YPF y sus socios obtuvieron USD 2.000 millones para construir el Oleoducto Sur y liberar el potencial exportador de Vaca Muerta hacia el mundo.
Oleoducto Sur: una apuesta millonaria que redefine el futuro energético de Argentina
YPF y un consorcio de grandes petroleras consiguieron un crédito internacional por 2.000 millones de dólares para construir el Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), una obra colosal que promete revolucionar la matriz exportadora del país. Pero más allá de la euforia oficial, el megaproyecto plantea interrogantes sobre el modelo de desarrollo que Argentina está eligiendo.
La operación financiera fue liderada por bancos de peso global —Citi, Deutsche Bank, Itaú, JP Morgan y Santander— y marca el regreso del país al mercado internacional de financiamiento de proyectos, cerrado desde 2019. Se trata del mayor préstamo comercial para infraestructura en la historia argentina y uno de los más relevantes en el sector petrolero de América Latina. La magnitud del crédito y la ambición del emprendimiento parecen dar señales de confianza, pero no necesariamente de soberanía.
El VMOS busca conectar Allen, en Río Negro, con una terminal de exportación en Punta Colorada, atravesando terrenos complejos y requiriendo tecnologías avanzadas como perforaciones laterales de más de 5.000 metros y monoboyas para buques gigantescos. Su potencial de transporte inicial será de 180.000 barriles diarios, con una proyección de hasta 700.000. Se calcula que podría generar entre 15.000 y 20.000 millones de dólares anuales en exportaciones para fines de la década.
El gobierno apuesta al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) como marco jurídico para garantizar el retorno del capital privado, con una lógica que prioriza la exportación sobre el abastecimiento interno. En paralelo, el 30% del costo del proyecto —unos USD 1.000 millones— será cubierto por los socios, entre ellos Shell, Chevron, Pan American Energy, Pluspetrol, Vista, Pampa Energía, Tecpetrol y GyP, la empresa estatal neuquina.
Detrás del entusiasmo por esta “obra estratégica” asoman preguntas clave: ¿estamos construyendo una verdadera política energética nacional o simplemente montando la infraestructura para facilitar la extracción por parte de multinacionales? ¿Qué lugar ocupan las comunidades y el medio ambiente en un plan que avanza con urgencias técnicas y promesas de dólares?
La fractura hidráulica —base de la explotación en Vaca Muerta— consume y contamina grandes volúmenes de agua. Aunque se proyecta usar inteligencia artificial para optimizar el reciclaje del flowback, el daño ambiental ya comprobado en zonas de explotación pone en duda el discurso de desarrollo sostenible.
Tampoco está claro si los ingresos por exportación se traducirán en beneficios reales para la población o si quedarán encapsulados en el circuito financiero de grandes operadoras que priorizan su rentabilidad. El país necesita dólares, sí, pero también necesita soberanía energética, diversificación productiva y justicia ambiental.
Mientras se celebran los récords de inversión y capacidad técnica, lo fundamental es discutir quién decide sobre nuestros recursos, con qué objetivos y para beneficio de quién. Porque una Argentina exportadora de energía puede ser también una Argentina dependiente si no redefine, con urgencia, los términos de su política energética.
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