Un hombre fue brutalmente atacado por perros en Esquel causándole serias heridas en su cuerpo. La ordenanza 86/18 permite liberar canes y convierte al municipio en responsable legal. Otra vez queda en evidencia la imbecilidad e incapacidad de los concejales para establecer marcos normativos o modificar los errores groseros de ordenanzas anteriores.
Una ordenanza estúpida como reflejo de la incapacidad de los concejales.
El reciente y brutal ataque de una jauría a un hombre de 68 años en Esquel no es un hecho aislado ni una desgracia inevitable: es la consecuencia directa de una ordenanza municipal estúpida, negligente y peligrosa. La norma en cuestión, la Ordenanza N°86/18, no sólo permite la liberación de perros en la vía pública, sino que además convierte al municipio en el principal responsable jurídico y moral de cada mordida, cada infección y cada vida humana puesta en riesgo.
La ordenanza que legaliza el abandono institucional de los animales
Lejos de abordar con inteligencia y responsabilidad la problemática de la fauna urbana, el texto sancionado por el Concejo Deliberante en 2018 y aún vigente en 2025, promueve un sistema de “liberación controlada” de perros que no solo es contradictorio en su esencia, sino letal en sus efectos.
Según el artículo 24 de la ordenanza, los perros sin dueño (rebautizados cínicamente como “animales comunitarios”) pueden ser liberados nuevamente en la calle después de una simple esterilización y vacunación. Sí, el mismo espacio público que comparten niños, personas mayores, trabajadores y ciudadanos con movilidad reducida es considerado un “lugar de origen” para estos canes. Como si una vereda pudiera criar, alimentar o contener animales.
El ataque que pudo ser una tragedia
El caso más reciente pone los pelos de punta: un hombre indefenso caminaba por las calles Avellaneda y Fontana cuando fue abordado y derribado por una jauría de perros medianos. Las mordeduras le provocaron heridas serias en brazos, piernas y espalda. Fue trasladado al hospital, pero lo que debería encender las alarmas no es solo la violencia del episodio, sino el contexto que lo posibilitó: perros sueltos, sin custodia, sin control y con el aval de una ordenanza que, en nombre del bienestar animal, sacrifica el bienestar humano.
Los responsables
¿Quién responde por esto? ¿Quién le devuelve al vecino su salud, su tranquilidad, su derecho a caminar sin miedo? ¿La fiscal? ¿La Coordinadora de Fauna Urbana? ¿Los concejales que firmaron esta ordenanza aberrante en 2018 o los actuales que no tuvieron la decencia de derogarla?
La hipocresía normativa: prevenir hidatidosis liberando perros
El colmo del cinismo está en los propios fundamentos de la ordenanza. Allí se menciona la necesidad de controlar la hidatidosis, una zoonosis grave que se transmite precisamente a través de los perros. Sin embargo, se opta por una política que alienta la circulación libre de estos animales en lugar de procurar su encierro, control efectivo o, cuando sea necesario, su sacrificio sanitario.
Prohibir el maltrato animal no puede implicar el maltrato a la población. No sacrificar un perro enfermo que muerde personas no es compasión, es abandono estatal. Es hacer recaer sobre la ciudadanía los costos de una ideología mal entendida, que pone en igualdad de condiciones a un ser humano y a un can.
Las veredas como baño público canino y el irrespeto a los discapacitados.
Otro impacto ignorado por esta ordenanza absurda es la degradación de los espacios públicos. Las veredas de Esquel están convertidas en letrinas abiertas, saturadas de heces y orina canina. La normativa impide responsabilizar al municipio o a los cuidadores “comunitarios” por esto. Mientras tanto, quienes circulan en sillas de ruedas deben lidiar con ruedas embarradas en excrementos y la indignidad cotidiana de esquivar desechos en cada cuadra.
Concejales irresponsables, población expuesta
¿Quién redactó semejante monstruosidad jurídica? ¿Quién votó a favor? ¿Quién sigue permitiendo que este disparate rija la vida de los esquelenses? Los concejales de 2018, sin dudas, mostraron un nivel alarmante de imbecilidad legislativa. Pero más preocupante aún es la pasividad de los actuales, que, pese a los incidentes repetidos, continúan sosteniendo esta aberración normativa.
En lugar de resguardar la vida, la salud y la seguridad de las personas, se legisla en base a un dogmatismo animalista sin lógica ni análisis. Se olvida que el primer deber del Estado es proteger a los ciudadanos. No es compasión: es negligencia. No es ética: es estupidez.
Es hora de actuar
Esquel necesita con urgencia una normativa seria, coherente y centrada en el interés público. Basta de romanticismos irresponsables. Basta de improvisaciones legales. Basta de exponer a la gente por temor a quedar mal con ciertos sectores. La ordenanza 86/18 debe ser derogada de inmediato, y los funcionarios que la defienden deberían dar explicaciones —o renunciar.
Porque mientras ellos miran para otro lado, los perros siguen sueltos. Y la vida humana, cada vez más, vale menos que el alimento para mascotas.
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