Río Negro deberá pagar $16.976 millones a Chubut por una deuda del Gasoducto Cordillerano, tras más de 30 años de litigio y un fallo judicial firme.
Tras más de tres décadas de disputa judicial, la Justicia falló de manera definitiva: la provincia de Río Negro deberá abonar a Chubut $16.976.742.145 en concepto de deuda por la financiación del Gasoducto Cordillerano, una obra clave para el abastecimiento de gas natural en la región andina. El fallo, que quedó firme esta semana, cierra un extenso litigio que se inició en 1991 y que tuvo múltiples instancias legales.
El conflicto se originó cuando ambas provincias, junto a Gas del Estado, firmaron un convenio para llevar gas natural a las localidades cordilleranas. El acuerdo establecía que Chubut debía licitar y adquirir las cañerías, mientras que Río Negro se comprometía a financiar el 50% del costo de los materiales. Sin embargo, esta última nunca cumplió con su parte del trato.
Frente a la urgencia de concretar la obra, Chubut decidió avanzar de forma unilateral, asumiendo el 100% del financiamiento mediante un préstamo bancario garantizado con regalías petroleras. Años más tarde, y gracias al trabajo de la Fiscalía de Estado chubutense, la Justicia determinó que Río Negro debía compensar a la provincia vecina por el total del gasto.
En 2021, se dictó una sentencia que reconocía la deuda, pero establecía que su pago debía respetar la normativa presupuestaria de Río Negro. Esta cláusula permitió postergar el desembolso, generando críticas desde Chubut por lo que consideran una ventaja indebida a la parte deudora.
En 2024, la Corte Suprema ordenó al Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales calcular el monto actualizado de la deuda, incluyendo intereses acumulados. El resultado: casi 17 mil millones de pesos. Aunque la cifra fue aceptada por ambas partes, el debate se trasladó al momento de su cumplimiento.
El cronograma aprobado por la Cámara Contencioso Administrativo Federal establece que el pago recién se realizará en 2026, cuando Río Negro lo incorpore a su Ley de Presupuesto. Esta decisión judicial, firmada por los jueces Clara María Do Pico, Liliana Heiland y Rodolfo Facio, fue duramente cuestionada por el gobierno chubutense.
Desde Rawson, señalan que la propia Constitución de Río Negro obliga a presupuestar los pagos judiciales firmes, y que la deuda podría haberse incluido en el presupuesto de 2023. Además, alertan sobre el antecedente que este fallo podría sentar para futuras causas similares, donde el cumplimiento de obligaciones judiciales quedaría supeditado a decisiones presupuestarias locales.
Aunque el fallo ya es definitivo, no se descarta que Chubut vuelva a recurrir a la Justicia para acelerar el proceso de cobro y defender sus intereses fiscales.
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