La justicia chubutense estuvo a punto de liberar a un monstruo que predicaba en las iglesias evangélicas. El Superior Tribunal de Justicia local quiso anular la condena a un pastor evangélico que violó a su hijastra durante siete años, escondiéndose detrás de un papelito burocrático mientras la víctima era revictimizada. La Corte Suprema tuvo que poner orden.
La impunidad casi se viste de traje en Chubut. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, con un fallo que da vergüenza ajena, intentó dejar en libertad a Samuel Josué Figueroa, un pastor evangélico de El Maitén condenado por abusar sexualmente de su hijastra desde que la niña tenía apenas 8 años. ¿El argumento de los jueces? Un supuesto retraso en los plazos procesales durante la pandemia de COVID-19. Como si el mundo no se hubiera detenido. Como si la vida de una nena valiera menos que un calendario.
Estas basuras que se hacen llamar «pastores» son la escoria más peligrosa. Figueroa no solo violó a su hijastra durante siete años, sino que usó su falso manto de autoridad religiosa para amenazarla con que su madre se suicidaría si hablaba. Así de siniestro. Así de enfermo. Y mientras tanto, en Chubut, cualquiera puede abrir una iglesia, pararse en un púlpito, engañar a familias enteras, robarles sus bienes y, como en este caso, violar a sus hijos sin que nadie controle nada. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde están los registros de estos depredadores disfrazados de pastores?
El STJ de Chubut, integrado por los magistrados Mario Vivas, Alejandro Panizzi y Alejandro Franco, firmó una aberración jurídica: anularon todo el juicio porque entre el veredicto de culpabilidad (marzo de 2020, plena pandemia) y la audiencia de fijación de pena (agosto de 2020) pasaron más de 10 días hábiles. Eso es todo. Ignoraron los decretos de aislamiento, los cortes de luz en la Cordillera, la imposibilidad de trasladar testigos. Casi logran que el violador quedara libre. La víctima, ya adulta, se negó a declarar otra vez. No iba a volver a pasar por el infierno. Y el STJ, con su necedad, la empujaba al vacío.
Por suerte, la Procuración General de Chubut recurrió a la Corte Suprema de la Nación. Los ministros Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti entendieron lo que los jueces chubutenses no quisieron ver: los plazos procesales no están por encima de la protección de una víctima de violencia sexual. La Corte dejó firme la condena de 14 años de prisión. Figueroa, cuyo padre también fue condenado por abusar de menores en Bariloche, deberá ir preso. Pero que no quede duda: la justicia de Chubut falló, y falló feo.
Este caso es la prueba más cruda de la desidia absoluta hacia el control de las iglesias evangélicas en Argentina, y especialmente en Chubut. Cualquier delincuente puede ponerse una biblia bajo el brazo, abrir un galpón, declararse pastor, y nadie le pregunta nada. Ni antecedentes, ni formación, ni nada. Mientras tanto, los menores quedan a merced de lobos. Exigimos controles. Exigimos un registro público de condenados por abuso sexual que impida que estos monstruos vuelvan a tener acceso a niños, sea dentro o fuera de una iglesia. La sociedad chubutense no puede seguir tolerando esta complicidad encubierta.
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