Reclaman destituir a un juez de Esquel por usar IA en una sentencia y por manejar un negocio jurídico privado desde su cargo.
Crece el escándalo: presentan pedido de destitución contra un juez de Esquel por uso de IA y presuntos negocios paralelos
El juez penal de Esquel, Carlos Richeri, quedó en el centro de una tormenta institucional tras una denuncia presentada ante el Consejo de la Magistratura del Chubut, donde tres abogados solicitaron que se abra un juicio de destitución por una serie de conductas que, aseguran, constituyen mal desempeño.
Ya habíamos adelantado el accionar de este juez en la nota correspondiente al siguiente LINK: https://chubutonline.com/chubut-online-patagonia-argentina/escandalo-judicial-en-esquel-anulan-condena-por-uso-de-inteligencia-artificial-en-sentencia/
El caso tiene un antecedente clave: la anulación de una sentencia dictada en 2025 porque el magistrado habría utilizado inteligencia artificial generativa sin control humano verificable, lo que vulneró el debido proceso. La Cámara Penal detectó en el fallo una frase que revelaba la incorporación literal de texto producido por un asistente automático, concluyendo que no existió supervisión humana adecuada.
El episodio provocó un fuerte impacto institucional, pero la denuncia presentada ahora asegura que el hecho no fue aislado. Los abogados afirman que la conducta del magistrado se agravó tras la anulación, cuando publicó en redes sociales un video simulando un diálogo con ChatGPT para ironizar sobre los camaristas que revisaron su sentencia. Según la presentación, el contenido exhibió una conducta “gravemente indecorosa” y un trato despectivo hacia colegas de jerarquía superior.
A este hecho se suman acusaciones de presuntas actividades comerciales paralelas. Los denunciantes sostienen que Richeri dirige una academia jurídica privada, denominada Neo Litigantes o Neo Litigantes Academy, que ofrecería cursos, asesoramiento y capacitaciones sin aval académico. Aseguran que se trata de un emprendimiento comercial pleno, que excede largamente las actividades docentes permitidas para un magistrado.
La denuncia también detalla que el juez habría utilizado instalaciones judiciales, incluido su despacho y salas de audiencia, para grabar videos promocionales de la academia, incluso utilizando la toga judicial y la bandera argentina como parte del material visual. Según los abogados, en la versión “premium” de los cursos los participantes podían enviar casos reales para recibir asesoramiento, una actividad expresamente prohibida para jueces en ejercicio.
Otro punto controvertido es un presunto conflicto de interés en una causa donde los abogados denunciantes representaban a la Asociación de la Magistratura del Chubut. Afirman que Richeri no se excusó pese a estar obligado, y que incluso les aplicó un “severo llamado de atención” sin facultades para ello.
Los letrados sostienen que la suma de estos episodios configura un patrón de conductas incompatibles con la función judicial, desde faltas éticas hasta acciones que comprometerían la imparcialidad y el decoro exigido a un magistrado. Por eso, pidieron que el Consejo de la Magistratura determine si corresponde iniciar un jury de enjuiciamiento para evaluar su eventual remoción del cargo.
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