El gobierno de Chubut reduce las regalías petroleras a Pecom, beneficiando a una empresa millonaria a costa de los recursos no renovables de la provincia, desfinanciando al Estado provincial a largo plazo.
La reciente decisión del gobierno de Chubut de reducir drásticamente las regalías a la empresa Pecom para la explotación del yacimiento El Trébol-Escalante despierta serias dudas sobre la verdadera finalidad de esta medida. Bajo el argumento de atraer inversiones y preservar el empleo, el Ejecutivo provincial encabezado por Ignacio “Nacho” Torres ha autorizado la entrega virtualmente gratuita de recursos naturales no renovables que pertenecen a todos los chubutenses.
El Decreto Provincial N.º 325/2025 oficializa una baja de regalías al 3% sobre la producción base y al 6% sobre los incrementos obtenidos a partir de nuevas inversiones. Esta decisión beneficia directamente a una multinacional con millonarios ingresos como Pecom, pero deja a la provincia con una tajada ínfima de un negocio de altísimo valor económico y estratégico.
Mientras el discurso oficial sostiene que esta política traerá más actividad y empleo, la realidad parece muy distinta: se están hipotecando los bienes naturales a cambio de promesas vagas de inversión futura. El anuncio de USD 204 millones en supuestos desarrollos es, en el mejor de los casos, una cifra proyectada, condicionada y no garantizada. En otras palabras, el recurso se entrega hoy, mientras los beneficios para la provincia son hipotéticos.
¿Quién gana y quién pierde?
El petróleo extraído en Escalante – El Trébol ha sido explotado desde la década de 1930. Hoy, con 673 pozos activos y una producción diaria superior a los mil metros cúbicos, el área sigue siendo altamente rentable. Pecom, que adquirió esta concesión apenas en octubre de 2024, no solo hereda una infraestructura en funcionamiento sino que ahora recibe una “ayuda” fiscal sin precedentes.
La pregunta es inevitable: ¿por qué se le ofrece este tipo de incentivo a una empresa privada que no lo necesita? Y, aún más grave, ¿qué se esconde detrás de estas negociaciones entre el Estado provincial y las grandes corporaciones?
Cuando las leyes pueden ser modificadas arbitrariamente para favorecer a ciertos intereses privados, entonces el sentido mismo del Estado de derecho se ve comprometido. El marco legal que regula la explotación de los recursos naturales debería proteger el interés común, no servir como herramienta de ajuste a medida para beneficiar a unos pocos.
Una política que compromete el futuro
Los recursos naturales no renovables, como el petróleo, no pueden considerarse una mercancía más. Su explotación debe hacerse bajo criterios estrictos de sostenibilidad y justicia intergeneracional. Sin embargo, al aceptar una reducción en la alícuota estándar del 15% a cifras tan bajas como el 3%, la provincia no solo renuncia a ingresos vitales, sino que debilita su capacidad futura para financiar servicios esenciales.
Peor aún, esta política puede sentar un precedente nocivo: otras empresas podrían exigir condiciones similares, sabiendo que el Estado está dispuesto a regalar lo que no le pertenece sin exigir una verdadera contraprestación.
Sombra de sospechas
El velo de propaganda que rodea esta medida solo incrementa la desconfianza. La opacidad en los detalles del acuerdo y la ausencia de un debate público real alimentan sospechas de posibles vínculos turbios entre funcionarios y empresarios. No se trata solo de una mala decisión económica, sino de una grieta institucional que pone en tela de juicio la transparencia del manejo de nuestros recursos.
Para pensar…
La decisión del gobierno de Chubut no es una apuesta por el futuro: es una entrega disfrazada de incentivo. Un recurso estratégico como el petróleo no debe cambiarse por promesas de inversión, y mucho menos cuando quienes lo administran no dan muestras de tener otros planes futuros para manejar los recursos naturales y la economía de la provincia. Si las leyes y normativas pueden torcerse a gusto de determinadas empresas, entonces, ¿para qué sirven las leyes?
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