La lucha contra el crimen organizado desde dentro de las prisiones dio un paso decisivo en Chubut. Este jueves, la Legislatura provincial sancionó con amplia mayoría una ley que prohíbe terminantemente el uso de teléfonos celulares y dispositivos móviles a las personas privadas de la libertad en todos los establecimientos penitenciarios de la provincia.
La iniciativa, alineada con la normativa nacional vigente, tiene un objetivo claro: resguardar la seguridad pública y prevenir delitos como estafas, extorsiones y amenazas que, según investigaciones, se planifican y ejecutan desde el interior de las unidades penales.
En una sesión presidida por el vicegobernador Gustavo Menna, la nueva norma reunió el respaldo de los bloques Despierta Chubut, Arriba Chubut, el Pich, Chubut Unido y Familia Chubutense. Sin embargo, no fue unánime: la diputada Tatiana Goic (Primero Chubut-CET) y Juan Aquino (Frente de Izquierda) votaron en contra, mientras que Mariela Williams, compañera de bloque de Goic, decidió acompañar la medida.
“Las cárceles no pueden ser centros de operaciones”
Al presentar el proyecto, la diputada María Andrea Aguilera, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, señaló: “No podemos permitir que cualquier persona privada de libertad continúe cometiendo delitos. Una cárcel no puede ser un centro de operaciones clandestinas”. Aguilera remarcó que el Estado debe proteger a las víctimas, advirtiendo sobre “una visión distorsionada de los Derechos Humanos” que deja desprotegida a la ciudadanía frente a las redes delictivas que acechan desde los centros de detención.
En la misma sintonía, Sonia Cavagnini, presidenta de la Comisión de Legislación General, aclaró que la ley no vulnera derechos fundamentales, sino que ordena el sistema. “La cárcel tiene que ser un lugar de cumplimiento de condena y de resocialización. Esta medida no implica aislar, sino evitar que se convierta en un centro de operaciones delictivas”, explicó.
Debate y reparos
Si bien la mayoría de los diputados celebró la sanción, surgieron voces que pidieron cautela. El presidente del bloque Arriba Chubut, Juan Pais, valoró las reuniones informativas con especialistas, aunque lamentó el “apuro” en el tratamiento. Sus pares Norma Arbilla, Vanesa Abril y Emanuel Coliñir también cuestionaron la celeridad del debate. No resulta extraño que el kirchnerismo defienda delincuentes, más aún cuando su lider política es una presa VIP que goza de todos los lujos.
Por su parte, la diputada Tatiana Goic, al fundamentar su rechazo, citó al procurador general Jorge Miquelarena -quien apoya la ley- señalando que existen “conjeturas” y falta de estadísticas concretas sobre la incidencia de los celulares en la comisión de delitos. Goic acusó al Ejecutivo de “estigmatizar” a los presos con “discursos de odio”, recordando que “las personas privadas de su libertad ya están pagando”.
Juan Aquino (Frente de Izquierda) coincidió en la falta de datos empíricos y criticó “la incomprensión profunda de las raíces sociales de la delincuencia”, vinculando el problema con la pobreza y las malas condiciones de infraestructura carcelaria.
Un régimen controlado
Más allá de las posturas encontradas, la ley no solo prohíbe los dispositivos, sino que establece un régimen de comunicaciones controladas. Este sistema garantiza el derecho al contacto con el exterior de los internos, pero bajo estrictos controles estatales, buscando equilibrar la seguridad pública con el respeto a los derechos humanos. La diputada Andrea Toro (Pich) adelantó que solicitará informes al Ejecutivo sobre el estado de la infraestructura tecnológica en las cárceles para hacer efectiva la medida.
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