En un fallo que ha desatado un fuerte debate sobre la libertad de expresión en Argentina, el juez federal Daniel Rafecas ordenó el procesamiento y embargo de 10 millones de pesos a la diputada nacional Vanina Biasi (FITU-PO) por sus declaraciones en redes sociales sobre el accionar del Estado de Israel en Gaza. La medida ha sido calificada como un abuso de poder y una violación a los derechos constitucionales. Pareciera ser claro que el juez es el que no permite la diversidad de opiniones sobre temas muy sensibles.
Biasi, una legisladora de izquierda, comparó las acciones del Estado israelí con el régimen nazi, denunciando el asesinato de civiles palestinos y la militarización de la Franja de Gaza. Estas afirmaciones fueron consideradas por Rafecas como una violación de la Ley Antidiscriminatoria 23.592, argumentando que incitaban al odio contra la comunidad judía.
Sin embargo, no se han mostrado publicaciones de la imputada que sean discriminatorias contra religión alguna, sino declaraciones –con las que se puede estar o no de acuerdo– sobre los innegables asesinatos cometidos por el estado de Israel en la Franja de Gaza sobre población civil indefensa, habiendo muerto enormes cantidades de mujeres, niños y hombres de manera inconcevible para el mundo moderno.
El fallo del magistrado ha generado una ola de críticas. Organizaciones diversas, juristas y políticos han denunciado que la decisión judicial excede los límites razonables y atenta contra el derecho a la libre expresión. “No se trata de un ataque contra una religión, sino de una crítica a la política de un Estado,” han manifestado distintos analistas.
El embargo de 10 millones de pesos ha sido considerado desproporcionado e inusual en un caso de opinión política. Diversos sectores advierten que este tipo de sanciones buscan silenciar las voces disidentes y generar un precedente peligroso en el debate público sobre conflictos internacionales.
La diputada, por su parte, ha defendido su derecho a expresarse y ha reiterado sus críticas a la actuación de Israel en Gaza. “No me van a silenciar con patoteadas judiciales,” declaró, reafirmando su postura sobre lo que considera una masacre del pueblo palestino.
El caso abre un nuevo capítulo en la discusión sobre los límites de la libertad de expresión en el país y la utilización del poder judicial para restringir opiniones políticas. Mientras tanto, el futuro judicial de Biasi queda en manos de las instancias superiores, que podrían confirmar o revocar el fallo de Rafecas.
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