El Poder Ejecutivo ha remitido al Congreso Nacional un renovado proyecto de Reforma del Régimen Penal Juvenil, reiniciando un debate de alto impacto social y jurídico. La iniciativa, que busca modificar la responsabilidad penal de los adolescentes, llega esta vez con una partida presupuestaria específica detallada, un punto que había sido objeto de crítica en su versión anterior.
El núcleo de la propuesta oficial radica en la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años para delitos considerados graves, como homicidios, robos con violencia, secuestros y abusos sexuales. No obstante, en el ámbito legislativo se anticipa un consenso para fijar ese piso en los 14 años, tal como manifestaron bloques de la oposición dialoguista. La discusión en comisiones comenzará esta semana, con una agenda apretada que aspira a lograr una media sanción en la Cámara de Diputados.
Financiamiento y Aspectos Clave de la Propuesta
Un avance significativo de esta nueva presentación es la claridad en el aspecto financiero. El artículo 51 del proyecto asigna una suma precisa de $23.739.155.303,08 para su implementación, distribuida entre el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación. Este fondo permitiría, entre otras cosas, la construcción de institutos especializados y la capacitación de personal, temas que fueron centrales en el debate del año pasado.
El régimen propone un sistema diferenciado del de los adultos. Aunque contempla penas privativas de libertad con un máximo de 20 años (sin posibilidad de perpetua), enfatiza la aplicación de medidas alternativas para delitos de menor gravedad. Tareas comunitarias, reparación del daño a las víctimas y prohibición de acercamiento se presentan como opciones prioritarias, reservando la cárcel como último recurso.
Derechos Garantizados y Foco en la Resocialización
El texto legislativo establece una serie de garantías reforzadas para los adolescentes dentro del proceso. Se asegura el patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica, y el derecho a ser escuchados. Paralelamente, para las víctimas se prevé acceso a asesoramiento legal y apoyo psicosocial.
Un pilar fundamental del proyecto es la creación de un sistema penitenciario juvenil exclusivo, donde los adolescentes condenados tengan garantizados la educación, la atención médica y el tratamiento para adicciones. La norma prohibiría expresamente la convivencia con personas mayores de edad privadas de su libertad, buscando entornos orientados a la reinserción social.
El cronograma parlamentario es acelerado. Las comisiones de Justicia, Familia y Niñez, y Presupuesto tienen previsto dictaminar el próximo miércoles, para llevar la reforma al recinto de Diputados el jueves. La discusión promete ser intensa, abarcando desde la edad mínima de responsabilidad hasta los mecanismos de ejecución de las penas, en un tema que conjuga seguridad pública, derechos de la niñez y políticas de inclusión social.
Deja una respuesta