La Fiscalía del Chubut desestimó una denuncia penal contra el Superior Tribunal, impulsada por la Asociación de Magistrados sobre hechos impulsados mediáticamente por su ex presidente Claudio Petris.
Desestiman denuncia penal contra el Superior Tribunal de Chubut
El Ministerio Público Fiscal del Chubut determinó que no existió delito penal en la actuación de los ministros del Superior Tribunal de Justicia provincial, en el marco de una denuncia presentada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.
El equipo de fiscales, conformado por resolución del procurador general Jorge Miquelarena, desestimó la denuncia tras un análisis exhaustivo de los hechos denunciados, los testimonios recabados y la documentación reunida. No se hallaron elementos que permitan encuadrar las actuaciones de los ministros del alto tribunal en figura penal alguna.
La acusación giraba en torno a presuntas irregularidades administrativas relacionadas con asignaciones de haberes, contrataciones, emisión de pasajes y otras decisiones internas del Superior Tribunal. La investigación preliminar, sin embargo, concluyó que no había indicios suficientes para sostener que se hubiera cometido delito alguno.
Esta denuncia penal, de alto impacto mediático, había sido impulsada por la Asociación de Magistrados que hasta hace poco presidía el juez Claudio Petris, quien debió renunciar al cargo tras la aparición de documentación que lo vincularía con presuntas maniobras irregulares de carácter muy grave. Cabe recordar que Petris también fue uno de los principales impulsores de las críticas públicas contra el Superior Tribunal de Justicia, maniobra que ahora queda desacreditada por esta decisión del Ministerio Público.
La resolución, enmarcada en el Código Procesal Penal del Chubut, representa no solo el cierre judicial de una causa infundada, sino también un nuevo golpe a la credibilidad de quienes promovieron la acusación. Lejos de esclarecer una supuesta corrupción, lo que quedó en evidencia es la utilización política de las herramientas judiciales para atacar al máximo órgano judicial desde adentro del mismo poder.
En este escenario, la pregunta inevitable es quién responde por los daños institucionales generados por acusaciones sin sustento. Cuando los propios magistrados se transforman en actores políticos y lanzan denuncias sin pruebas, no solo debilitan al Poder Judicial: erosionan la confianza pública en la justicia misma.
La desestimación no sólo exonera al Superior Tribunal, sino que deja al descubierto el trasfondo de una interna judicial donde algunos actores, como el juez Claudio Petris, parecían más interesados en desestabilizar que en garantizar justicia, quizás, en búsqueda de un salvavidas ante la gravedad de los presuntos delitos por los que estaría siendo investigado.
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