El Senado rechazó por un voto la ley de «ficha limpia», que impedía ser candidatos a personas con condenas por corrupción confirmadas por un tribunal de segunda instancia. Esta decisión favorece directamente a la expresidente Cristina Kirchner, condenada por hechos de corrupción brutal, evidenciados en la causa Vialidad que fue ratificada por la Cámara de Casación en 2023.
¡Que viva la corrupción!
El reciente rechazo en el Senado argentino del proyecto de ley de «ficha limpia» —que buscaba impedir que personas con condenas penales firmes por corrupción accedan a cargos públicos— representa un grave retroceso en la lucha contra la impunidad política. La iniciativa, que ya contaba con media sanción de Diputados, fue desestimada por apenas un voto, con 36 votos a favor y 35 en contra, cuando se requerían 37 afirmativos para su aprobación.
Una decisión que favorece a los corruptos y nos muestra como un país éticamente pobre
La ley de «ficha limpia» tenía como objetivo garantizar que quienes hayan sido condenados en segunda instancia por delitos de corrupción no puedan postularse a cargos electivos ni ocupar funciones en la administración pública. Su rechazo beneficia directamente a figuras como la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada en la causa Vialidad a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. También beneficia a varios otros corruptos que están por tener una segunda condena en contra.
El giro traidor de senadores aliados
La votación estuvo marcada por el sorpresivo cambio de postura de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, quienes inicialmente habían expresado su apoyo al proyecto pero finalmente votaron en contra. Este giro alimentó sospechas sobre posibles presiones políticas y acuerdos detrás de escena, especialmente considerando la cercanía de estos legisladores con el oficialismo. Se sospecha de coimas enormes a cambio del voto negativo.
La ética política en juego
Es alarmante que en un país con antecedentes de corrupción en las más altas esferas del poder, se rechace una medida que busca elevar los estándares éticos de la política. La negativa a aprobar la ley de «ficha limpia» no solo perpetúa la posibilidad de que individuos con antecedentes penales accedan a cargos públicos, sino que también envía un mensaje desalentador a la ciudadanía sobre el compromiso de sus representantes con la transparencia y la integridad.
La necesidad de una reforma profunda
La lucha contra la corrupción requiere de acciones concretas y decididas. Implementar mecanismos que impidan la participación política de personas condenadas por delitos contra la administración pública es un paso fundamental para reconstruir la confianza en las instituciones y fortalecer la democracia.
Es imperativo que la sociedad exija a sus representantes un compromiso real con la ética y la transparencia, y que se retome el debate sobre la ley de «ficha limpia» en el próximo período legislativo. Solo así se podrá avanzar hacia una política más honesta y al servicio del bien común.
Deja una respuesta