Un reciente fallo judicial en Chubut ordenó a la obra social Seros a cubrir el costo de una cirugía estética de «cambio de sexo«, generando un intenso debate. La controversia se profundizó cuando se reveló que los abogados de la institución no apelaron la sentencia dentro de los plazos legales, dejando firme la resolución ridícula del juez que impuso gastos millonarios que podrían dejar quebrada a la obra social de los trabajadores de Chubut.
Claudio Petris, presidente de la Asociación de Magistrados de Chubut, destacó que «no se ejercieron vías legales para revisar la decisión» y que la falta de apelación consolidó el fallo. Esto ha desatado críticas y cuestionamientos sobre la actuación de la obra social y la gestión del caso.
El conflicto escaló cuando el gobernador Ignacio Torres arremetió contra el juez Santiago Martín Huaiquil, anunciando que el Estado provincial presentará una denuncia contra él. Esta declaración provocó la reacción de la Asociación de Magistrados, que anticipó un pronunciamiento en rechazo a las acusaciones del gobernador.
El caso pone en evidencia la tensión entre el poder judicial y el ejecutivo en la provincia, al tiempo que reaviva el debate sobre los derechos de las personas trans y el acceso a tratamientos de afirmación de género. Mientras algunos defienden la resolución como un derecho adquirido, otros la critican por considerar que la cirugía no debería ser cubierta por la obra social.
Más allá de las posturas enfrentadas, el episodio expone la necesidad de claridad en las normativas y de mayor diligencia en la defensa legal de los intereses de las instituciones públicas. La falta de acción de los abogados de Seros ha sido clave para que el fallo quede firme, dejando a la obra social sin margen de maniobra.
Ahora queda saber qué pasará con esos abogados que no defendieron a la obra social y analizar si queda algún tipo de recurso extraordinario, ya que el daño que genera el fallo tan ridículo e insustentable pone en riesgo la continuidad de tratamientos que reciben muchos afiliados en enfermedades que ponen en peligro sus vidas.
Ante estas atrocidades jurídicas, el poder ejecutivo y el poder legislativo tendrán que ponerse a trabajar de inmediato para que estos casos no sigan proliferando en la provincia a riesgo de la salud de toda la población.
Deja una respuesta