El Gobierno argentino aplicó sanciones por más de $5.381 millones contra buques extranjeros por pesca ilegal en el Mar Argentino, en el marco de una política de tolerancia cero.
El Estado argentino lleva aplicadas sanciones por un total de $5.381.374.680 en lo que va de 2026 contra embarcaciones extranjeras sorprendidas operando ilegalmente en aguas jurisdiccionales nacionales. La cifra, que marca un récord en la materia, es el resultado de una estrategia de “tolerancia cero” impulsada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, que busca proteger los recursos del Mar Argentino y desalentar el accionar de quienes operan al margen de la ley.
El último caso en sumarse a esta lista de sanciones fue el del buque “Hai Xiang 2”, de bandera de Vanuatu, al que se le impuso una multa de $1.833 millones luego de comprobarse que realizaba tareas de pesca dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). La medida se oficializó mediante la Disposición 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, y convierte al “Hai Xiang 2” en el cuarto buque extranjero sancionado durante el presente año.
Previamente, las autoridades habían multado a los pesqueros “Bao Feng” y “Bao Win”, ambos también de bandera de Vanuatu, así como al “Coimbra”, de bandera portuguesa. Este último fue detectado a la altura de Cabo Dos Bahías, en la provincia de Chubut, cuando realizaba maniobras de arrastre a baja velocidad dentro de aguas jurisdiccionales argentinas. El caso del “Coimbra” cobró especial relevancia por tratarse de una embarcación de bandera europea, lo que demuestra que la pesca ilegal en el Mar Argentino no es un fenómeno exclusivo de ciertas regiones del mundo.
La política de tolerancia cero no solo se traduce en sanciones económicas, sino que también contempla un esquema de fiscalización permanente que combina tecnología de punta y operativos en el mar. El Gobierno nacional implementó en 2026 un nuevo protocolo de control digital que otorga validez jurídica a las pruebas obtenidas por medios satelitales, lo que permite detectar con mayor precisión las maniobras ilegales y fortalecer los procesos sancionatorios. Además, se trabaja en un abordaje interministerial que involucra a distintas áreas del Estado para coordinar acciones de vigilancia y disuasión.
Desde el Gobierno remarcaron que estas medidas buscan defender la soberanía sobre los recursos marinos y, al mismo tiempo, proteger a la actividad pesquera nacional frente a quienes compiten en condiciones de desventaja al operar fuera de la normativa. La pesca ilegal no solo representa una pérdida económica para el Estado, sino también un grave daño ambiental al extraer especies sin control ni respeto por los ciclos biológicos. El impacto de esta actividad irregular afecta directamente la sustentabilidad de los caladeros nacionales y pone en riesgo el futuro de la flota pesquera artesanal e industrial que cumple con la ley.
El monto recuperado por el Estado, superior a los $5.381 millones, refleja el impacto económico concreto de las medidas adoptadas durante 2026 y envía una señal clara a los operadores extranjeros: el Mar Argentino no es tierra de nadie. La estrategia de tolerancia cero llegó para quedarse, y las sanciones continuarán aplicándose con el mismo rigor ante cada infracción que sea detectada, garantizando un aprovechamiento responsable de los recursos en beneficio de todos los argentinos.
Deja una respuesta