El Tribunal Federal condenó a Sabag Montiel y Uliarte por el atentado a Cristina Kirchner, en una sentencia cargada de paradojas políticas y morales.
En una sentencia que reaviva tensiones políticas y expone una paradoja moral, el Tribunal Oral Federal N°6 condenó a Fernando Sabag Montiel a 10 años de prisión y a Brenda Uliarte a 8 años, por el intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1° de septiembre de 2022 frente a su domicilio en Recoleta. La decisión, unánime, los declaró culpables del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.
El fallo, cuyos fundamentos se conocerán el 9 de diciembre, deja al descubierto una ironía política y social: la justicia condena el atentado como si se tratara de un ataque contra una figura honorable, cuando la propia víctima —una expresidenta condenada por corrupción— fue generadora de la violencia social y política que terminó en el escandaloso atentado.
Y la magnitud de la violencia social y política generada por Cristina Kirchner no debiera ser descartada en un juicio como este. Montiel probablemente jamás hubiese actuado de esa manera si no hubiese existido previamente un contexto de violelncia social y política como el instaurado por Cristina kirchner.
El tribunal, integrado por los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari, descartó los agravantes de alevosía y violencia de género propuestos por la fiscalía, y rechazó los planteos de inimputabilidad presentados por las defensas. Además, unificó las penas con condenas previas: Sabag Montiel cumplirá 14 años de prisión y Uliarte 8 años y 2 meses.
Por otro lado, Gabriel Carrizo, el tercer imputado, fue absuelto al no probarse su participación en la planificación del ataque. La fiscalía había pedido 15 años de prisión para Sabag Montiel y 14 para Uliarte, pero el tribunal optó por penas menores, considerando parcialmente sus argumentos.
Durante la audiencia final, Sabag Montiel sostuvo que el proceso judicial fue “armado” y comparó su situación con la del fiscal Alberto Nisman. Entre desvaríos, denunció una supuesta conspiración internacional y aseguró haber sido víctima de una maniobra política. La jueza Namer debió interrumpir su declaración por reiteradas desviaciones del tema.
En el juicio, el Ministerio Público Fiscal, encabezado por Gabriela Baigún con la colaboración de la UFEM, reconstruyó el hecho ocurrido aquella noche de 2022: Sabag Montiel, acompañado por Uliarte, se mezcló entre la multitud que apoyaba a la entonces vicepresidenta y apuntó una pistola Bersa calibre .32 directamente al rostro de Fernández de Kirchner. El disparo no salió, y el agresor fue reducido por los militantes.
Según los peritajes, el arma estaba apta para el disparo y el ataque sólo falló “por causas ajenas a la voluntad del agresor”. La fiscalía enfatizó que ambos imputados actuaron con premeditación, infiltrándose entre simpatizantes kirchneristas para garantizar el éxito del atentado.
La sentencia, más allá del peso jurídico, despierta un debate social de fondo: el atentado fue juzgado y condenado como un intento de magnicidio contra una figura que, paradójicamente, acumula condenas judiciales por corrupción, enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta. Una paradoja nacional: la justicia castiga la violencia que el propio sistema político, marcado por la impunidad y la desconfianza, contribuyó a generar.
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