Un empresario mendocino demanda al Estado y a AstraZeneca por una trombosis grave tras vacunarse contra el Covid-19, exigiendo $152 millones. El periodismo fue cómplice y no se quiere hacer cargo.
Un reclamo judicial que abre un debate post-pandemia
El caso del empresario mendocino que reclama más de 150 millones de pesos por los efectos secundarios de la vacuna AstraZeneca pone sobre la mesa una discusión que incomoda: ¿quién responde cuando la salud pública daña a un individuo?
La pandemia de Covid-19 obligó a los Estados a tomar decisiones urgentes y extraordinarias. Entre ellas, la adquisición de vacunas bajo regímenes «legales» (resaltamos las comillas) excepcionales, como la Ley 27.573, que otorgó inmunidad jurídica a los laboratorios fabricantes. Esa cláusula, justificada en su momento por la necesidad de agilizar la compra de vacunas, hoy se revela como una barrera para aquellos ciudadanos que sufrieron consecuencias graves por cumplir con el mandato sanitario.
El demandante
El empresario vitivinícola de 74 años, domiciliado en Vistalba (Luján de Cuyo, Mendoza), asegura haber sido víctima de una trombosis venosa profunda (TVP) tras recibir las dos dosis de la vacuna de AstraZeneca en 2021. Esta afección, reconocida por las autoridades sanitarias como un efecto adverso poco frecuente de la vacuna, lo dejó con una incapacidad parcial y permanente del 42%. Su demanda, presentada en el Juzgado Federal N°2 de Mendoza, es la primera de su tipo en la provincia y podría sentar un precedente legal importante.
El reclamo no se limita a lo sanitario. Alega también el daño económico, social y moral que sufrió: la imposibilidad de continuar con su actividad vitivinícola, la pérdida de calidad de vida y la distancia forzosa de su familia en Italia por no poder realizar viajes largos. La indemnización exigida incluye más de $130 millones por incapacidad, $10 millones por daño punitivo a AstraZeneca, y otros conceptos menores, sumando un total superior a los $152 millones.
Ocultamiento de información sobre efectos nocivos
Pero lo más relevante del caso es el argumento jurídico: el empresario y su abogado sostienen que hubo una violación al derecho al consentimiento informado. Denuncian que la presión social, el uso del pasaporte sanitario y la falta de información adecuada constituyeron una forma de coerción estatal. Además, impugnan la constitucionalidad de la ley que protege a los laboratorios, lo cual podría abrir un debate legislativo de fondo.
No se trata de negacionismo ni de teorías conspirativas. Es la legítima pregunta de un ciudadano: si el Estado me exigió algo en nombre del bien común, ¿no debería responder cuando ese acto me perjudica? La respuesta no es simple, pero sí urgente. La salud pública no puede funcionar al margen del Estado de derecho. Las campañas masivas de vacunación fueron alarmantes, y hubo costos individuales que no pueden ser ignorados.
En un país con una larga historia de impunidad, la demanda del empresario mendocino representa algo más que una cifra millonaria. Es un llamado a revisar los límites entre el interés colectivo y los derechos individuales. Porque cuando el daño es real, la justicia no debería ser excepcional, sino parte del mismo contrato social que justificó la vacunación obligatoria.
Los medios de comunicación que atentaron contra la vida
Un capítulo aparte merecen los medios de comunicación que en total irresponsabilidad miraban para otro lado sobre la evidente falta de desarrollo de pruebas que garanticen un beneficio para la salud y que las vacunas sean realmente efectivas para combatir al virus. Los medios de comunicación son responsables de su desinformación, falta de investigación y amedrentamiento a la población para forzarla a vacunarse, e incluso a mezclar diferentes vacunas sin ningún estudio que avale las barbaridades que se han cometido.
Medios nacionales y medios locales supieron mostrar su más clara decadencia, inmoralidad y falta absoluta de compromiso social, no sólo alentando a la vacunación masiva con experimentos, sino que además difundieron agravios contra la población que, con un prudente razonamiento, pedía explicaciones sobre los componentes de las vacunas y sus efectos secundarios.
Tildaron de «antivacunas» de manera despectiva a todo aquel que pidiera información sobre los componentes y sobre los efectos de esos experimentos mal llamados «vacunas».
Vimos a muchos «periodistas» que se jactan de su profesionalismo, atentar contra la salud pública y a ellos la sociedad también debe demandarlos por las graves consecuencias que se evidencian día a día. Sería bueno que la ciudadanía empiece a hacer memoria de los irresponsables que desinformaron a la población bajo el disfraz del «profesionalismo».
Resulta alarmante la cantidad de muertes repentinas de personas jóvenes que surgieron en la postvacunación con estos experimentos. Nadie se atreve a poner la firma en las estadísticas. Los juicios no sólo surgen en Argentina, sino también alrededor del mundo, en donde, ante algunos tribunales, los laboratorios tuvieron que aceptar la realidad de las consecuencias de sus nefastas vacunas.
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