El cierre del Casino de Esquel desata un cruce político y deja a decenas de familias sin trabajo. ¿Fue una maniobra intencional? ¿Por parte de quiénes? Mientras una diputada pide informes, crecen las versiones sobre una nueva sala de juegos en la laguna Carao.
En medio de la incertidumbre que atraviesan decenas de familias que dependían del juego legal en la cordillera, el cierre del Casino de Esquel dejó de ser solo un problema laboral para convertirse en un eje de tensión política en todo Chubut. Lo que comenzó con un cartel de “cierre por tiempo indeterminado” y trabajadores apostados en la puerta del edificio desde el 25 de marzo, ahora se investiga bajo la lupa de posibles maniobras comerciales y un trasfondo electoral que amenaza con opacar la urgencia social de los despidos.
La presentación de un pedido de informes por parte de la diputada Tatiana Goic encendió las alarmas en el oficialismo provincial. La legisladora busca que el Gobierno de la provincia detalle los motivos esgrimidos por las concesionarias—Trewelyn S.A. y Casino Club S.A.—para abandonar las operaciones no solo en Esquel y Trevelin, sino también en Rada Tilly. Sin embargo, en los pasillos políticos y empresariales de la zona circula una versión que complejiza el escenario: el cierre no sería una decisión puramente económica, sino un movimiento estratégico para allanar el camino hacia la instalación de un nuevo casino a orillas de la laguna Carao, un megaproyecto que genera grandes expectativas en la localidad. ¿Pero quiénes podrían haber forzado el cierre? ¿Fue la empresa por voluntad propia? ¿Fue por presiones de sectores políticos y empresariales? ¿Hay legisladores que juegan a embarrar la cancha para sacar rédito político?
Estos interrogantes son los que le dan densidad política al reclamo. En un contexto donde los partidos se enfrentan con información cruzada, guerras mediátcas muy sucias, resulta difícil corroborar los hechos. Sin embargo, lo que sí es concreto es la angustia de los exempleados. Según fuentes cercanas a los trabajadores, los empleados de Esquel y Trevelin se habrían enterado del fin de sus contratos mediante un mensaje de WhatsApp, encontrándose al día siguiente con las puertas cerradas. A más de dos décadas de explotación de la licencia, las indemnizaciones ofrecidas rondarían apenas el 50% de lo que marca la ley, sumando un capítulo de desamparo a la crisis.
El trasfondo político del pedido de informes apunta directamente al instituto de Asistencia Social (IAS) y al espacio “Despierta Chubut”, liderado por el gobernador Ignacio Torres. Analistas políticos observan en esta disputa un eco de lo ocurrido con la empresa FATE recientemente, donde se señalaron operaciones destinadas a generar descontento social justo cuando los indicadores macroeconómicos nacionales muestran resultados históricamente positivos. La oposición, en este sentido, intentaría capitalizar el malestar de los trabajadores para desgastar los logros económicos del gobierno nacional, aunque en el territorio quien paga el costo son las familias que hoy permanecen en el ingreso principal del casino, exigiendo respuestas.
El pedido de la diputada no se limita a una consulta general. La batería de preguntas al oficialismo provincial busca conocer el estado de las concesiones, la cantidad exacta de trabajadores afectados (que supera el centenar en la región), si hubo inspecciones de la Secretaría de Trabajo y qué medidas tomó el Estado provincial ante las denuncias de incumplimiento. En el caso puntual de Rada Tilly, la situación se agrava porque la empresa contaba con una prórroga de concesión por 15 años, lo que abre serios interrogantes sobre la legalidad de un cierre que podría tener consecuencias contractuales millonarias.
Mientras la justicia laboral y la política se enredan en un juego de acusaciones cruzadas, los protagonistas olvidados de esta historia siguen siendo los mismos. El misterio sobre si el cierre responde a majenos internos de la empresa, a la preparación de un nuevo negocio en la laguna Carao o a una estrategia política para generar ruido en la provincia, sigue sin resolverse. Lo que está claro es que, mientras los diferentes actores se acusan mutuamente, el sustento de decenas de familias quedó atrapado entre las fichas de un tablero que nadie parece querer detener.
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