Fiscalía bajo la lupa: preocupan posibles sesgos ideológicos en casos de violencia de género

Un informe oficial publicado recientemente por la Fiscalía de Esquel revela el crecimiento de denuncias por violencia de género, pero expondría también la presencia de sesgos ideológicos dentro del Ministerio Público Fiscal que ponen en duda la objetividad judicial.

En un contexto que exige profesionalismo absoluto, crece la preocupación por la influencia de corrientes militantes que condicionan procedimientos y decisiones.

La violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, requiere un abordaje serio, técnico y desprovisto de cualquier postura doctrinaria. Sin embargo, una reciente publicación institucional de la fiscalía —difundida junto a la fotografía de un equipo conformado exclusivamente por nueve mujeres y con un texto más ideológico que técnico— reinstala un debate urgente: la infiltración de ideologías dentro del ámbito judicial y su impacto directo en la forma en que se investiga, interpreta, se acusa, se toman medidas, y cómo se comunica este tipo de casos al público.

Cifras en aumento y un sistema bajo presión

El informe oficial expone 385 denuncias por violencia de género entre enero y noviembre de 2025, lo que implica más de una causa nueva por día. Este volumen muestra el movimiento operativo de las fiscalías y la necesidad de contar con equipos altamente capacitados, imparciales y con protocolos claros.

Personal sobra… pero, ¿está realmente capacitado y cuenta con la seriedad y profesionalismo básico requerido? Pareciera que no, o al menos no se evidencia el más mínimo atisbo de ello.

El reporte también identifica un pico estacional en marzo y abril, con 46 y 56 denuncias respectivamente, lo que obliga a planificar recursos con mayor precisión, si es que el dato aportado por la fiscalía sirve de algo. Será que la violencia es estacional, o la fiscalía tiene tiempo de sobra para aportar datos inútiles y justificar el jugoso salario estatal que todos los chubutenses les pagan con sus impuestos?

La violencia real existe, debe investigarse con seriedad y necesita personal especializado; esa parte es indiscutible.

Condenas, absoluciones mínimas y dudas inevitables

La agencia informó 6 condenas en juicios orales y públicos, 27 juicios abreviados y 34 suspensiones de juicio a prueba. Asimismo, se tramitaron 65 contravenciones vinculadas a violencia de género.

Según los propios datos de la fiscalía, de casi 400 denuncias por «violencia de género», hubo sólo 6 condenas, lo que lleva a suponer que hubo una enorme cantidad de falsas denuncias o denuncias sin sustento alguno; pero de ello la fiscalía no menciona dato alguno.

Esto también plantea otro interrogante: ¿Qué hace la fiscalía ante la radicación de falsas denuncias? A simple vista, pareciera estar exclusivamente enfocada en la criminalización de uno de los sexos y no en el procesamiento de quienes abusan de la ley para radicar falsas denuncias.

Un dato que sobresale en el informe de fiscalía es la casi inexistente tasa de absoluciones: solo dos en todo el período, número que no se condice con las anteriores cifras aportadas por la misma fiscalía. O faltan aclaraciones en el informe, o han tenido dificultades para realizar ecuaciones matemáticas simples.

La cifra —95% de condenas frente a juicios terminados— podría interpretarse como eficiencia procesal; sin embargo, también abre interrogantes sobre la influencia de un enfoque ideologizado donde casi cualquier conducta es reconducida como violencia de género, incluso en situaciones que no encajan técnicamente en dicha tipificación.

Tampoco se aclara si fueron condenas firmes o en estado de apelación. Si bien el número de 95% de efectividad es exhibido como un logro, no se entiende de dónde surgió ese número ya que habla sólo de 6 condenas y 2 absoluciones. Tomando esos datos, esas absoluciones representarían el 25% de las causas cerradas, es decir, que la fiscalía habría acusado falsamente a inocentes en un 25% de los casos, lo cual es un dato no sólo abrumador, sino terrorífico.

Cuando una institución se guía por dogmas en lugar de criterios jurídicos, el riesgo es doble:

1. Se desdibuja el estándar técnico, generando causas débiles o interpretaciones forzadas.
2. Las verdaderas víctimas quedan diluidas entre casos que responden más a una visión ideológica que a hechos concretos.

Ideología en la justicia: un problema que erosiona credibilidad

La imagen difundida por la fiscalía —nueve funcionarias, ningún hombre— no debería ser un indicador en sí mismo, pero inevitablemente genera dudas cuando es acompañada por un discurso institucional con sesgos evidentes y un enfoque comunicacional más propio del activismo que del servicio judicial.

El claro activismo ideológico que ejercerían algunos integrantes del equipo de la fiscalía sería un claro indicio de que algunas personas tienen una incompatibilidad técnica para intervenir en estos casos.

En un ámbito donde la objetividad debe ser absoluta, el adoctrinamiento ideológico es incompatible con la función pública. La justicia necesita profesionales formados, no cuadros militantes que apliquen parámetros doctrinarios como si fueran criterios jurídicos.

Convertir cada conflicto interpersonal en «violencia de género» no solo banaliza el concepto: también termina perjudicando a quienes sí sufren agresiones reales, graves y sistemáticas.

Exhibicionismo institucional y falta de seriedad

El despliegue comunicacional de la fiscalía —más centrado en mostrar un enfoque ideológico que en informar con rigor técnico— evidenciaría una preocupante pérdida de profesionalismo. En vez de aportar datos para prevenir, investigar y sancionar hechos de violencia, la publicación de la fiscalía parece orientada a justificar internamente una narrativa política.

La justicia no puede permitirse este tipo de prácticas. La función judicial exige sobriedad, equilibrio y cero margen para la propaganda.