El paro de pilotos y controladores aéreos en vacaciones es una extorsión injustificada que daña a miles de familias y economías regionales.
Paro aeronáutico en vacaciones: una extorsión inaceptable contra los ciudadanos
En plena temporada de receso invernal, cuando miles de familias planean sus vacaciones y las economías regionales dependen del turismo para subsistir, el gremio de pilotos decidió declarar un paro total para el sábado 19 de julio. La medida, anunciada con antelación casi como una amenaza, se suma al cronograma de huelgas de los controladores aéreos, configurando un combo explosivo que promete el colapso del sistema aeronáutico argentino justo cuando más se necesita que funcione.
¿El motivo? Una disconformidad política disfrazada de reclamo técnico. APLA, el gremio que nuclea a los pilotos de líneas aéreas, alega que el nuevo decreto firmado por el Gobierno nacional —que modifica aspectos de la regulación de descansos y tiempos de vuelo— representa un riesgo para la seguridad aérea. Sin embargo, lo que verdaderamente subyace es el rechazo visceral a las políticas de desregulación del actual gobierno y a la pérdida de privilegios corporativos acumulados durante décadas. Lejos de buscar consensos o agotar vías de diálogo, el gremio decidió extorsionar a la sociedad, rehenes incluidos.
No es casual que el paro se realice justo al inicio del receso escolar en Buenos Aires, el principal emisor de turistas del país. Tampoco es casual que se haya anunciado con tono amenazante: “Vamos a hacer que las operaciones colapsen”, dijo sin pudor el secretario general del gremio, Pablo Biró. Esta declaración lo deja todo claro: no se trata de un reclamo por condiciones laborales, sino de una ofensiva política.
Las consecuencias de esta irresponsabilidad son gravísimas. Cientos de vuelos cancelados o demorados, miles de familias que verán arruinadas sus vacaciones, reservas turísticas que se caerán en cadena, pequeñas y medianas empresas del interior que perderán ingresos irrecuperables. Las regiones que viven del turismo invernal —Patagonia, Cuyo, el Norte argentino— pagarán los platos rotos de una protesta que nada tiene de solidaria o reivindicativa.
A esto se suma el paro escalonado de los controladores aéreos, que extenderán las afectaciones durante casi todo julio. Los gremios aseguran que se agotaron las instancias administrativas y que están defendiendo derechos laborales. Pero cuando la medida de fuerza afecta a ciudadanos comunes, a familias trabajadoras, a estudiantes, a enfermos, pierde toda legitimidad. No hay causa justa que justifique el daño a los inocentes.
En este contexto, es urgente y necesario recordar que el derecho a huelga no puede estar por encima del derecho al libre tránsito, al trabajo, al turismo y, sobre todo, a vivir en paz sin ser rehén de disputas gremiales o ideológicas. Si la actividad aeronáutica fue declarada “servicio esencial”, es precisamente para evitar este tipo de abusos que afectan el tejido social y económico del país.
Resulta profundamente inhumano que quienes tienen el privilegio de operar aviones —una responsabilidad enorme— elijan usar ese poder para castigar a quienes nada tienen que ver con sus diferencias políticas o sindicales. La huelga anunciada no es una defensa de derechos: es un acto de prepotencia corporativa, una afrenta al ciudadano común, y un atentado contra la recuperación económica de muchas provincias.
El país necesita diálogo, compromiso, responsabilidad y vocación de servicio. No más chantajes. No más paros que castigan a los que menos culpa tienen. La Argentina no puede permitirse seguir rehenes de gremios que sólo miran sus propios intereses. Este paro aeronáutico, lejos de ser una medida de fuerza, es una profunda falta de respeto y una muestra clara de la esencia que mueve a los sindicatos: la extorsión para imponer sus lujos y caprichos.
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