En la Argentina sindical, el derecho a trabajar suele ser rehén de las mafias. Una vez más, la Corte Suprema de Justicia tuvo que poner un límite a la impunidad de un gremio que se cree por encima de la ley: el sindicato de Camioneros, liderado por la familia Moyano.
El caso es claro. En mayo de 2021, un grupo de sindicalistas bloqueó durante varios días la empresa Química Oeste, paralizando su producción, impidiendo el ingreso de empleados, proveedores y clientes, y causando pérdidas millonarias a la compañía y al sector petrolero. La maniobra, disfrazada de reclamo laboral, no fue más que una extorsión violenta: impedir el trabajo hasta doblegar a la empresa.
El modus operandi es conocido. Autos particulares, banderas del gremio, amenazas directas: “De acá no sale nadie, hoy no van a trabajar”. El mensaje es inequívoco: o aceptan nuestras condiciones o no se mueve un camión. Se trata del mismo patoterismo sindical que, bajo la excusa del derecho a huelga, viola la propiedad privada, ataca la producción y pisotea el derecho constitucional de miles de trabajadores que sí quieren cumplir con su empleo.
Lo escandaloso no es solo el accionar del gremio, sino la complicidad judicial. A pesar de las pruebas, tribunales inferiores decidieron sobreseer a los acusados, minimizando la violencia y el perjuicio ocasionado. Una vez más, el sindicalismo argentino encontró jueces complacientes dispuestos a mirar hacia otro lado.
Pero esta vez la historia tomó otro rumbo. La Corte Suprema, con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, revocó el sobreseimiento y ordenó avanzar hacia el juicio oral. Un paso imprescindible para terminar con la idea de que los sindicatos son intocables y que el bloqueo mafioso puede presentarse como una protesta legítima.
Porque conviene decirlo sin eufemismos: un piquete sindical no es una huelga, es una extorsión. Una huelga supone que los trabajadores decidan no prestar tareas; un bloqueo implica que un grupo minoritario impida que otros trabajen, destruyendo producción y sometiendo a empresas y clientes como rehenes de su poder de fuego.
El sindicalismo argentino, en especial el de los Moyano, se ha convertido en una maquinaria de presión política y económica, muchas veces sostenida por pactos de impunidad con gobiernos y jueces. Se presenta como defensor de los trabajadores, pero en realidad utiliza a los empleados como escudos humanos en sus guerras de poder.
La decisión de la Corte no solo es un alivio para la empresa afectada, sino también un mensaje claro: el derecho a trabajar, a producir y a comerciar no puede quedar a merced del patoterismo sindical. Si la Argentina quiere salir del pantano económico, debe terminar con estas mafias que bloquean empresas, condicionan gobiernos y destruyen empleos en nombre de supuestos derechos.
Ya es hora de que el sindicalismo deje de ser un Estado paralelo con licencia para extorsionar. Y es hora también de que la Justicia, como lo hizo en este caso la Corte Suprema, ponga un freno definitivo a quienes confunden el derecho de huelga con la ley de la selva.
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