El kirchnerismo muestra su peor cara en Quilmes: reprimiendo a manifestantes para proteger un sistema de extorsión vehicular disfrazado de trabajo. La interna entre Mayra Mendoza y Juan Grabois desnuda la miseria política que valida las amenazas a automovilistas.
Mientras las familias se preparan para las fiestas, en Quilmes estalló la violencia. No fue un hecho delictivo común, sino la cruda exposición de un modus operandi mafioso avalado por sectores del poder político. La intendenta kirchnerista Mayra Mendoza desplegó fuerzas policiales para reprimir una protesta de organizaciones sociales, también kirchneristas, que responden a Juan Grabois. El conflicto: una ordenanza municipal que pretende regular, supuestamente, la actividad de los “trapitos” o cuidacoches.
Lejos de ser una solución, la medida revela el corazón corrupto de un sistema. Los vecinos de Quilmes, como los de tantas partes del país, sufren a diario la extorsión de individuos que se apoderan de la vía pública para cobrar un “servicio” de cuidado no solicitado, bajo la amenaza velada o explícita de dañar los vehículos. Es la mafia del asfalto.
La respuesta del gobierno local, en lugar de terminar con este flagelo con firmeza y claridad, genera un «pliego» y una «licitación». Es decir, intenta institucionalizar y formalizar la extorsión, buscando ponerle un marco legal a un delito. Peor aún, la protesta de quienes se ven afectados por este posible recorte de su ilegítimo negocio fue sofocada con palos y detenciones, incluyendo a una periodista. El kirchnerismo, hábil para victimizarse, ahora reprime a sus propios aliados en una lucha por el control de un feudo de coacción.
Grabois acusó a la intendencia de “privatización amañada” y de “reprimir a laburantes”. Sin embargo, ambos bandos discuten sobre cómo administrar una actividad que, en esencia, vulnera los derechos básicos de los ciudadanos. Es una pelea entre facciones por la renta de un negocio ilegítimo, mientras el automovilista sigue siendo rehén.
Este episodio en Quilmes es un microcosmos de la miseria política kirchnerista. Lejos de generar trabajo genuino y seguridad, su maquinaria se dedica a crear conflictos para luego administrarlos, validando prácticas mafiosas a cambio de control territorial y político. Hablan de “derechos” mientras consagran el derecho del más fuerte a extorsionar. Hablan de “trabajadores” mientras defienden a quienes atemorizan a familias.
La “mafia de los trapitos” no es un fenómeno espontáneo. Es un hijo predilecto de un modelo político que erosionó el Estado de Derecho, premió la confrontación y encontró en la economía informal un caldo de cultivo para el clientelismo y la corrupción. Quilmes lo grita: mientras el kirchnerismo siga en su lógica de poder, los argentinos seguirán pagando, literalmente, el precio de su inseguridad.
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