correcta. Aunque lento, aunque lleno de trampas procesales, aunque plagado de posposiciones, lo importante es que el sistema comenzó a funcionar.
Pero la celebración debe ser medida. Porque si la justicia vuelve a postergar, si los plazos se dilatan, si los testigos se esfuman, si los imputados obtienen dilaciones gratuitas, la herida institucional seguirá abierta. Y mientras tanto, la destrucción social causada por la corrupción: obras sobredimensionadas, fondos públicos desviados, educación y salud colapsadas, ciudadanos rehenes de la impunidad, todo eso se encadena con indignante naturalidad.
Este juicio no es únicamente contra una persona. Es un aviso de que la impunidad no puede ser permanente, de que los grandes esquemas de poder pueden ver su sombra judicial alargarse. Pero también es un recordatorio: incluso cuando la justicia actúa, la velocidad es clave. La corrupción se expande velozmente. El castigo no puede esperar años. Los ciudadanos exigen resolución, no dilación.
Porque la sociedad sufrió: cada contrato adjudicado irregularmente significó un monto menos para hospitales, para escuelas, para viviendas dignas. Cada momento de impunidad es un momento en que el Estado abandona a los suyos. Y mientras Cristina Kirchner se mostraba reacia a verse en cámara, los miles de jóvenes, los trabajadores, los olvidados por la obra pública, esperaban una señal de justicia que tardó demasiado.
Que el juicio finalmente haya comenzado es motivo de esperanza. Que la Justicia todavía tenga que alcanzar al poder en su carrera, es motivo de crítica. Mientras tanto, la palabra “espera” no puede ser bandera. La palabra debe ser “cumplimiento”. Justicia, no espectáculo. Actuación, no pasividad. Y sobre todo, responsabilidad: quienes administraron y desfalcaron el Estado deben rendir cuentas.
