El Congreso aprobó la reforma de la Ley de Glaciares. A diferencia de lo que circula en redes, los glaciares no pierden protección, sino que, básicamente, cambia la autoridad de aplicación, pasando a manos de las provincias.
El Congreso Nacional dio media sanción definitiva a la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos afirmativos, en una sesión que evidenció dos posturas contrapuestas. Mientras el oficialismo y los partidos aliados celebran un avance en el federalismo y el desarrollo productivo, la oposición advierte sobre presuntos intereses mineros y posibles impactos ambientales.
Qué cambia realmente y qué permanece igual
A diferencia de lo que la oposición difunde en las redes sociales, los glaciares no perdieron su protección. El corazón de la discusión no estuvo en los hielos permanentes, sino en la denominada “zona periglaciar”. Bajo la nueva normativa, esa área no queda desprotegida, sino que su gestión pasa al ámbito provincial. Cada provincia con glaciares —entre ellas Chubut— deberá realizar estudios técnicos de segundo y tercer grado para determinar qué sectores periglaciares cumplen una función hídrica relevante y cuáles no. Solo aquellos que no sean reservas estratégicas de agua podrán desafectarse del inventario del Ianigla y eventualmente destinarse a otros usos.
Postura a favor: federalismo y desarrollo
Los defensores de la iniciativa, encabezados por el diputado Nicolás Mayoraz, sostienen que la reforma no viola el principio de no regresión ambiental. “El paradigma de protección de glaciares que cumplen función hídrica no se modifica”, afirmó. Además, destacaron que el Ianigla no cuenta con recursos suficientes para realizar los estudios detallados que ahora podrán encarar las provincias. Según esta visión, se destrabarían inversiones por más de U$S 20.000 millones en proyectos mineros, generando empleo y desarrollo sin poner en riesgo el agua.
Postura en contra: riesgo ambiental e intereses mineros
La oposición cuestionó que los gobernadores puedan priorizar criterios políticos por sobre los científicos. “Las provincias tienen capacidad técnica, pero también demostraron que priorizan lo político”, advirtió. Por su parte, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) fue contundente: “Las mineras redactaron esta ley”. Los críticos temen que la explotación minera afecte cuencas hídricas que abastecen a provincias como La Pampa y que la reforma sea declarada inconstitucional por violar presupuestos mínimos de protección ambiental.
Promesa de judicialización
Durante el debate -muy acalorado- desde la oposición advirtieron que la nueva ley será judicializada. La puesta en marcha de la ley, entonces, empieza a crear incertidumbre, ya que ambas posturas, a favor y en contra, tenían fuertes argumentos legales para defender o atacar la reforma de la ley. En virtud de otras judicializaciones, la aplicación evidentemente quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia a su debido tiempo, luego de las clásicas idas y vueltas del Poder Judicial en las distintas etapas de judicialización. Un final sin certezas.
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