El Consejo de la Magistratura decidió finalmente enviar el caso del juez Petris al Tribunal de Enjuiciamiento y recomendar su suspensión inmediata, dada la gravedad de los hechos que tuvo por probados. Su trayectoria siempre habría estado rodeada de denuncias, sospechas de corrupción, acomodos y manejos poco claros, según distintas fuentes y testimonios.
El trabajo investigativo de Chubut Online en la causa.
La medida se produjo a partir de una denuncia del Fiscal de Estado, Dr. Andrés Meizner, dispuesta por el Gobernador de la Provincia del Chubut, en virtud de una investigación exclusiva y sin precedentes de ChubutOnline, que había expuesto situaciones que hasta entonces eran secretos a voces.
Chubut Online aportó al Consejo de la Magistratura una enorme cantidad de datos, documentación y testimonios que dieron el puntapié inicial para el trabajo investigativo de la consejera sumariante, como así también, para el avance de la investigación penal que en forma paralela desarrolla el equipo del Fiscal Cristian Olazábal de Comodoro Rivadavia.
La firmeza del Consejo de la Magistratura.
Más allá de lo resuelto por el Consejo de la Magistratura —que, de acuerdo con lo trascendido, habría actuado con firmeza y de manera poco habitual en nuestro país—, de confirmarse lo indicado en el sumario, el daño que la permanencia de Petris podría haber causado en la justicia de nuestro pueblo sería profundo y difícil de revertir. Sin embargo, esta decisión podría marcar un punto de inflexión: mostraría que la transparencia y la responsabilidad aún pueden imponerse, y que la justicia, aunque tardíamente, puede volver a enderezar su rumbo.
Las dudas de la comunidad.
Queda entonces la inquietud colectiva de toda una comunidad sobre la calidad y/o direccionamiento de los fallos que Petris pudiera emitir hasta tanto se lo suspenda, se lo aleje definitivamente de su cargo, o se resuelva alguna otra cosa sobre esta situación.
Cabe preguntarse también, hasta dónde el principio de inocencia que lo sostiene debe estar por encima de la calidad y transparencia institucional del Poder Judicial que incumbe a todos los ciudadanos. Téngase presente que, por ejemplo, se trata de un juez al cual al menos 3 testimonios de personas que no tienen relación entre sí lo involucrarían en cuestiones de índole sexual preocupantes, y que al mismo tiempo tiene la potestad de fallar en casos de familia, menores de edad y relaciones sensibles entre personas. Los mecanismos de suspensión preventiva debieran estar legislados para ser mucho más ágiles.
El caso Petris y el caso Oyarbide.
La justicia argentina arrastra desde hace tiempo un mal que corroe su legitimidad: magistrados que terminan transformando su cargo en un privilegio personal y los tribunales en espacios cerrados, ajenos a la transparencia. Petris representaría con nitidez esa deriva, recordando demasiado a Norberto Oyarbide, aquel magistrado cuya vanidad y connivencia con el poder marcaron su sello personal.
Los que miran para otro lado.
Pero lo más preocupante no sería sólo la conducta de un juez, sino también la actitud permisiva o silenciosa de quienes, por función o compromiso institucional, deberían haber actuado antes. La neutralidad de la Asociación de Magistrados o del Colegio de Abogados frente a hechos de notoriedad pública no parece prudencial: parece, al menos, un silencio que cuesta justificar, tanto como la pasividad que habrían mostrado los anteriores integrantes del Superior Tribunal de Justicia del Chubut.
La comparación con Oyarbide no sería desmedida. Ambos simbolizarían, en distinta escala, la degradación de un rol esencial para la República: el de impartir justicia sin apego a los principios que la sustentan. Cuando el cargo se usa para beneficio propio, la justicia se convierte en un espectáculo y la sociedad, despojada de confianza, observa cómo la ley pierde su valor y su sentido.
Los controles, la ética y la impunidad.
El caso Petris deja al descubierto no solo conductas individuales, sino también la necesidad de controles más firmes y de una cultura judicial que privilegie la ética por sobre cualquier otra circunstancia. Que se haya actuado, aunque tarde, envía un mensaje claro: la impunidad puede tener límites. La sociedad necesita jueces que representen justicia, no intereses personales.
El prestigio de la UNPAT en la mira.
Ese mismo principio debería aplicarse también al ámbito universitario, donde Petris seguiría dictando clases y tendría grandes influencias. La formación de futuros profesionales del derecho exige coherencia ética y ejemplaridad, valores que, de confirmarse los hechos investigados, resultarían claramente incompatibles con su permanencia en la docencia.
Porque, al final, no se trata solo de un juez ni de un caso aislado. Se trata de recuperar principios fundamentales. Si este proceso logra recordarlo, el costo del escándalo no habrá sido en vano. Y si este episodio contribuye a devolver dignidad a los tribunales y responsabilidad a quienes los integran, tal vez estemos empezando a escribir una historia distinta.-
Deja una respuesta