La municipalidad de Trevelin estaría en las puertas de un juicio en su contra y la falta de capacidad para resolver los problemas por parte del gabinete de Ingram no ayuda al conflicto. Te lo contamos en forma EXCLUSIVA en Chubut Online.
Se trata de impuestos municipales que la municipalidad de Trevelin viene cobrando desde hace décadas a personas de poblaciones rurales ajenas al municipio, donde no tiene ninguna potestad de cobro, más precisamente, a las poblaciones de la Reserva Nacional Los Alerces, ubicados totalmente fuera de la jurisdicción municipal.
El tema salió a la luz tras la presentación de un pedido de informes de la Asociación de Pobladores de la Reserva Nacional Los Alerces, a la municipalidad de Trevelin, solicitando copia de la documentación legal que acredite la potestad de esa municipalidad para cobrarle impuestos a personas que residen por fuera de su jurisdicción.
La primera nota fue dirigida al propio intendente Cano Ingram bajo el imperio de la Ley de acceso a la información pública I-156. El pedido de documentación hizo temblar al gabinete municipal, ya que implica la devolución de una enorme cantidad de dinero a los pobladores por recaudaciones sin base legal, independientemente de montos por intereses y otros perjuicios relacionados.
Lejos de dar respuesta al pedido, el gabinete municipal optó por rechazar la nota por no estar dirigida al funcionario responsable de dar respuestas bajo el imperio de la Ley I-156. Lo paradójico e indignante es que el rechazo llevaba la firma de María Emilia Perrone, es decir, la funcionaria que las propias ordenanzas municipales le asignan la función de dar respuestas bajo imperio de la Ley de acceso a la información pública.
Esa torpeza administrativa puso en evidencia que el gabinete se encontraba en serios problemas para dar respuesta a lo planteado, recurriendo a un absurdo jurídico de rechazar el planteo la misma persona encargada de responderlo, yendo en contra de los principios de economía procesal que impera sobre la administración pública.
De esa forma creyeron “sacarse el problema de encima”, pero la Asociación de Pobladores, viendo el panorama, recurrió entonces a la otra figura habilitada para dar respuestas bajo imperio de la ley mencionada: la Secretaría del Concejo Deliberante de Trevelin.
La entrada de esa segunda nota también causó revuelo en los pasillos municipales; nadie sabía qué responder.
La búsqueda de una respuesta que sustente legalmente el cobro de impuestos municipales por fuera de la jurisdicción municipal no tuvo resultados; no existe norma alguna que habilite al municipio de Trevelin a cobrar impuestos por fuera de su área de incumbencia.
De forma totalmente tardía, lejos de los plazos impuestos por la Ley I-156, finalmente llegó la respuesta por parte de la Secretaría del Concejo Deliberante.
Basado en las consultas que esa secretaría realizó al asesor legal del municipio, en la cual corroboraron que se están realizando cobros indebidos, no quedó otra opción que redactar una respuesta contradictoria por la cual el municipio reconoce que no tiene facultades para cobrar por fuera de su municipio, pero le echa la culpa a las normativas y entidades nacionales y al mismo tiempo menciona que la municipalidad no tiene que devolverles los montos mal cobrados a los pobladores.
La respuesta, en definitiva, es un texto que corrobora la antijuricidad de lo actuado por la municipalidad y que “se juega” a que los pobladores se conformen con lo allí explicitado, sin hacer el análisis técnico-jurídico correspondiente. Algo así como intentar tapar al sol con las manos.
Por ejemplo, en cuanto al impuesto automotor, la municipalidad le echa la culpa al registro del Automotor por inscribirlos bajo la “jurisdicción” de Trevelin, pero lo cierto es que los domicilios son claros y están fuera de la jurisdicción del municipio. Estando claro el domicilio, no hay excusa que ampare al cobro de impuestos por parte de Trevelin.
Asimismo, la municipalidad argumenta que los pobladores deben reclamar a las autoridades nacionales, pero lo cierto es que son impuestos basados en ordenanzas municipales, por lo que los organismos nacionales no tienen injerencia en el conflicto.
En ese sentido, la municipalidad de Trevelin pretende “lavarse las manos” en el conflicto, reconociendo que hay un error, pero pretende no reconocer que ese supuesto error no les otorga competencia alguna para el cobro de impuestos por fuera de su jurisdicción.
Las autoridades tienen la obligación de conocer y actuar en el marco de sus competencias y de ninguna manera pueden argumentar que no hay responsabilidad municipal en los cobros indebidos.
El tema está candente y todo indica que de persistir la actitud de la intendencia de la municipalidad de Trevelin, se vienen tiempos judiciales muy duros para el municipio y sus funcionarios responsables, tanto en el plano civil como penal.
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